Castilla y León cifra el roto de la financiación estatal en 7.650 millones desde el 2009

De los recursos que llegan del Estado dependen la asistencia sanitaria, la educación y los servicios sociales y la atención a la dependencia, pero también el mantenimiento de carreteras o el cuidado de los montes y la lucha contra los incendios. Fuentes de la Junta de Castilla y León reiteran que el modelo actual infrafinancia a la comunidad y cifran el «déficit acumulado» desde 2009 en «al menos 7.650 millones de euros, lo que supone una pérdida de 1.750.00 euros diarios». Ese sería el montante del 'roto' que deja en la comunidad el dinero que ingresa por el modelo de financiación autonómica respecto de la factura de los servicios que debe pagar con cargo a esa partida.

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El presidente de Castilla y León avisó en el Senado que la comunidad llevará al juzgado cualquier condonación unilateral de deuda a Cataluña, cualquier reconocimiento de 'deuda histórica' en obras y partidas a través del presupuesto general de Estado o cualquier acuerdo a dos bandas con comunidades sobre la financiación autonómica. Tras el desfile de todos los presidentes del PP en el Senado, después del catalán Pere Aragonès y con la ausencia de los tres que mantiene el PSOE, el portavoz socialista en esa comisión senatorial de la comunidades autónomas defendió una reforma de la financiación autonómica basada en el reparto de fondos exclusivamente por número de habitantes para atajar «la infrafinanciación» no solo de Cataluña, también de comunidades como Valencia, Andalucía, Baleares o Madrid.

La financiación 'per capita' pura y dura beneficia a todo el arco Mediterráneo y a la comunidad madrileña, pero perjudica al noroeste peninsular y al interior, a la España despoblada, donde se ubica Castilla y León.

Reedita dos frentes que no entienden de colores de partido en el que las comunidades con padrón más pujante y que cuentan con la ventaja de tener más peso electoral se posicionan frente a las comunidades que pierden población y que reclaman que ese criterio de número de habitantes se matice con cuestiones que encarecen los servicios como son la dispersión de residentes, la ruralidad y el envejecimiento, distinguiendo en este último aspecto los mayores de 65 años de los mayores de 80.

No ocasiona el mismo gasto sanitario una persona de 40 años que un jubilado o un octogenario, por lo que el reparto 'per capita' de los fondos estatales no cubriría el «gasto efectivo» de atender las necesidades médicas, hospitalarias y de farmacia. Tampoco cuesta lo mismo atender a pacientes concentrados en centros de salud urbanos que al mismo número disperso en consultorios rurales. O a alumnos que escolarizados en ciudad que al mismo volumen de niños repartidos por escuelas rurales de hasta tres pequeños y con necesidades de transporte escolar.

Ese «coste efectivo» implica también incluir una variable de extensión territorial o de orografía para el pago de competencias que tienen más que ver con el mapa que con el número de habitantes. Carece de sentido repartir los fondos para el cuidado de los montes o el mantenimiento de carreteras con arreglo al padrón de habitantes, cuando lo lógico es hacerlo por el número de hectáreas o los kilómetros de red viaria.

Optar por la variable de población para el reparto supondría que Castilla y León recibiría una porción del 5% de la tarta de los recursos económicos, que es la población que aporta al padrón estatal, pero debería hacer frente a la puesta al día del 17% de las carreteras autonómicas del país o al cuidado del 18% de la superficie forestal y de terrenos de alto valor ambiental declarados Red Natura que conforman el pulmón verde español.

La consejería de Economía y Hacienda que dirige Carlos Fernández Carriedo remitió en enero un documento a la ministra María Jesús Montero en la que reclamaba «más peso para las variables de superficie, baja densidad, dispersión y envejecimiento en la población ajustada» para afrontar la reforma del sistema de financiación autonómica. «Castilla y León considera inaceptable atender únicamente el reparto de recursos a la 'población padrón' para hacer frente al sostenimiento de las competencias directamente vinculadas a la extensión del territorio», recoge el último documento enviado a Madrid.

Desde la Junta defienden la necesidad de atender las «singularidades» de las comunidades que «se enfrentan a desafíos demográficos para garantizar un adecuado reparto de los recursos y la igualdad de acceso de todos los ciudadanos». Es un planteamiento avalado históricamente por Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón. Y que en Castilla y León respaldó la oposición como pacto de comunidad en 2016 con Juan Vicente Herrera y, en 2020 con Alfonso Fernández Mañueco.