El IBI bajará el 5% y la ORA será gratis para familias con hijos de hasta tres años

Las arcas municipales dejarán de ingresar así 3,7 millones que «se quedarán en el bolsillo de los vallisoletanos», según incidió el primer edil. En esta ordenanza se introduce, además, la bonificación del 50% por la instalación de placas solares en la cuota íntegra del impuesto durante los cuatro primeros años siguientes a la finalización de la instalación, hasta un límite de 250 euros anuales para inmuebles de uso residencial y 2.000 euros para el resto de los usos, además de aplicar un descuento del 30% para edificios de organismos públicos de investigación y enseñanza universitaria.

El regidor ha comparecido junto a la primera teniente de alcalde, Irene Carvajal, y al concejal de Hacienda, Francisco Blanco, para anunciar esta decisión, que se acompaña de otra novedad importante para las familias con hijos pequeños. El año que viene los hogares en los que haya menores de hasta tres años de edad y las familias numerosas de categoría especial que estén empadronadas en la capital podrán aparcar gratis en la zona ORA tras el acuerdo del equipo de Gobierno para «reforzar la protección a estos colectivos, al tiempo que se favorece la movilidad de esas unidades». Según los datos aportados por Carnero, en este momento en Valladolid hay 7.081 niños y niñas de 0 a 3 años mientras que las familias numerosas alcanzan las 619. Esta exención, avanzaron, habrá que solicitarla en su momento en Dornier, empresa adjudicataria de la gestión del aparcamiento regulado, y será válida solo para un vehículo.

Estas son las dos principales novedades para un próximo ejercicio fiscal en el que el Ayuntamiento tendrá que aplicar también la tasa de basura. En este caso, el alcalde ha destacado que su gabinete ha dilatado al máximo la implantación de esta obligación que viene impuesta por Europa y que se recoge en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. La normativa obliga a que los municipios cubran el coste íntegro del servicio, que en Valladolid ronda los 18,5 millones de euros. Así, este montante se repercutirá en los hogares con un tasa cuyo importe, según avanzó Carnero, será inferior a los cien euros.

Otra de las rebajas que se notarán el año que viene es la referente al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Se minora el tipo de gravamen un 2,5%, que pasa del 4% al 3,9%, además de eliminarse la deducción del importe satisfecho en concepto de tasa por prestación de servicios urbanísticos. Con estas modificaciones, explicaron, se separa la gestión del ICIO de la gestión de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, «beneficiando al ciudadano que verá rebajado el tipo de gravamen y no tendrá que adelantar, como ocurre hasta ahora, unas cantidades elevadas en concepto de tasa por prestación de servicios urbanísticos, y esperar a la justificación de la finalización de las obras para solicitar su devolución tras la correspondiente tramitación y justificación». Según el ejemplo aportado por Francisco Blanco, una obra con un presupuesto de ejecución material de 550.000 euros este año ha pagado 22.000 euros. En 2025, abonará 21.450. Una diferencia de 550 euros.

También relacionado con el sector, se mejora el sistema de tarifas vigente en la tasa por prestación de servicios urbanísticos. Así, se sustituye el presupuesto de ejecución material como base de cálculo por el de superficie construida, lo que conllevará una minoración de cuotas que tiene que abonar el ciudadano. Otro ejemplo: una obra con un presupuesto de 550.000 euros y una superficie 1.500 metros cuadrados tendría una cuota en 2024 de 8.745 euros (sujeta a devolución con condiciones). En 2025 será de 800. Como novedad en esta ordenanza, se incorpora un nuevo supuesto de exención para aquellas obras destinadas a actuaciones de urgencia para garantizar la seguridad e integridad de los edificios derivadas de siniestros, desastres, catástrofes o cataclismos.

En el caso del Impuesto de Plusvalías y ante los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que anularon la regulación estatal, el Ayuntamiento ha optado por hacer una remisión genérica a los coeficientes aprobados por la normativa del Gobierno central en cada momento, «a los que se aplicarán por voluntad de este equipo una rebaja del 12%», según acotan. Cabe recordar, que el equipo de Carnero reclama al Ejecutivo de Sánchez 5.955.480 euros en concepto de daños y perjuicios tras las 3.128 reclamaciones que los vallisoletanos realizaron contra este tributo desde 2017.

Al ser preguntado por la también anunciada rebaja del Impuesto de Vehículos, Carnero la ha pospuesto para próximos ejercicios, aunque ha insistido en que cumplirá su compromiso. El alcalde ha querido explicar por qué ha habido que esperar al segundo año de mandato para aplicar estas medidas. El alcalde ha reiterado que el escenario financiero era «totalmente distinto». «Los informes de la Airef y de la Intervención General, ante el estado económico-presupuestario, concluían que si el Ayuntamiento de Valladolid quería cumplir con las reglas fiscales estaba obligado a incrementar los ingresos o reducir los gastos para evitar cerrar el ejercicio 2024 con necesidad de financiación y no tener que adoptar medidas correctivas o coercitivas», explicó, además de censurar la actitud del ministro Óscar Puente por no permitir el aplazamiento del pago municipal de once millones de euros del plan de integración ferroviaria, como ha solicitado su equipo en numerosas ocasiones.

Pero esos aprietos con los que se encontraron ya pasaron, según destacó el alcalde. «Ha llegado el momento de iniciar nuestra hoja de ruta, sin perder de vista el principio de prudencia financiera. Por ello, adoptamos en este momento un conjunto de modificaciones que iremos ampliando en sucesivos ejercicios fieles al compromiso que hemos asumido con los vecinos», apuntó.

El alcalde de Valladolid anunció además la creación de la figura del Defensor del Contribuyente, cargo que recaerá en un funcionario municipal. Estudiará las quejas, reclamaciones y sugerencias referidas a los tributos municipales, tanto en sentido estricto -impuestos, tasas y contribuciones especiales- como con las relacionadas con los precios públicos exigidos por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos.