Medio millar de fusilados al compás de un siniestro guion en Valladolid

Entre ellos se encontraba el sindicalista de UGT Julio López Blanco, cuyo cuerpo, según todos los indicios, acaba de ser rescatado del olvido de la fosa común número siete del cementerio de El Carmen junto a una fotografía desdibujada con la silueta de dos menores que presumiblemente eran sus dos hijos.

La resolución en cuestión, dictada el 24 de mayo de 1937, daba cumplimiento a la sentencia a muerte dictada por el consejo de guerra un mes antes (el 21 de abril de 1936) y autorizaba la ejecución de los trece reclusos condenados. El juez militar no escatimó en detalles a la hora de organizar el nutrido cortejo fúnebre.

Nada menos que 92 guardias civiles y soldados, y cinco mandos, participarían entre la mañana de aquel mismo día, cuando fue ejecutado el primero de los reos, y la de la jornada siguiente (25 de mayo), cuando fueron fusilados el resto, en la escolta, fusilamiento y traslado de los cuerpos entre las cárcel de las cocheras, el campo de instrucción de San Isidro (las antiguas graveras), donde estuvo instalado el paredón durante la Guerra Civil, y el cementerio de El Carmen.

El documento, rescatado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Valladolid, recoge el tétrico y milimétrico guion de las trece ejecuciones, que concluía a las 6:30 horas del 25 de marzo (una de las ejecuciones se adelantó un día) en «el campo de instrucción llamado de San Isidro» con el fusilamiento de todos ellos a cargo de cuatro piquetes formados por ocho guardias civiles, diez guardias de asalto, veinticinco soldados del Regimiento de Infantería de San Quintín y otros veinticinco del Regimiento de Artillería Ligera, a las órdenes de cuatro mandos de sus respectivas unidades. De manera que cada uno de los reclusos tocaba a la friolera de siete guardias y soldados por cabeza para garantizar su ejecución. Y todo ello bajo la supervisión de un oficial del Regimiento de Artillería Ligera.

Los doce reclusos, que con anterioridad habían sido ya conducidos a la entonces denominada 'cárcel nueva', sede del actual centro cívico Esgueva, en la calle Madre de Dios (la 'cárcel vieja' entonces era la de Chancillería), serían trasladados de madrugada en una «camioneta de la Guardia Civil» escoltada por siete guardias civiles a mayores y bajo la custodia de los 92 integrantes de los cuatro piquetes, encargados previamente de garantizar la «seguridad interna» del centro de reclusión. La ruta hacia el cadalso debía seguir un itinerario establecido por las calles Real (de Burgos) y Portillo de la Pólvora (actual calle Pólvora) para llegar a las antiguas graveras de San Isidro.

En este último escenario, situado en la parte posterior del colegio Narciso Alonso Cortés, que linda con las aún instalaciones militares de San Isidro, serían ejecutados finalmente los doce reclusos a las seis y media de la mañana de aquel 25 de marzo de 1937. Parte de una compañía de fusiles del acuartelamiento de San Quintín, a mayoría, formaría un quinto «piquete de escolta» durante las ejecuciones.

La autorización del tribunal militar establecía, por último, que un oficial médico debía certificar la muerte de los reos y que sus cuerpos debían ser conducidos a continuación al cementerio de El Carmen en «tres furgones o carruajes». Cinco de ellos recibieron sepultura en la fosa siete, de la que acaban de ser recuperados sus restos, y los otros ocho pudieron ser enterrados en nichos individuales.

Esta cuidadosa mecánica se repitió sin solución de continuidad durante los primeros meses de la Guerra Civil, cuando la documentación estima que fueron fusilados por sentencia judicial (al margen de las cientos de ejecuciones extrajudiciales) 560 hombres y cinco mujeres acusados, en su inmensa mayoría, de delitos de rebelión contra la autoridad sublevada que regía Valladolid prácticamente desde el inicio de la contienda en 1936.

Los trece fusilados entre los días 24 y 25 de mayo de 1937 fueron los involuntarios protagonistas de uno de los «últimos repuntes de la represión» registrados en la capital. Todos ellos eran sindicalistas vinculados a UGT y CNT y habían sido detenidos meses antes, en octubre de 1936, acusados de formar la denominada 'célula comunista de Santa Clara'. Eran, como otros miles, 'presos gubernativos', detenidos por orden del gobernador civil (un militar) y encarcelados inicialmente en las antiguas cocheras, un amplio recinto entonces situado entre los paseos de Filipinos, Arco de Ladrillo y Hospital Militar.

Por sus muros de ladrillo se estima que pasaron en torno a cinco mil personas, con picos de hasta dos mil hacinados en sus dos naves principales, donde los supervivientes narrarían todo tipo de vejaciones sufridas a manos de sus guardianas durante los cinco años que estuvo en uso como prisión. A los 'trece de Santa Clara' les acusaron de planificar, solo eso, un motín que nunca se ejecutó. Fueron condenados a muerte y trasladados a pasar sus últimos días a la 'cárcel nueva' de Madre de Dios antes de seguir el guion que condujo a su ejecución y entierro en el cementerio de El Carmen.