El escaño 82: 'Despropósito y ELA'

Solo tres parlamentarios populares (los dos de la Mesa y la consejera Isabel Blanco) votaron correctamente en el pleno de las Cortes de Castilla y León. La pantalla mostraba sus escaños de color rojo, el del voto en contra. El resto, desde Mañueco y García-Gallardo hacia abajo, apoyaron las enmiendas de Luis Tudanca dejando al nivel de un parvulito al diputado Casero y a su voto erróneo a favor de la reforma laboral.

Preparado el lío y viendo que pedir a la desesperada repetir la votación, algo impensable en un parlamento serio, no prosperaba, PP y Vox tuvieron que oponerse a aprobar esa Ley de Medidas cuajada de enmiendas del PSOE. Y el primer presupuesto de la coalición salió cojo de las Cortes.Tanto, que para arreglar el disparate parlamentario, los socios de coalición tendrán que volver a tramitar el mismo texto en enero. Eso es tiempo, dietas y trabajo ya hecho y que habrá de repetir el personal de la Cámara.

El desatino de la votación sirvió de colofón al pleno de presupuestos, pero lo que más dolió en esa sesión no fue la bronca y el esperpento en el hemiciclo, sino ver desde la tribuna cómo los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se marchaban de vacío. En un presupuesto de 13.809 millones de euros no hubo forma de arañar 2,5 millones para implantar ayudas económicas que aminoren el coste que supone afrontar una dolencia hoy sin cura, que vuelve totalmente dependientes a quienes la sufren y les obliga a reformar su vivienda (adaptar baños, dormitorios, anchura de puertas, rampas...), a utilizar transporte especial, a intensificar terapias y a necesitar ayuda continua, precisando desde sillas de ruedas motorizadas a respiradores.

Todo eso supone a las familias alrededor de 30.000 euros anuales. Un esfuerzo económico que se suma al sufrimiento que acarrea una enfermedad que paraliza por completo el cuerpo de pacientes que son plenamente conscientes de cómo avanza ese deterioro. Escucharles a ellos y a sus familiares permite tomar conciencia de lo afortunados que somos aquellos que no estamos en su lugar.

Esa ayuda está implantada en Galicia, con un gobierno del PP. No fue posible copiarla aquí. Inasumible no era. No llegan a 200 enfermos en Castilla y León. Quizás la clave es que la enmienda la firmaba Francisco Igea, exvicepresidente de la Junta y anterior socio de Alfonso Fernández Mañueco. Y quienes tenían la capacidad de decidir, los 31 procuradores del PP y los 13 de Vox, pusieron por delante de a quién beneficiaba, la condición de adversario de quien la planteaba. Son cosas retorcidas de la práctica política que la lógica de la ciudadanía puede no entender.

La ayuda no prosperó, aunque puede que vea la luz en unos meses. Que la impulse la propia Junta porque decida hacerla suya, tras dejar pasar un tiempo y darle una vuelta a la propuesta. Ese también es un clásico sinuoso de la práctica política.Sería el carpetazo menos malo para el episodio de doble rechazo que han cosechado los enfermos de ELA, primero en la comisión y luego en el pleno, que se plasmó pese a la petición expresa de los afectados, que explican que los recursos asistenciales de la Junta, puestos en valor por la consejera Isabel Blanco, son insuficientes para cubrir sus necesidades. Dicen que esa asistencia actual se queda corta y que a ellos se les acaba el tiempo.

Si nadie lo remedia, a los enfermos de ELA de Castilla y León les queda otra opción para buscar respuesta, que es empadronarse en Galicia.