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La foto de Puente y Saravia frente a la fachada del colegio El Salvador es la imagen de una primera batalla ganada. Un lustro «batiéndose el cobre», decía el primero en referencia al concejal de Urbanismo, para cerrar «una operación de ciudad», sin que ... en ese tiempo haya hecho mella la desconfianza que esta gestión de largo recorrido ha generado tanto en la oposición como entre ciertos sectores de la propia judicatura. El alcalde de Valladolid rubricó este viernes con la Sareb la cesión de uso del antiguo centro educativo para unificar en él las sedes judiciales ahora dispersas en diferentes puntos de la capital. Las llaves de inmueble ya están en manos del Consistorio. En tres meses, «como muy tarde», se cerrará la permuta.
La Administración Local se quedará entonces con la propiedad de los 5.165 metros cuadrados en los que se asienta este edificio y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria recibirá, a cambio, suelos residenciales por valor de los casi siete millones en los que se tasaron estas instalaciones educativas. ¿Dónde? Tres en la avenida de Burgos, uno en el plan parcial Los Viveros, así como derechos urbanísticos en parcelas de los cuarteles de Arco de Ladrillo. «Ya no hay marcha atrás», subrayaba el primer edil, partidario de «mirar al futuro» y olvidarse de zancadillas y críticas. Reconoce Puente que se ha tardado más de lo esperado en lograrlo, pero el objetivo se ha conseguido y eso «merece la pena». «Los gobiernos no trabajan para hoy, trabajan para el futuro», acotaba a continuación. «Cuando se eche la vista atrás se verá qué personas están en la historia; ¿qué son cinco años para una operación que va a quedar ahí para los restos?», se preguntaba ante la prensa.
En principio, la Justicia no saldrá de un centro ya tocado por la mudanza de otras dotaciones públicas, como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. El entorno de San Pablo, donde «trabajan los profesionales» del gremio –abogados, procuradores, jueces y funcionarios– quedará no solo intacto, sino reforzado con la futura dotación en caso de que prospere. Y es que la pelota pasa ahora a Madrid, al Gobierno de Pedro Sánchez.
El regidor anunció una próxima visita del ministro Juan Carlos Campo para «dar el pistoletazo definitivo». «Les aseguro que él está deseando empezar», remachaba el socialista, al tiempo que aportaba las razones de este interés. La actual dispersión de sedes en «veinte sitios» y los cerca de dos millones que ahora se pagan al año en alquileres son dos argumentos de peso, según el alcalde, que convierten en «viable» para el ministerio esta Ciudad de la Justicia, que mantendría en servicio la sede de la Audiencia Provincial, así como el inmueble de Angustias, donde ahora se ubican los juzgados.
Óscar Puente recordó que en 2015, cuando accedieron al ejecutivo municipal por primera vez, se encontraron el proyecto en una parcela de Girón, aunque ni siquiera estaba firmada la permuta. Con aquel plan, que preveía una inversión de 36 millones de euros en un edificio diseñado por el arquitecto Primitivo González, el Ayuntamiento habría obtenido el actual inmueble de los tribunales. Pero esa no era para nada la idea del gobierno PSOE-Toma la Palabra. Fue entonces cuando se tomó la decisión de cambiar el rumbo para evitar el vaciamiento del casco histórico y recuperar la de El Salvador como única alternativa.
Desde entonces han sido muchas las vicisitudes y variaciones de la operación. Cabe recordar, especialmente, la relacionada con el inmueble de la Electra, en Isabel la Católica, donde se llegó a presentar de manera oficial un acuerdo con el grupo inmobiliario Ayco para que este adquiriera el suelo del colegio a cambio de una edificabilidad para cien pisos de lujo en el inmueble protegido. Aquello decayó. Desde entonces (2018) el Ayuntamiento ha explorado todas las alternativas hasta llegar al acuerdo que se firmaba ayer. Consideró Puente que el expresidente de la Audiencia Feliciano Trebolle estará «muy contento» con este primer desenlace, pero acotó, al mismo tiempo, que falta trabajo por hacer. «Es un paso más, no es el último, ni el paso final, pero es importante para conseguir el objetivo», admitía el alcalde. Ahora hay que esperar a las decisiones que se tomen en Madrid.
Saravia es, por el momento, el único miembro del equipo de Gobierno que ha entrado en el inmueble. Lo hizo la pasada semana. El concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda considera que su estado de conservación permitiría su reutilización, a pesar de que presenta algunas patologías propias de un desuso prolongado, que, sin embargo, no restan solidez al bloque. «Si se pudiera reutilizar, sería mejor», apostillaba. Pero esa decisión no se tomará aquí. Los proyectistas del Ministerio de Justicia tendrán que analizar si el antiguo inmueble educativo se adecua a las necesidades que se buscan para la dotación. «Si no encaja, se demolerá», anticipó el edil. Fuera de micrófono, se da casi por hecho de que el Gobierno apostará por levantar uno de nueva planta. El Ayuntamiento trabaja ahora en conseguir también la cesión de uso de una banda del aparcamiento del Edificio Rondilla (antigua Residencia Río Hortega) tras llegar al acuerdo de permuta de ese suelo con la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que se le entregarán suelos en Zambrana. Eso permitiría avanzar más en el proyecto. No obstante, conviene matizar que las obras de la Ciudad de la Justicia no empezarían antes de 2022, según las estimaciones de Manuel Saravia.
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