La polémica de las ayudas no aprobadas a los enfermos de ELA, con un mensaje inexacto propagado por Vox respecto a lo que recibían mensualmente, aún continúa. Jordi Sabaté Pons, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica y activista en pro de ayudas a la investigación y ... a los pacientes de esta enfermedad degenerativa, se sintió «engañado» por esos mensajes. Ahora, una semana más tarde, ha difundido un vídeo con los testimonios de enfermos de ELA y sus familiares en Castilla y León. Cuentan las ayudas que reciben. Solo uno de los casos expuestos supera los 40 euros al mes.
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«Soy Claudia, hija de afectado en Salamanca, y la Junta le paga a mi madre 38,75 euros por cuidar a mi madre», comienza el primer testimonio. Le siguen otros con cantidades similares. Carmen, hija de una mujer con ELA bulbar, es la única que rebasa esa cantidad, explica, 47 euros al mes. «A mi marido, por atenderme en casa, la Junta le paga 38,75 euros al mes», cuenta Soria Cañavate, de Soria. Y Yolanda Figueroa, inmóvil y comunicándose con los ojos a través de una pantalla digital, explica que cobra 38,76 euros mensuales. «En mi estado necesito asistencia las 24 horas y con esa cantidad solo me alcanza para una hora al mes».
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«No jueguen con nosotros», insiste otro de los protagonistas del vídeo. «Os habéis reído en nuestra cara», dice Jordi Sabaté en su mensaje.
El colofón del vídeo es un mensaje de Juan Carlos Unzué, ex futbolista y ex entrenador de elite afectado de ELA. «Este mensaje va para los políticos de Castilla y León. Únanse y escuchen a mis compañeros de enfermedad. No permitan que ninguno de ellos decida dejarse ir porque sienta que son una carga económica insufrible para su familia por la falta de ayudas».
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Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, trató de hacer valer, en declaraciones recogidas por Ical, la asistencia que el Ejecutivo presta a los enfermos de ELA. «Castilla y León ofrece servicios profesionales a los enfermos», dijo, y presumió del «sobresaliente» que otorgan los barómetros nacionales sobre dependencia a Castilla y León, frente al «aprobado» o «suspenso» que recibe de media el estado español. «Esto es lo que ofrecemos nosotros», añadió, y aseguró que es «más costoso» ofrecer servicios profesionales, que conceder ayudas económicas, que complementan en el caso de Castilla y León las prestaciones a la que las personas con dependencia tienen derecho.
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