El grueso de los acusados por el caso de la 'Perla Negra' se libra de la cárcel

Junto a él, a penas de cárcel que no supera en ninguno de los casos el año de privación de libertad, han sido condenados seis empresarios afines a la Junta de Castilla y León por delitos de violación de secretos y tráfico de influencias: Germán Martín Giraldo (11 meses de cárcel), Ángel Román Montes López (11 meses), Luis Antonio Recio García (7 meses), Francisco Esgueva Gutiérrez (7 meses), Luis Ángel Rodríguez Herrero (7 meses) y Carlos González Maestro (7 meses).

Por su parte, otros altos cargos de la Junta que supuestamente estaban implicados en la trama han sido condenados a inhabilitación para empleo o cargo público. Es el caso de Begoña Hernández, exviceconsejera también en la era Villanueva, que ha sido condenada a dos años y dos meses de inhabilitación, o Juan Carlos Sacristán, exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, condenado a una pena de dos años, un mes y quince días de inhabilitación.

Salvador Molina, Francisco Armero y Alberto Esgueva (la Fiscalía y las acusaciones retiraron las imputaciones durante el juicio) han sido absueltos de los supuestos 'pelotazos' urbanísticos del edificio de la extinta Agencia de Desarrollo en Arroyo de la Encomienda (hoy, inmueble de Soluciones Empresariales) y las parcelas del parque empresarial fantasma de Portillo.

Unas operaciones que habrían resultado «ruinosas» para las cuentas y supervivencia de la empresa pública Gesturcal y de las que se habrían beneficiado excargos de la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo de los tiempos de Villanueva (fallecido durante la instrucción cuando estaba en calidad de investigado) y empresarios afines al Gobierno regional.

La sentencia se centra principalmente en la figura de Rafael Delgado y en esa decisión que tomó de abonar una factura de 4,5 millones de euros a cargo de Gesturcal y a favor de Urban Proyecta. «Supone claramente una alteración indebida e injustificada del precio de la compraventa fijado por el propio consejo de administración», reflejan los fundamentos de derecho. Todo ello supone, incide el tribunal, un «incremento encubierto del precio para acercarlo a los valores deseados por Urban Proyecta», continúa.

Porque para el tribunal el precio de compra del edificio 'Perla Negra' por parte de la empresa pública Gesturcal (después Ade Parques y ahora Instituto para la Competitividad Energética) por un importe de casi 60,5 millones de euros fue «ajustado a los valores de mercado».

Recalca el fallo que, además, facilitó a Urban Proyecta información privilegiada del concurso antes de su publicación oficial con la intención de «otorgarle una posición ventajosa sobre otras empresas». «La participación del señor Delgado Núñez en esta filtración cobra sentido y significación unívoca si la conectamos lógicamente con toda la actuación posterior, manteniendo contactos con los empresarios de Urban».

La situación sobre el polígono fantasma de Portillo con un sobrecoste superior a los dos millones de euros en su compra. «Se ha pagado indebidamente por esos terrenos sobre los valores máximos del mercado... con un perjuicio real para los fondos públicos», recalcan los fundamentos de derecho. «Se trata de un importe elevado que entraña, por sí mismo, un grave perjuicio para el patrimonio de la sociedad pública referida y, en definitiva, para la causa pública, generando efectivamente un deterioro económico importante que, junto con otros factores, llevó a la extinción de dicha entidad y a que hubieran de asumirse por la administración autonómica las obligaciones de la misma».

En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia de Valladolid ha condenado a Rafael Delgado, Martín Giraldo y Ángel Román, de forma directa y solidaria, a pagar los 4,5 millones por las irregularidades en la compra de la 'Perla Negra'. De igual manera, condena también a Rafael Delgado, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González a abonar el sobrecoste en los terrenos del polígono de Portillo (más de dos millones de euros).