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El Grupo Socialista en la Diputación prepara ya la estrategia para personarse como acusación particular en las diligencias del caso Meseta Ski, que se siguen en el Juzgado de Instrucción 4 a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía vallisoletana el pasado mes ... de agosto por supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad en la contratación y gestión del proyecto de ocio en Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas.
El magistrado instructor, Javier de Blas, solicitó el pasado mes de septiembre a la Diputación que aportara los expedientes y contratos relacionados con las obras del fallido complejo de ocio para comenzar la investigación, que persigue aclarar si los promotores políticos de dicho complejo y la empresa adjudicataria incurrieron en delitos de corrupción. Las supuestas ilegalidades fueron denunciadas en la Fiscalía de Valladolid por los Grupos Socialista, Sí Se Puede y Toma la Palabra de la anterior Corporación provincial después de los trabajos de la comisión de investigación en la institución vallisoletana. Ahora, el PSOE solicitará al juzgado personarse para poder asistir a los pormenores del procedimiento y ejercer la acusación particular.
La Diputación financió, construyó y pagó el complejo en Villavieja del Cerro, cuya licencia fue recurrida y por sentencia se ordenó la demolición parcial de las instalaciones. Tanto el PSOE como Toma la Palabra y Sí Se Puede sitúan al que fuera presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, y al entonces presidente de Sodeva, Alfonso Centeno, como responsables de los presuntos delitos que la Fiscalía ha encargado investigar relacionados con la tramitación y ejecución de Meseta Ski.
La contratación del diseño, así como la construcción y explotación del complejo se realizó a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva) en 2006 y con un presupuesto de 4,06 millones «aunque, en realidad, llegó a comprometer ingresos a favor del contratista por más de 20,63 millones de euros», señala la denuncia.
Los contratos de Meseta Ski pudieron vulnerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para «posibilitar trato de favor al contratista» y entre otras supuestas irregularidades se señala que la mayoría de las obras se ejecutaron sin licencia y que incluso se certificaron, buena parte de ellas, al amparo del proyecto regional antes de ser anulado. El contrato finalmente se resolvió de forma anticipada por las sentencias desfavorables a Sodeva, de forma que finalmente se ejecutaron obras por importe de casi doce millones de euros.
Tras estudiar durante más de un año el amplio historial del fallido proyecto de las pistas secas, la Fiscalía remitió al juzgado la denuncia y las conclusiones de la comisión de investigación de la Diputación de julio de 2018. El ministerio público aprecia que hay trazas de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la contratación y gestión del proyecto puesto en marcha en 2006 en esa pedanía de Tordesillas por la institución provincial a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo Valladolid (Sodeva), con el grupo empresarial Corsan-Corviam desde 2003 a 2016.
El proyecto Meseta Ski nació hace 14 años, cuando el equipo de Gobierno del Partido Popular en la Diputación acordó construir una pista seca en Villavieja del Cerro como centro turístico para crear empleo. Resultó controvertido desde el principio, cuando se recurrió la primera licencia para construir la pista en una de las laderas del cerro de San Juan sobre unos terrenos incendiados en 1999. Ecologistas en Acción se acogió a la Ley de Montes, que prohibía construir en terrenos no urbanizables en los 30 años siguientes al incendio, y emprendieron en 2007 una batalla judicial en la vía contenciosa contra los intentos de la Diputación y la Junta de sacar adelante el proyecto, incluso con la declaración de interés regional.
Tras casi ocho años de pleitos, obras intermitentes y 13 sentencias en contra, el Tribunal Constitucional zanjó la cuestión en 2014 y dejó el complejo deportivo y de ocio sin cobertura legal al considerar inconstitucional la declaración de interés regional otorgada por la Junta de Castilla y León.
La Fiscalía considera que las su puestas infracciones no estarían prescritas, dado que el daño producido que se calcula es mayor a 50.000 euros y las prescripciones son de 15 años. Para estos delitos el Código Penal contempla, además de penas de prisión, inhabilitación en cargos públicos de entre 10 y 20 años.
Además de preparar el escrito de personación en las diligencias, los diputados socialistas también tienen previsto realizar próximamente una visita a los terrenos donde se levantaron las instalaciones de Meseta Ski, que fueron desmanteladas por orden judicial, para estudiar la viabilidad del proyecto que iba a sustituir las pistas secas denominado Meseta Sport.
El actual equipo de Gobierno de la Diputación de Valladolid ha decidido mantener la suspensión del proyecto alternativo en el emplazamiento de Villavieja del Cerro –que cuenta con el beneplácito de la Junta de Castilla y León– hasta que la Justicia resuelva la investigación sobre el fallido proyecto.
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