Juicio de la Perla Negra

Las defensas critican los trece años de banquillo de los acusados

Después de que este lunes la fiscal del caso, la Junta, el PSCyL y el letrado del exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, expusieran sus conclusiones, la segunda jornada para este trámite de informes finales en la Audiencia de Valladolid ha servido para que las defensas de los también encausados Begoña Hernández, Juan Carlos Sacristán, Salvador Molina y Francisco Armero mostraran su profundo malestar por el juicio paralelo que sus clientes han tenido que aguantar desde hace más de una década.

Los reproches más encendidos han llegado por parte del letrado del que fuera consejero delegado de Gestural, Juan Carlos Sacristán, pues no solo ha negado que éste incurriera en delito alguno en la operación de arrendamiento y posterior compra en Arroyo de la Encomienda del Edificio de Soluciones Empresariales (La Perla Negra) que dicha sociedad pública compró a Urban Proyecta PM3 por 52 millones más IVA, y mucho menos en la adquisición de parcelas para un polígono industrial en Portillo, en la que no llegó ni siquiera a participar, sino que ha acusado al PSCyL de buscar un único fin político al personarse en la causa como acusación popular.

«Ha utilizado el caso para buscar el desgaste político en las Cortes del partido que está en el gobierno en Castilla y León», ha criticado el defensor, quien también ha recordado que la causa se inició en 2013 a raíz de un artículo titulado 'El hundimiento de una empresa pública' que derivó en la investigación de todas las sociedades pública de la Consejería de Economía y Empleo por el hecho de que este departamento se encontraba ocupado por Tomás Villanueva, consejero del ramo, vicepresidente de la Junta y presidente del PP de Valladolid.

El defensor ha incidido igualmente en que por aquellas fechas eran noticia casos como la Gürtel, Bárcenas y Lezo... «y por eso empezó este procedimiento para saber si aquí había también financiación irregular del Partido Popular, algo que no se ha podido probar», ha advertido la defensa de Juan Carlos Sacristán, quien frente a ello ha puesto sobre la mesa la grave situación personal y profesional que han padecido su cliente y resto de ocupantes del banquillo.

«Han pasado trece años en los que mi cliente, su cara y apellidos han venido apareciendo en los medios de comunicación, con peticiones de once años de cárcel y 50 millones de responsabilidad civil; un hombre que ha tenido que aguantar al inicio del juicio que se le acercara una mujer para insultarle y que incluso cuando se encuentra comiendo en un lugar público tiene que soportar gritos de corrupto», ha relatado el defensor.

En la misma línea se han posicionado las defensas de la que fuera viceconsejera de Economía y presidenta de Gesturcal y ADE Parques, Begoña Hernández, y del director gerente de la primera de las dos sociedades públicas citadas, Salvador Molina, en el sentido de que la letrada del segundo de ellos ha demandado del tribunal un fallo absolutorio para paliar el «estigma social» sufrido por el acusado, mientras que el representante de la primera ha denunciado la «pena de banquillo» arrastrada por su clienta desde hace más de una década.

«Son muchos años de salir en titulares de periódicos. Algunos de los encausados trabajan en empresas privadas a las que se causa un gravísimo perjuicio cada vez que pretenden acudir a un concurso público. En caso de condena entonces ya habrían cumplido pena y podrían estar trabajando dignamente, algo que no han podido hacer», ha reprochado vívamente el letrado de Begoña Hernández.

En su informe final, el representante legal de la que fue viceconsejera de Economía y ocupó cargos de presidenta también en Gesturcal y ADE Parques ha dedicado parte de su alocución para explicar cómo era el funcionamiento de Gesturcal, sociedad pública sujeta a derecho privado y ascrita a la Consejejería de Economía que dirigía Tomás Villanueva, con el fin de hacer ver que las decisiones se adoptaban en el Consejo de Administración, mientras que su clienta, presidenta de dicho órgano, carecía de facultades ejecutivas y se limitaba por ello a cumplir lo que acordaba los consejeros.

Y esa línea de actuación de su defendida es la que sostiene que Hernández llevó a cabo en el caso de La Perla Negra en Arroyo, donde asegura que la acusada no intervino en el proceso de arrendamiento en 2006 -llegó a Gesturcal en diciembre de 2007- y sí en la posterior operación de compra, aunque tan solo para firmar el contrato de reserva con Urban Proyecta «para preservar el derecho de la sociedad para adquirir el inmueble».

Respecto de las posteriores obras de distribución interna del edificio, objeto de investigación judicial, la defensa de Hernández ha precisado que su clienta firmó tan solo una de ellas en la creencia de que había sido autorizada y que era todo correcto.

«Begoña Hernández no tenía la obligación de conocer el contenido de esa factura pues ninguna de ellas pasaba por el Consejo de Administración de Gesturcal, una sociedad que manejaba miles de ellas y movía cientos de millones de euros. Todo ello se analizaba en la reunión anual de rendición de cuentdas», ha aseverado.

Pero además, la defensa de la viceconsejera, quien no ha dudado en calificar de «acertada, ordenada, lógica y correcta» la operación de compra de 'La Perla Negra', fundamentalmente porque supuso un gran ahorro para la Administración regional, también ha exculpado a su clienta de cualquier delito en el proceso de compra de parcelas en Portillo para desarrollar un polígono industrial, proyecto que también ha validado y que, según sostiene, tampoco supusto perjuicio patrimonial alguno para las arcas públicas.

A este respecto, el letrado ha sostenido que Hernández se incorporó al proceso cuando ya estaba en marcha -la negociación se prolongó entre 2005 y 2010- y que incluso llegó a oponerse a la materialización del proyecto por considerarlo excesivo en cuanto a superficie y montante de la operación, máxime cuando la situación económica de entonces invitaba a una mayor contención.

Las reticencias de Hernández «provocaron el enfado de los vendedores de las parcelas» y llevaron finalmente a una importante reducción de la superficie a contratar, que inicialmente era de dos millones de metros cuadrados, y también en la cantidad a desembolsar, con lo que «se produjo un ahorro de más de 12 millones de euros», ha esgrimido su representante legal.

Los informes finales del resto de los encausados, ya en la mayoría empresarios, se irán sucediendo a lo largo de este martes y este miércoles, con lo que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid dejará el juicio visto para sentencia tras las veintiún jornadas que comenzarón el pasado día 26 de febrero.