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La Audiencia de Valladolid ha ratificado la decisión del Juzgado de Instrucción 4, que investiga desde 2018 el complejo de ocio fallido de Meseta Ski que promovió la Diputación en Villavieja del Cerro, y condiciona la personación en las diligencias del PSOE a que ... ejerza conjuntamente la acción popular con Ecologistas en Acción y Toma la Palabra. El auto de la Sección Cuarta, que desestima el recurso presentado por el PSOE, señala además que el procedimiento está «en fase embrionaria» y por ese motivo «la prestación de fianza es ineludible». Como al resto de acusaciones populares, el juzgado impuso una fianza de 3.000 euros para poder entrar en el procedimiento y con el objetivo de «neutralizar dilaciones y garantizar la seriedad de la personación». En la resolución se indica además que esta personación tiene que «condicionarse a una misma defensa de representación, porque ya hay personadas otras dos acusaciones populares que responden al mismo objeto».
La representación legal del PSOE manifestó este miércoles que recurrirán la decisión de la Audiencia y que están dispuestos a acudir hasta el Tribunal Supremo para ejercer la acusación popular de manera independiente. «Nuestros intereses son distintos de las otras dos acusaciones, no podemos compartir abogado ni dirección letrada», subrayaron desde el Grupo Socialista.
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La plataforma Toma la Palabra se personó en el caso Meseta Ski en marzo pasado, después de hacerlo Ecologistas, tras abonar la fianza de 3.000 euros. Esta formación y el resto de la oposición (PSOE y Sí se puede) en la Diputación en el pasado mandato, presentaron en la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación sobre las pistas secas en la pedanía de Tordesillas.
En el primer año de diligencias han pasado por el juzgado para declarar los principales investigados, entre ellos, el expresidente de Sodeva y exvicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno. La Fiscalía decidió remitir al juzgado las conclusiones de la comisión de investigación al ver indicios de prevaricación, falsedad documental y malversación en la contratación y gestión de este proyecto, gestionado por la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid SA (Sodeva), delegada por la Diputación para sacar adelante el proyecto, bajo sospecha desde que arrancó en 2006.
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