«Si el Gobierno perjudica a Castilla y León a las bravas, vamos a pelear»

–¿Cómo afectan los acuerdos de investidura a un ciudadano que reside en Castilla y León?

–Hay tres ámbitos distintos y los tres afectan a los ciudadanos de Castilla y León. Con la amnistía, una empresa de Castilla y León con sucursal en Cataluña y que haya sufrido daños por los disturbios que allí se produjeron, tendrá problemas con las indemnizaciones. En el ámbito de las medidas económicas y financieras, el hecho de que el Estado se descapitalice asignando recursos públicos de manera especial a Cataluña hace que haya menos recursos para Castilla y León y el resto de España, por lo que va a ver quebrantados la mejora de los servicios sanitarios, educativos, sociales... La caja del Estado no es infinita y eso nos afecta a todos los demás. Y el tema del referéndum también. Vivimos en Castilla y León con un concepto de Estado y un concepto de España. Si a una persona de pueblo se le dice que la mitad del pueblo se va a dividir, entiendo que tiene un sentimiento de pertenencia a ese conjunto.

–Tiene bajo su batuta los Servicios Jurídicos de la Junta con el mandato del presidente de recurrir judicialmente la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña. ¿Cómo están trabajando?

–Ahora estamos hablando de acuerdos políticos, hay que esperar a su traslación a la realidad jurídica. La amnistía sólo podría plantearse con una Ley Orgánica y sabemos que nos va a tocar plantear un recurso de inconstitucionalidad. Con la condonación de los 15.000 millones que se le perdonan a Cataluña hay más variables, se puede hacer por Ley, puede haber una quita con un Real Decreto... Nos puede tocar ir al Constitucional si es Ley o al Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional si optan por una norma inferior. Con el referéndum veremos qué elemento jurídico utilizan.

–¿Están trabajando ya en un posible recurso para si el Gobierno central cede a Cataluña el 100% de los impuestos estatales?

–Se va a recurrir también. El número de recursos que se pueden plantear [en toda España] va a ser ingente. Hay muchos colectivos afectados. Incluso sindicatos de Renfe se oponen a cesiones del acuerdo con Esquerra.

–Si se abre el frente del traspaso de competencias o de ampliar la cesta de impuestos estatales bajo gestión autonómica, ¿Castilla y León se plantea ampliar las que tiene en este momento?

–De momento no hay que plantearse adónde quiere llegar la Junta de Castilla y León, sino impedir que eso se produzca, porque es inconstitucional. Castilla y León no se va a posicionar en qué dinero pediría si a Cataluña le dan 15.000 millones. Lo que queremos es que no se dé una solución individual a Cataluña, sino que se reúna a las comunidades y pacten lo que tengan que pactar para la generalidad del Estado español.

–¿Cree que con el actual nivel de descentralización a las autonomías de competencias e impuestos se ha llegado a un punto en que cualquier avance pone en riesgo la prestación de servicios con garantías de equidad entre territorios?

–Es posible una mejor financiación con unos ingresos estatales que son de todos los vecinos y ciudadanos del conjunto de comunidades autónomas. Todavía hay margen si el reparto es equitativo, justo y pactado por el conjunto de comunidades.

–Usted ha anunciado la creación de equipos técnico-jurídicos en todas las consejerías para vigilar cada norma y cada paso que pueda dar el Gobierno de Pedro Sánchez, ¿están ya en marcha?

–Están en marcha. No hemos creado nada nuevo, es una nueva forma de funcionar con un equipo multidisciplinar. Publicada una norma en el BOE, obtengamos una visión o lectura constitucionalista de la misma. Ahora existe una comisión de conflictos con el Estado y cuando la comunidad dicta una norma con fuerza de ley el Estado aplica esa perspectiva. Las cinco últimas reuniones de esa comisión se han realizado a instancias del Estado y hemos llegado a importantes acuerdos que han evitado ir al Constitucional...

–¿Por ejemplo?

–Con la Ley de Caza. De siete puntos, menos en el tema del lobo, en los otros seis hubo acuerdo. Nos vamos a dotar de esa forma de leer las normas para que, si apreciamos que el Estado se excede, estar atentos a las posibles vulneraciones que pueda cometer.

–¿La creación de estos equipos de vigilancia constitucionalista implica refuerzo de personal?

–No, tampoco todos los días, en cada consejería, se aprueban leyes por el Estado que les afectan directamente.

–¿Lo que se atisba en el horizonte es que la relación entre la Junta y el Gobierno va a ser a través de los tribunales?

–No necesariamente. La relación con el Gobierno va a ser la que el Gobierno quiera tener. Castilla y León siempre ha sido leal, seria y queremos que el Gobierno actúe de la misma manera. Si se salta la interlocución natural con las comunidades y 'a las bravas' adopta políticas que perjudican a Castilla y León y sólo nos deja esa alternativa, por supuesto, que vamos a pelear.

–¿Han mantenido contactos con otras comunidades?

–No, yo creo que la mayoría de las comunidades, algunas del mismo signo que los partidos firmantes, han manifestado que no están de acuerdo con estos pactos. No hay contacto especial para unificación de planteamiento técnico, más allá del planteamiento general de que esto no puede ser así.

–Del documento cerrado en Bruselas entre el PSOE y Junts, ¿qué es lo que más le chirría?

–El avance que se ha producido respecto al documento de Esquerra es poner sobre la mesa el referéndum. Hablar de la mesa de diálogo en la que las dos partes negociarán sobre cómo llegar a esa consulta o referéndum. El segundo elemento que más asombra es que vaya a haber una comisión en el Parlamento para estudiar el comportamiento de los jueces y tribunales que en su día actuaron y ver si había un ánimo contrario al proceso catalán. Es inadmisible en una democracia.

–¿Considera que puede haber una intervención de las instituciones europeas igual que ha ocurrido en los últimos años con Polonia o Hungría por déficit de calidad democrática?

–Es un riesgo muy importante. En la pertenencia a la UE son esenciales principios como el Estado de Derecho y la independencia judicial. Estos pactos políticos conllevan una quiebra, veremos en qué límite, de eso. Europa lo va a fiscalizar y podemos quedarnos sin la PAC, sin fondos europeos, arriesgarnos a la expulsión. Esto es muy grave.

–El acuerdo hace referencia al retorno de las empresas que sacaron su sede de Cataluña. ¿Hay forma práctica de hacerlo, de forzar la voluntad empresarial?

–Sí, porque el acuerdo emplea la palabra 'promoción' de esa vuelta. Se pondrá equis dinero, ventajas a La Caixa para que vuelva a establecer su sede en Cataluña. Promoción que va a tener La Caixa para volver que no tenemos en Castilla y León para que determinadas empresas se instalen aquí. Otra discriminación.

–Es militante del PP, ¿participará en las movilizaciones convocadas por su partido?

–Lo haré, si Dios quiere. El PP es partidario de una movilización social contra estos acuerdos para que no se lleguen a poner en práctica, pero siempre desde un punto de vista legal, respetuoso, serio y cumpliendo la ley.

–El vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox) ha requerido al presidente Mañueco una movilización institucional. ¿Está de acuerdo en que una institución llame a los ciudadanos a salir a la calle?

–No me corresponde a mí valorar las peticiones del vicepresidente. Pasos institucionales estamos dando los acordados por el Consejo de Gobierno extraordinario del sábado (4 de noviembre) y el presidente hizo una declaración institucional este jueves. La Junta está actuando institucionalmente.

–¿Qué le parecen las concentraciones, con disturbios y pintadas en algunos casos, ante las sedes del PSOE?

