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El Norte
Viernes, 18 de junio 2021
El manifiesto está fechado el pasado martes y rubricado por 41 profesionales sanitarios, en su inmensa mayoría médicos, 29 de ellos traumatólogos, algunos muy conocidos, y ha sido difundido a través de las redes sociales entre trabajadores de hospitales de la comunidad, incluido el de Medina del Campo, como carta abierta de apoyo a la «presunción de inocencia» de Alfonso Díez, el traumatólogo de dicho centro que perdió la vida en un accidente de tráfico el 3 de junio y al que estaban investigando por posibles abusos sexuales a pacientes, incluidas menores, en ese hospital. Los firmantes del manifiesto, entre los que se incluyen siete médicos del propio Hospital Comarcal (cuatro traumatólogos y tres anestesistas), consideran que «es preciso anteponer la presunción de inocencia a cualquier otra consideración» y apuntan que «esto se hace más evidente a la vista de las acusaciones genéricas e inconcretas y a las numerosas contradiciones que se plasman en el escrito de acusación». Este último fue rubricado el 26 de mayo, y presentado el 1 de junio al gerente, por 26 trabajadores del centro en el que trabajaba Alfonso Díez y en él denunciaban abiertamente el «comportamiento» del traumatólogo leonés de 53 años, al que acusaban de «extralimitarse en sus exploraciones a pacientes femeninas, incluso niñas, con tocamientos libidinosos y abusivos antes y después de las intervenciones quirúrgicas». Los firmantes de aquel documento, que acabó precipitando una cascada de dimisiones de la cúpula del centro hospitalario, y de la muerte del propio investigado, afirmaban que fueron testigos de dichos hechos. La Fiscalía informó esta misma semana de la apertura de una investigación sobre lo ocurrido y Sanidad, en paralelo, mantiene abierto un expediente al respecto.
Los firmantes del manifiesto rubricado el 15 de junio vienen a poner en duda la veracidad de dichas acusaciones y muestran, «desde el conocimiento laboral más cercano, la negación más radical a admitir la simple certeza de las insidiosas manifestaciones que se contienen en la denuncia –léase escrito–». Los 41 firmantes inciden en su disposición ante las autoridades a «dar cuenta, relato y fe de la relación habida con Alfonso, su integridad, su profesionalidad y su dedicación a los pacientes» y añaden que el traumátologo «era considerado por todos nosotros como un buen profesional», sobre cuya labor «nunca jamás hemos sido testigos de actuaciones innobles, indecorosas o atentarias contra la libertad sexual o la dignidad de persona alguna».
Martes 1 de junio. Un documento firmado por 26 sanitarios el 26 de mayo (entró en el registro del hospital de Medina del Campo el 1 de junio) comunica al gerente del centro los posibles abusos sexuales sobre pacientes que venía cometiendo un traumatólogo ante la «pasividad» de los responsables del bloque quirúrgico.
Jueves, 3 de junio. El médico investigado muere al colisionar frontalmente contra un camión en la N-601 en Ceinos.
Viernes 4 de junio. Sacyl confirma que estaba siendo investigado y asegura que conoció la denuncia tras su muerte. La Fiscalía abre una investigación.
Los sanitarios que firman este manifiesto, en cierto modo público dada su difusión a través de las redes sociales y la inclusión de sus nombres y apellidos y sus DNI, consideran que «si las prácticas abusivas denunciadas se venían produciendo desde 2019 de forma constante y habitual (...) y fueron observadas por el personal del área de quirófano y reanimación, estos deberían conocer todas las circunstancias y, de ser ciertas, su silencio cómplice les convertiría en sujetos activos de un delito de encubrimiento pasivo», algo que los firmantes consideran «realmente inverosímil».
El manifiesto prosigue con la consideración, siempre por parte de los firmantes, de que «se trata de un escrito –el presentado por 26 sanitarios del centro denunciando los supuestos abusos sexuales– huérfano de cualquier referencia concreta a fechas, circunstancias, personas prsentes o pacientes agredidos fuera de la relatada 'habitualidad'». La ausencia de denuncias –y así lo confirmaron tanto la Fiscalía como la Policía Nacional–, a su juicio, «obligan a ser prudentes y a esperar el resultado de las investigaciones con la premisa de aplicar la presunción de inocencia y el respeto a su memoria».
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