A modo de punto de partida, horas antes de iniciarse la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Alfonso Fernández Mañueco ya avanzó lo que estaba por venir: «Vamos a pedir al Gobierno que nos escuche. Queremos que se aborde, de una vez, la reforma de la financiación autonómica ... , ya que en la actualidad no cubre la prestación de los servicios en sanidad, educación y servicios sociales». Esta es una reivindicación añeja, en realidad. Que trae un debate a cara de euro entre las comunidades que reclaman más por tener más población y las que reclaman más por tener una población envejecida y dispersa, caso de Castilla y León. El nuevo punto de fricción venía luego: «Vamos a exigir que se trate a todas las comunidades autónomas por igual. En Castilla y León seguiremos rechazando los privilegios solo para unos pocos». Es decir, para Cataluña. La condonación de la deuda, la negociación al margen del Consejo.
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Las 'comunidades PP' incidirán en este punto, clave política de una reunión que se reclamó desde el mismo momento que se conoció el contenido del pacto entre ERC y PSOE para conseguir aprobar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El propio Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía de la Junta, lo resumía así a su llegada al Consejo: «No sería razonable que nos reuniéramos solo para vernos y que las cuestiones relevantes para la financiación autonómica de Castilla y León se decida fuera de España, en Suiza y con los socios separatistas del Gobierno. Pedimos explicaciones, que se nos cuente lo que hay. Vemos noticias en la prensa, acuerdos entre el Gobierno y partidos separatistas y sería bueno que se nos dijera qué efectos tienen para nosotros».
Las cuentas, en realidad, se conocen desde hace tiempo. El Consejo de Cuentas las situaba así el pasado mes de noviembre: Castilla y León recibía 7,43 euros de cada 100 de que se distribuían en el año 2002. Actualmente está en 6,77. Es cierto que entonces, hace dos décadas, la población era mayor, 2.480.369 habitantes frente a los 2.372.640 de 2022. Pero también es verdad que entonces el 22,9% de esos habitantes era mayor de 65 años y ahora ese porcentaje se ha incrementado hasta el 26,2%. Precisamente el sector demográfico que más demanda en Sanidad y Servicios Sociales. A 3.219 euros por barba salen las tres áreas en Castilla y León.
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¿Y qué dirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a este respecto y al de la condonación del 20% de la deuda que Cataluña tiene con el Estado? Pues basta con aproximarse al argumentario oficial, que Luis Tudanca, secretario autonómico del PSOE, ha esgrimido este lunes, para ver por dónde irán sus explicaciones. Lo primero, la reforma del sistema de financiación, que precisa de un acuerdo que hoy por hoy se antoja imposible. Y que abre grietas en el frente común del PP, pero también en el socialista. Así, decía Tudanca: «Nos reafirmamos en los acuerdos que firmamos en el año 2016 con el señor Juan Vicente Herrera: reforma del sistema de financiación, suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal y desde luego que se tengan en cuenta criterios no solo de población sino de dispersión que le vendrán bien a Castilla y León Y en esto hay que preguntar a la Junta si en esto va a estar con Castilla y León o con la señora Ayuso. Porque la señora Ayuso defiende un sistema de financiación que perjudica gravemente a Castilla y León. Prefiero estar con los territorios que comparten la defensa de un sistema de financiación que beneficie a Castilla y León que con mi partido o con el PP. Porque esto no es una discusión partidista, sino territorial».
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Esas comunidades, según se rubricó hace dos años en Santiago de Compostela, son Galicia -presidía Feijóo y ahora Alfonso Rueda, también PP- Castilla La Mancha (García-Page, PSOE), Aragón (Lambán, PSOE y ahora Azcón, PP), Asturias (Adrián Barbón, PSOE), Extremadura (Fernández Vara, PSOE, y ahora María Guardiola, PP), La Rioja (Concepción Andreu, PSOE y ahora Gonzalo Capellán, PP) y Cantabria (Miguel Ángel Revilla, PRC, y ahora María José Sáenz, PP).
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El otro argumento del PSOE ya se conoció cuando arreciaron las críticas al pacto con ERC: la condonación de parte de la deuda de Cataluña se aplicará al resto en las mismas condiciones. Lo que pasa es que el punto de partida no es el mismo. Castilla y León debe 1.966 millones de euros al Estado, el 14,5% del total. Cataluña debe el 85% de su agujero de 85.400 millones al Estado. «No nos quedaremos callados ante la injusticia en materia de financiación y condonación de deuda», avisó Mañueco en noviembre. Y hoy empieza esa batalla en el foro en el que se dirimen estas cuestiones, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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