–Hay que manifestarse, pero hay que saber manifestarse. El Partido Popular, le hablo ahora más como partido que como institución, cree que hay que trasladar a la sociedad la importancia de que se proteste ahora, que todavía no se han materializado ese conjunto del pacto, pero siempre bajo el orden, el respeto y con los parámetros legales que permiten este tipo de concentraciones, nunca mediante abuso o con comportamientos inadecuados que, por supuesto reprobamos.

–En esas concentraciones ante sedes del PSOE han participado el vicepresidente de la Junta y el consejero de Industria, en primera línea. ¿Cree que es buena para la Junta y para Castilla y León la foto de Gallardo agarrando la pancarta en Ferraz ante los antidisturbios?

–Que yo sepa, su condición allí no era la de vicepresidente y la de consejero. Eran dos personas, ciudadanos, militantes de Vox y no me corresponde como consejero de la Presidencia valorar la presencia ciudadana de cualquier alto cargo de la Junta cuando no está en función institucional.

–¿Entiende que se puede diferenciar claramente cuando Juan García-Gallardo deja de ser vicepresidente de la Junta?

–Por supuesto, yo tengo una doble condición. Soy consejero de la Presidencia en alguna de mis actividades y un ciudadano normal o un ciudadano militante del PP en otras. El domingo estaré en la concentración de Valladolid y no estará en mi agenda institucional.

–Usted conoce de mucho tiempo a Alfonso Fernández Mañueco. ¿Sería posible esa fotografía del presidente de la Junta ante la sede del PSOE de Ferraz con pancarta frente a los antidisturbios?

–Creo que es un tema más de organización del partido. Entiendo que una acción individual, en Madrid... Lo lógico es que el partido nacional articulara, en su caso, una concentración de algún tipo. Sería a ese nivel. Que Alfonso Fernández Mañueco como ciudadano, como presidente del PP de Castilla y León, él solo, se pusiera en una concentración en Ferraz, no tendría sentido sin un acuerdo previo de los responsables del propio partido.

–¿Confían en la efectividad de las concentraciones?

–Un ataque como el que está sufriendo el Estado español exige que la ciudadanía diga algo. Se ha atacado al Estado en momentos culminantes desde la Constitución del 78: el golpe de Estado de Tejero de 1981, los asesinatos de ETA en momentos críticos, el proceso catalán en 2017... Y el Estado lo ha soportado porque los partidos mayoritarios hemos movilizado a la ciudadanía. Ahora sufrimos un ataque de esa dimensión, con la única diferencia solo hay un partido mayoritario, el PP, que está por la línea del mantenimiento del Estado de Derecho. No contamos con el PSOE, el otro gran partido estatal. Los ciudadanos hacen bien en manifestarse.

–Lleva usted mucho tiempo en la administración y en la vida política, ¿qué le trasladan los dirigentes del PSOE con los que habla?

–Tengo buenos amigos entre militantes del PSOE de mi edad. La militancia del PSOE de mi quinta, de mi generación, mayoritariamente no entiende esta postura y ha habido posiciones expresas. Me llevo muy bien con determinada gente del PSOE y eso es lo que me dicen.

–¿Y eso por qué no lo expresan públicamente con claridad?

–Sí han salido determinados líderes. Es gente que no está en primera línea ahora y considerarán que es poco útil el manifestarlo así públicamente.

–¿En el ámbito de la concentraciones, quién inclina la balanza del pulso de la calle, el PP o Vox? ¿Qué cree que diferencia las movilizaciones de unos y otros?

–Si le digo la verdad, desde el PP no nos preocupamos por las manifestaciones de Vox. Nosotros hacemos nuestras manifestaciones y las trasladamos a nuestros simpatizantes. No les miramos.

–¿Cree que en sus manifestaciones habrá simpatizantes del PSOE?

–Estoy seguro de que en nuestras concentraciones va a haber gente que ha votado al PSOE, gente que ha votado al PSOE y que no sabía que esto se iba a producir.