Valladolid

Las familias vulnerables aún no disponen de las tarjetas monedero anunciadas para abril

Abril ya está aquí y, de momento, nada concreto se sabe de esas tarjetas que coordinará Cruz Roja. No hay todavía beneficiarios asignados ni tampoco supermercados que se hayan adherido al proyecto. «Y el hambre no espera», asegura Jesús Mediavilla, presidente del Banco de Alimentos en Valladolid, entidad que ha dejado de percibir 228.511 kllos de comida procedentes de los fondos europeos porque esa aportación pasa ahora a este proyecto de tarjetas monedero.

El Gobierno central confió a los servicios sociales locales y autonómicos la selección de los posibles beneficiarios, pero desde el Ayuntamiento aseguran que no han vuelto a recibir comunicación alguna. «No nos han facilitado ningún tipo de información o datos sobre lo que necesitan», asegura Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, quien califica la situación de «terrible». «Durante las últimas semanas, en los Ceas (centros de acción social) hemos notado un incremento de familias que se acercan para pedir ayuda alimentaria, que se tiene que asumir con fondos del Ayuntamiento, sin que haya ningún tipo de ayuda o aportación de otras administraciones», asegura el concejal. «Es muy bonito salir al Consejo de Ministros con el anuncio de una medida que luego sobrecarga los servicios de otras entidades», indica Nieto, quien entiende que, como mínimo hasta junio, no se implantará esta medida.

Desde la Consejería de Familia adelantan que «en los próximos días» celebrarán una reunión con Cruz Roja para abordar la implantación de la tarjeta monedero en Castilla y León.

Los beneficiarios, de acuerdo con el anuncio del Gobierno, serán familias con hijos a su cargo que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza (menos de un 40% de la renta mediana), lo que se sitúa en torno a unos ingresos de 700 euros mensuales. La idea es prestar ayuda a 70.000 familias de toda España, cerca de mil en Castilla y León, según los primeros cálculos de la Consejería de Familia. La Junta criticó en enero esta medida, por entender que deja desatendidas a familias sin hijos, personas que vivan solas y residentes en el medio rural, en pueblos en los que no haya supermercados adheridos al proyecto. Porque la idea es que estas familias reciban (a través de Cruz Roja) una tarjeta recargable que luego podrán usar en el súper para comprar alimentos y productos de primera necesidad. La cuantía de recarga se fijará en función del número de miembros del hogar beneficiario. Irá desde los 130 euros (adulto y un menor a su cargo) a los 220 que como máximo percibirán las familias con cinco miembros o más. Entre medias están los 160 euros para hogares de tres integrantes y los 220 para los de cuatro.

Con este proyecto (similar al que el Ayuntamiento aplica desde 2020 con cerca de doscientas familias beneficiarias al año), el Gobierno central quiere acabar con las «colas de hambre». Las familias con hijos ya no tendrán que acudir a entidades de reparto para recibir los alimentos, sino que podrían adquirirlos directamente en los supermercados. Las instituciones apelan a la dignidad del beneficiario y a la lucha contra la pobreza infantil.

Desde el Banco de Alimentos (en una opinión compartida por el Ayuntamiento y la Junta) aseguran que esta medida deja fuera a muchos beneficiarios. Por un lado, a los usuarios de las comunidades de consumo (conventos, residencias o asociaciones que quedan fuera del proyecto) y también a las familias sin hijos o que, por los pelos, superan esos ingresos mínimos. «Nosotros vamos a seguir prestando ayuda a todos», explica Jesús Mediavilla, responsable en Valladolid del Banco de Alimentos. Y eso, asegura, a pesar de que el recorte de fondos europeos puede comprometer las finanzas de la ONG. «Estamos tirando de la hucha y la hucha, si no se reciben más donaciones, se acaba». De momento, asegura, cuentan con el respaldo de empresas y de colaboradores, «además de la ciudadanía, que participa en campañas y operaciones kilo». También ha mantenido reuniones con la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento para recordar que a través de la entidad se llega a 17.000 personas beneficiarias en la provincia de Valladolid. Mediavilla insiste además en otro efecto colateral de las tarjetas monedero. «A través del Banco de Alimentos, podemos llegar a acuerdos con productores o distribuidoras para conseguir los víveres a un precio más ajustado. Hemos calculado que el precio está en un euro por kilo de comida. Si se acude al supermercado, con ese mismo dinero se podrá conseguir menos comida, ya que se pagará al precio de mercado». El precio estimado, en ese caso, es de 1,8 euros por kilo.

El Gobierno ha destinado para este año una subvención de 100,2 millones de euros, de los cuales 95,5 millones se destinan a los gastos en alimentos y otros productos básicos, y 4,7 millones a los gastos técnicos para la implantación del programa en el conjunto del Estado.