El Zambrana recibirá 11 millones para la formación y reinserción de los menores internados

Cinco chavales enfundados en gris y azul, embutidos en sus monos de trabajo, se inclinan sobre una de las piezas que manejan en la clase de automoción, en uno de los talleres prelaborales que reciben como formación en el centro de menores Zambrana, donde permanecen internos por orden judicial. Han llegado aquí –no han cumplido aún los 18– para cumplir condena, para pagar por los delitos cometidos (robos, agresiones, palizas a sus padres), para cumplir con las medidas impuestas por los Juzgados de Menores, conforme a la legislación vigente en materia de responsabilidad penal. Pero, especialmente, están aquí –subrayan los responsables del centro– «para trabajar en políticas de reinserción» que les permitan enderezar sus vidas y no volver a delinquir.

El 92% de los menores que pasan por estas instalaciones (en Delicias) lo consiguen. La inmensa mayoría se reinserta en su vida adulta, subrayan desde la Consejería de Familia, que acaba de licitar un contrato por valor de 11,4 millones de euros para sufragar, durante los próximos cuatro años (con prórroga de dos más), parte de la labor que se lleva a cabo en el centro.

El dinero servirá para la «atención directa a los menores y jóvenes internados en las unidades de reforma del centro», con el objetivo de favorecer su «formación integral y reinserción» y, además, para financiar «los servicios complementarios necesarios para el correcto funcionamiento» de unas instalaciones en las que trabajan cerca de 200 personas (en dos área diferenciadas:la de reforma y otra de socialización). «Hay 63 trabajadores que son personal propio de la Gerencia de Servicios Sociales», explica Tomás Montero, director técnico de Atención a la Infancia en la Junta.

Y a estos habría que sumar siete profesores (en el Zambrana hay una unidad educativa adscrita a un centro de secundaria de Delicias), profesionales sanitarios (hay consultas de médico de familia y psiquiatria), personal de limpieza, mantenimiento o vigilancia y seguridad. Y además, educadores que ponen en pie cinco talleres prelaborales para ofrecer formación y vías («es importante que descubran motivaciones») para una futura inserción en empleos vinculados con la carpintería, automoción, jardinería, informática y albañilería.

«En el centro hay poco tiempo para el ocio. Desde que se levantan, el horario está muy pautado, con un tramo escolar de 9:00 a 14:00 horas y, por la tarde, talleres prelaborales, junto con sesiones para prevenir el maltrato filioparental, los consumos de drogas, las conductas violentas en pareja o talleres sobre la asunción de responsabilidades por los hechos delictivos. Y además, educación en valores, cocina, hábitos de estudio o actividades de deporte y ocio saludable». El curso pasado pusieron en marcha el proyecto Valorcesto, financiado por la Fundación Real Madrid.

La mayor parte de estas actividades se financiarán con el contrato que ahora se licita, explican desde la Consejería de Familia. Recuerdan además que los itinerarios con la formación que recibe cada joven es «individualizada» y responde tanto a su situación personal como a las medidas impuestas por fiscalía y los jueces de menores a la hora de decretar su ingreso en el Zambrana.

La llegada al centro puede ser por medidas cautelares (a la espera de juicio), terapéuticas o para cumplir con la sentencia acordada por el juez. Los menores pueden permanecer aquí en régimen cerrado, abierto (les está permitido participar en actividades fuera del Zambrana) o semiabierto. En estos dos últimos casos, los jóvenes siguen internos hasta que acaben con los términos de la condena (aunque ya hayan superado la mayoría de edad). En régimen cerrado, si a los 21 años no se ha modificado esa medida, pasarían a un centro penitenciario (aunque podrían ser derivados a los 18 si hay un mal comportamiento prolongado en el centro de menores). En los últimos años, en Castilla y León solo se ha dado un caso así.

La pandemia ha obligado a adoptar medidas preventivas (ninguno de los jóvenes ha dado positivo ni en primavera ni en esta segunda ola). «Aunque puede haber 60 personas cohabitando, son unidades pequeñas, de no más de doce, lo que permite minimizar el riesgo», explica Montero. Además, se han reorganizado grupos (normalmente distribuidos por edades) para no mezclar ahora a chavales en régimen interno con aquellos que pueden salir a la calle. «Los chavales son conscientes de la situación. Saben que estas medidas de seguridad no son un castigo, una pena añadida, sino un bien para todos, y cumplen», añade Montero. El centro sí que ha limitado al máximo las visitas.