El uno a uno del primer macrojuicio de corrupción política en Castilla y León

Se les atribuían delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y violación de secretos, en concurso con otro delito de tráfico de influencias, cometidos entre 2005 y 2011.

Pero después de más de dos meses de juicio, la Audiencia de Valladolid ya ha notificado la sentencia.

Condenado a dos años y medio de prisión y a seis años de inhabilitación por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros tres años y medio de inhabilitación de cargo público por prevaricación administrativa. Tomó la decisión de abonar una factura de 4,5 millones de euros a cargo de Gesturcal y a favor de Urban Proyecta, lo que supuso «claramente una alteración indebida e injustificada del precio de la compraventa fijado por el propio consejo de administración». En el caso de los terrenos de Portillo fue de dos millones de euros. «Se trata de un importe elevado que entraña, por sí mismo, un grave perjuicio para el patrimonio de la sociedad pública». Ha sido absuelto de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, fraude a la administración, cohecho y organización criminal. La Fiscalía pedía inicialmente 11 años de prisión.

El nivel de participación de Begoña Hernández es «más limitado», recalca la Audiencia. Se incorpora a la actuación delictiva en el segundo arrendamiento del edificio de Arroyo, sin tener participación alguna en la adquisición de los terrenos del polígono fantasma de Portillo. De ahí la condena de dos años y dos meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. Absuelta de revelación de secretos, tráfico de influencias, fraude a la administración, cohecho y organización criminal. La Fiscalía pedía para Begoña Hernández una pena de 11 años de cárcel.

En la misma tesitura que Begoña Hernández se encuentra Juan Carlos Sacristán. Su conducta ilícita se concreta, apunta la sentencia, a la suscripción de los dos contratos de arrendamiento en el asunto del edificio de Arroyo por lo que ha sido condenado a dos años, un mes y quince días de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía pedía inicialmente para él 11 años de prisión, si bien ha sido absuelto de revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración (se retiró la acusación de este delito en las conclusiones finales).

No ha quedado acreditada su implicación ni que Rafael Delgado influyera en él para posibles hechos delictivos. Salvador Molina fue a la celebración del juicio con más de 80 años. Absuelto de los delitos de malversación de caudales públicos, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la administración (acusación retirada al finalizar el juicio). La Fiscalía de Valladolid solicitaba cuatro años de cárcel.

Absuelto de todos los delitos. Refleja la sentencia que la labor de Francisco Armero consistió en contabilizar la factura, ver la documentación que la acompañaba relacionada y comprobar que había tesorería para ella, sin que, al firmar esa conformidad de la factura, fuese consciente de su improcedencia porque era «desconocedor» de que su concepto no se correspondía con los términos del contrato de compraventa del edificio de Arroyo, estando ya ordenado su pago y la transferencia por Rafael Delgado. La Fiscalía le pedía cuatro años de prisión.

La Fiscalía y las acusaciones le retiraron las imputaciones al finalizar el juicio. Alberto Esgueva negó cualquier relación profesional con el empresario Martín Giraldo, y aseguró que no tuvo ninguna relación con Urban Proyecta cuando se decidió la operación del edificio de Arroyo ni en la compra de las parcelas de Portillo. Además, indicó que en el año 2003 vendió su participación en San Cayetano y en 2006 se marchó a vivir fuera de España. Absuelto de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, cohecho y organización criminal. La Fiscalía le pedía seis años de privación de libertad.

La actividad ilícita desplegada por Germán Martín Giraldo y Ángel Montes consistió, apunta la Audiencia de Valladolid, en obtener, mediante la violación de secretos y el tráfico de influencias, las adjudicaciones de los contratos para la compra de la 'Perla Negra' y, dentro de dicho ámbito, aprovecharse de los 4,5 millones de euros, dinero que fue incorporado al patrimonio de Urban Proyecta, tras la firma del contrato de compraventa del edificio. De ahí que Rafael Delgado, Martín Giraldo y Ángel Montes, de forma solidaria, tienen la obligación de restituir dicho importe (4.512.066,29 euros) a la Junta de Castilla y León. Ambos han sido condenados a una pena de prisión de once meses por revelación de secretos y tráfico de influencias, si bien se enfrentaban a penas solicitadas por Fiscalía de cuatro (Martín Giraldo) y seis años (Ángel Montes).

«Existió connivencia entre todos ellos en el comportamiento ilícito referido, llevando a cabo cada uno su función o papel en esa actividad delictiva que tenía como finalidad beneficiar a las sociedades a las que se encontraban vinculados». De esta forma engloba la Audiencia a los cuatro condenados por intentar levantar un polígono en la localidad de Portillo. Estaban vinculados a las empresas Parque Empresarial de Portillo SL y Cementos La Bureba SL, que intervinieron en la adquisición de terrenos de Portillo. «Influyeron en Rafael Delgado para que pusiera fin a la negociación, que se estaba alargando en exceso, y decidiera finalmente la compra de los terrenos». Cada uno ha sido condenado a siete meses de prisión por tráfico de influencias y a pagar, cada uno, una multa de casi un millón y medio de euros. En concepto de responsabilidad civil, los cuatro condenados, junto a Rafael Delgado, deberán abonar los dos millones de euros por el sobrecoste de la compra de los terrenos. La Fiscalía pedía inicialmente seis años de prisión a cada uno.