El valor catastral de las viviendas de Valladolid está pendiente de una revisión colectiva que no se ejecuta desde el año 1995. Iba a hacerse en 2020, con una implantación progresiva de los nuevos valores que repercutiría, año a año hasta 2030, en el recibo ... del Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero entonces llegó la pandemia y todo quedó paralizado. Ahora, el nuevo equipo de Gobierno ha decidido rebajar el tipo impositivo que se aplica al IBI y que toma como base para el cálculo del recibo el valor catastral, pero no hay más novedades sobre esa actualización de valores.
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«No tenemos previsto tocar nada», explica Francisco Blanco, actual concejal de Hacienda. Recuerdan en el Ayuntamiento que el anterior equipo solicitó dos cosas. La primera, que se aplicaran «los coeficientes de incremento de valores catastrales» en 2019, con efecto en 2020. Fue de un 1,03%. Esto conllevó un ligero aumento en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, ya que no se modificó el tipo impositivo. Para calibrarlo, y dejando a un lado los años pandémicos, 2020 y 2021, basta con observar la recaudación neta del Ayuntamiento en los ejercicios 2019 y 2022. En 2019 se consignaron 68.135.421 euros. Tres años más tarde, sin cambiar el tipo de gravamen, se recaudaban 71.213.000 euros.
En ese 2019 fue cuando también se pidió la elaboración de una nueva «ponencia de valores total para el término municipal de Valladolid», que debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2021, y que no se consumó. Eso es lo que aún está pendiente.
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En el caso de que se actualizara ese valor catastral, el incremento no se establecería de golpe. Habitualmente se difiere a lo largo de diez años, con lo que las subidas del recibo del IBI son progresivas. Se conoce como «periodo de reducción». Supongamos que un inmueble está valorado en 10.000 euros. La actualización de su valor lo elevaría a 20.000. Cada año se aplica un factor de reducción para calcular la base líquida sobre la que se aplica el impuesto, a través de una fórmula progresiva. De ese modo, el primer año el valor de ese inmueble subiría por ejemplo a 11.000 euros; el segundo, a 12.600; el tercero, a 14.200…
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Si se mantiene el tipo impositivo que se aplica, el resultado final, al acabar esos diez años, es un aumento notable del recibo que paga el contribuyente. Basándonos en el mismo ejemplo anterior: el primer año, con un 0,6144% que aplicaba el Ayuntamiento de Valladolid hasta ahora, el pago sería de 61 euros. Al cabo de diez años, supondría un coste de 122. Pero el incremento sería progresivo. 67,5 el primer año; 77,4 euros el segundo; 87 el tercero… Los ayuntamientos, llegado este punto, pueden decidir rebajar el gravamen para equilibrar el recibo. De hecho, es lo que hizo el Ayuntamiento de Valladolid la última vez que se puso al día con los valores catastrales, en 1994, con efectos a partir de 1995.
Aunque hayan pasado tres décadas desde la última actualización, durante este tiempo se han aplicado los coeficientes establecidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado, que sirven para minorar la diferencia entre el valor catastral de la última revisión colectiva y la real. Según los datos del Catastro, Valladolid aplicó estos coeficientes de actualización desde 1995 hasta 2011 y también en los años 2016 y, como se ha dicho, por última vez en 2020.
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Pedro Herrero, concejal de Hacienda durante los dos mandatos de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid, calculaba en 2020 que la subida media que podía esperarse en el valor catastral de los bienes inmuebles urbanos en la ciudad era de un 16%. El primer año se iba a aplicar un 3% y el resto se iba a aplicar progresivamente durante los nueve años siguientes a razón de un 1,3% anual.
Para que al final del proceso el recibo no se haya disparado, los ayuntamientos pueden jugar con el gravamen, reduciéndolo si es necesario. Al mismo tiempo, la recaudación también estará directamente infuenciada por el número de inmuebles. El crecimiento de Valladolid, hoy en día, es evidente. Y va a más. En 2023 el Catastro contabilizaba 149.387 viviendas colectivas y 7.278 individuales. El año previo a la pandemia, 2019, existían 148.472 colectivas, casi mil menos. Tomando como referencia el importe del recibo medio, eso supone 150.000 euros más de ingresos.
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