¿Por qué la amnistía a Puigdemont afecta a Castilla y León?

A partir de aquí, cuatro claves que explican por qué la amnistía y el paquete de exigencias de los nacionalistas catalanes afectan al resto del país, incluida Castilla y León.

Existe un primer plano político que afecta al clima de convivencia del país y eso tiene su repercusión en otros ámbitos, entre ellos el de la confianza empresarial a la hora de atraer proyectos y en la economía. La amnistía convierte a un fugado y reclamado por la Justicia española en un perseguido político por un estado democrático. El Congreso de los Diputados tramitará una ley que borrará los delitos de los dirigentes independentistas que participaron en el intento de secesión unilateral de Cataluña de 2017, pero también de los que participaron en los actos violentos cometidos bajo el paraguas del Procés, sin que haya por parte de los beneficiados muestra alguna de que esa amnistía es el punto final de su camino y que apuntalaría el argumento de que facilita la convivencia.

La amnistía que exige Puigdemont va en un paquete más amplio, que hace buenas reclamaciones económicas que el independentismo catalán ha fraguado con el cemento del 'España nos roba' y que abandera Esquerra Republicana de Catalunya. El primer paso es el perdón de 15.000 millones de la deuda que el Ministerio de Hacienda facilitó a Cataluña ante la imposibilidad de que la Generalitat contratara préstamos en los mercado financieros por falta de solvencia.

Ese dinero que Cataluña no devolverá, tras lo acordado entre el PSOE y Oriol Junqueras, supone un roto en los ingresos estatales con los que se pagan obras y servicios para el conjunto del país. Con la condonación de esa deuda a Cataluña se abre la puerta a 'borrar' la que tienen otras comunidades con el Estado, pero la medida es diferente. Los 15.000 millones de euros suponen el 20% de la deuda catalana con el Estado. Cataluña debería devolver a las arcas estatales 73.110 millones. Castilla y León debe 1.966, por lo que el 20% de esa cuantía serían 340 millones de euros. Los 15.000 millones condonados suponen 2.000 euros por ciudadanos catalán. En el caso de Castilla y León, ese beneficio quedaría reducido a unos 150 euros por empadronado.

La cesión en la reclamación de la amnistía ha conllevado en paralelo la condonación de la deuda y esta va encadenada a la reforma de los criterios con los que el Gobierno reparte entre las autonomías del régimen general (todas menos el País Vasco y Navarra, que disfrutan de un régimen foral) el dinero del Sistema de Financiación Autonómica con el que se paga la factura de servicios tan básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales. La revisión del modelo de financiación está pendiente de revisión desde hace años y hay dos bloques claros: los que piden el reparto puro y duro por habitante (Cataluña, Valencia, todo el Arco Mediterráneo y Madrid) y los que piden que se tenga en cuenta lo que implica de sobrecoste prestar esos servicios a una población más anciana, más dispersa y con un territorio mayor que implica un esfuerzo superior, por ejemplo, en el cuidado del monte o la red de carreteras. En este último vagón viaja Castilla y León.

El pacto con los secesionistas implica el compromiso de revisar el modelo y hacerlo bajo la perspectiva del reparto 'per capita' que no beneficia a las comunidades con un padrón más debilitado como es la castellano y leonesa.

La amnistía lleva a la condonación de la deuda, esta a la reforma de los criterios de reparto de la financiación autonómica, que enlazan con la aplicación del pago de la «deuda histórica» que los independentistas defienden que sufre Cataluña en cada negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En modo de partidas y de infraestructuras. Es algo que anteriores gobierno de PSOE y PP han pactado con nacionalistas vascos y catalanes cuando no tenían mayoría absoluta. La diferencia ahora es la intensidad del acumulado total. La tarta estatal presupuestaria para repartir es la misma, si se aporta más a un plato, se quita de otro. Por eso la amnistía y los condimentos añadidos a los pactos de investidura afectan a Castilla y León.