Nuevo retraso en las tarjetas monedero: Valladolid pide al Gobierno «aclarar dudas técnicas»

El Ministerio de Derechos Sociales anunció el 23 de enero la puesta en marcha («desde el mes de abril») de un nuevo modelo asistencial llamado a terminar con las 'colas del hambre', con las filas de personas que reciben alimentos a las puertas de parroquias y ONG. Con estas tarjetas monedero (que se gestionarán a través de Cruz Roja), las familias beneficiarias podrán comprar los víveres y productos básicos de higiene en una serie de supermercados adheridos al proyecto. En Valladolid, los de las cadenas Alcampo, Carrefour, Alimerka y Eroski.

¿Cuál es el problema? ¿Por qué no ha entrado todavía en vigor? Pues que no existe aún un listado con las personas que tienen derecho a una de estas tarjetas. El 15 de diciembre de 2021, en un consejo interterritorial de Servicios Sociales, todas las comunidades autónomas aprobaron por unanimidad la adopción de estas tarjetas (para familias vulnerables con hijos) como alternativa a la entrega directa de alimentos y complemento a otro tipo de servicios y prestaciones. Durante estos primeros meses de entrada en vigor, el Estado asumirá la gestión de las tarjetas monedero, con una subvención de cien millones de euros a Cruz Roja para poner en marcha el sistema, de abril al 31 de diciembre.

A partir del año próximo, el programa pasaría a depender de las comunidades autónomas. Pero, dicen desde el Gobierno central, «la competencia de identificar y derivar a las familias, así como de realizar el seguimiento del programa sigue siendo una competencia exclusiva de las comunidades». El Ministerio de Derechos Sociales dice que ya está todo listo para repartir las tarjetas. Pero desde la mayoría de comunidades autónomas (Castilla y León, pero también Andalucía, La Rioja, Cantabria, Aragón, Murcia…) han pedido a Gobierno que les aclare una serie de dudas sobre qué hogares se pueden ver beneficiados.

«Hemos mantenido una reunión con la Gerencia de Servicios Sociales y empezado a elaborar el listado de familias», cuenta Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Derechos Sociales. Pero en ese trabajo se han encontrado con una serie de «dudas» que han trasladado al Ministerio de Derechos Sociales. «Hay que definir bien quiénes pueden recibir estas tarjetas», insisten desde la Consejería de Familia. Entre esas dudas, compartidas por otros territorios, están definir con claridad qué se entiende por unidad familiar, desde qué momento hay que mirar el umbral de la renta y qué tipo de documentación se debe exigir para acreditar todos estos criterios. Desde la Junta de Andalucía, que se encuentra en un limbo similar, aseguran que estos requisitos servirían para evitar desigualdades entre comunidades.

El Ministerio de Derechos Sociales ha respondido este lunes que esas preguntas técnicas «quedaron contestadas en la última reunión del grupo de coordinación técnica». «Son las comunidades las que deben definir qué se entinede por unidad familiar en el ámbito de sus competencias, así como qué documentación deben acreditar», apuntaron fuentes ministeriales. Además, apuntaron que es también la administración autonómica la que debe concretar cuál será el protocolo de derivación y bajo qué criterios, «para garantizar que no es algo arbitrario».

Los beneficiarios de este programa de ayudas serán familias en condiciones de privación material severa (que cobren menos del 40% de la renta mediana) y con uno o más menores a su cargo (está enmarcado en los programas europeos, de ahí proceden los fondos, de lucha contra la pobreza infantil). La cuantía con la que se recargarán las tarjetas dependerá del número de miembros que haya en la unidad familiar. Si son dos personas en el hogar (una adulta y un menor) serán 130 euros al mes. Con tres miembros en la unidad familiar, 160 euros. Con cuatro integrantes, 190. Con cinco o más personas, 220 euros al mes.

¿Qué es unidad familiar? La Comisión Europea establece como partida, en su programa básico, «cualquier persona con niños, niñas o adolescentes a su cargo». «A partir de aquí -apuntan desde el Ministerio- las comunidades pueden acotar este concepto siempre y cuando se cumpla con estos requisitos». Así, las autonomías deben describir qué es unidad familiar en un documento que enviarán el Ministerio para que este pueda «validarlo» (para que reciba así el visto bueno de la UE). De momento, ninguna comunidad ha remitido ese documento.

Una de las principales objeciones apuntadas desde la Junta de Castilla y León es que las tarjetas monedero no cubrirán de forma eficaz las necesidades del medio rural, ya que los supermercados adheridos al proyecto apenas tienen presencia en los pequeños pueblos de la comunidad. En el caso de Valladolid, estas cadenas llegan a 14 localidades (donde viven 402.645 personas). Quedan fuera 211 municipios (118.426 residentes), la mayor parte de ellos ubicados en la zona norte y la comarca de Peñafiel.

Las administraciones recuerdan que estas tarjetas monedero son un complemento a otro tipo de servicios y de prestaciones, por lo que la red de protección para familias vulnerables llegará a estas personas por otras vías.