Ecologistas se persona como acusación en el caso Meseta Ski

Desde Ecologistas han precisado que en la argumentación planteada para poder ejercer la acusación han esgrimido su protagonismo en los sucesivos recursos contenciosos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el proyecto de la Diputación. Meseta Ski nació hace catorce años, cuando el equipo de gobierno del PP en la Diputación acordó construir una pista seca en Villavieja del Cerro como centro turístico.

Resultó controvertido desde el principio, cuando se recurrió la primera licencia para construir la pista en una de las laderas del cerro de San Juan, sobre unos terrenos incendiados en 1999. Ecologistas se acogió a la Ley de Montes, que prohibía construir en terrenos no urbanizables en los 30 años siguientes al incendio, y emprendió en 2007 una batalla judicial contra los intentos de la Diputación y la Junta de sacar adelante el proyecto, incluso con la declaración de interés regional.

Tras ocho años de pleitos, obras intermitentes y trece sentencias en contra, el Tribunal Constitucional zanjó la cuestión en 2014 y dejó el complejo deportivo y de ocio sin cobertura legal, al considerar inconstitucional la declaración de interés regional otorgada por la Junta de Castilla y León.

A pesar del tiempo transcurrido, la Fiscalía considera que las supuestas infracciones no están prescritas porque el daño producido que se calcula es mayor a 50.000 euros y para las cuantías elevadas los delitos no prescriben hasta los quince años. El Código Penal contempla, además de penas de prisión, inhabilitación en cargos públicos de diez a 20 años para los autores.

Quien está pendiente de personación es el grupo socialista en la Diputación, a pesar de que en febrero la comisión ejecutiva provincial acordaba ejercer la acusación particular en el procedimiento. Fuentes de este partido explicaron que están a expensas de que Ferraz envíe el poder de representación para solicitarlo al titular del Juzgado de Instrucción 4.

En el anterior mandato, el Grupo Provincial Socialista envió, junto con Sí Se Puede y Toma la Palabra, la documentación de la comisión de investigación de la Diputación a la Fiscalía de Valladolid para que se investigara la tramitación y adjudicación del proyecto, que arrancó con un presupuesto de cuatro millones y llegó, según reza en la denuncia, a los 12 millones de euros.