Las mascarillas invaden los centros de tratamiento de residuos

El profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) Antonio Figueras ha publicado un artículo de divulgación científica en el que se plantea que en España se usan una media de 705 millones de mascarillas al mes. Los datos aportados por el investigador, extrapolados a la provincia de Valladolid, reflejan que los vallisoletanos tiran a la basura mensualmente una media de 8 millones de mascarillas. ¿Y qué sucede con todo ese material que se usa solo unas horas y se tira? Pues que acaba en el Centro de Tratamiento de Residuos, donde se separa y clasifica la basura para convertirla en subproductos. Pero las mascarillas no se encuentran entre la lista de objetos que se puedan reciclar, por lo que todas ellas acaban en el denominado vaso de rechazo del vertedero, junto a todo el material que no puede tener una segunda vida.

El problema medioambiental que se crea por esta circunstancia no tiene que ver tanto con el volumen de residuo generado, sino con su baja capacidad de degradación. Cada mascarilla quirúrgica pesa solo unos tres gramos y las FFP2 pueden llegar a pesar hasta 10, por lo que si los vallisoletanos solo usaran mascarillas quirúrgicas, se generarían al mes unas 24 toneladas de esta basura. El gran dilema reside en que una mascarilla quirúgica tarda en degradarse entre 300 y 400 años, por lo que los efectos derivados de las necesidades de la pandemia estarán presentes mucho tiempo después de que se logre vencer al virus.

Javier Ruiz es el responsable del Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid y asegura que este material no se recicla y que será complicado que se haga en un futuro próximo. «Las mascarillas deben tirarse al contenedor de inorgánico, pero al llegar al centro de tratamiento de residuos no tienen un canal de reciclaje. No parece lógico establecer un nuevo canal, con todo lo que conlleva, para un producto que no sabemos si se va a quedar o no», explica Javier Ruiz.

El anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados incluye una tasa estatal de 40 euros por cada tonelada de basura que vaya al vertedero, por lo que si los vallisoletanos solo usaran mascarillas quirúrgicas a un ritmo como el actual, anualmente el municipio debería pagar 11.520 euros en este concepto solo por este tipo de residuo.

La pandemia ha cambiado el trabajo de los 92 profesionales del Centro de Tratamiento de Residuos, a pesar de que en la planta ya se trabajaba mucho antes de la crisis de la covid-19 con protocolos estrictos para evitar el riesgo biológico. Natalia Pérez es una de las empleadas que se encarga de la separación de la basura en un centro que recupera aluminio, acero, cuatro tipos de plásticos, vidrio, residuos de aparatos electrónico, papel y cartón. Separar a mano en un cinta transportadora la basura en medio de una pandemia es un trabajo que entraña riesgos y Natalia no oculta que esta circunstancia ha generado temores al contagio en la plantilla. «Hay protocolos que han cambiado. Tenemos guantes, mascarillas y llevamos gafas de protección. Claro que tenemos miedo, pero no podemos vivir condicionados», reconoce.

A partir de julio de 2021 no se podrán vender productos de plásticos de un solo uso, como cubiertos de plástico, pajitas o bastoncillos, pero mientras se reduce este consumo de la mano de la Estrategia Española de Economía Circular, se ha multiplicado el de otros muchos elementos contaminantes. Y ese aumento de ciertos residuos, no solo tiene a guantes y mascarillas como responsables, tal y como explica el responsable del CTR. «Hemos notado que se ha incrementado mucho el papel y cartón por el aumento de las compras a través del comercio electrónico. Se ha detectado que la gente pliega menos este cartón que otros porque precisamente está diseñado para eso, para que no se dañe lo que hay dentro. Los cambios de hábitos se reflejan en la basura que generamos», explica Javier Ruiz, que ha visto cómo las novedades se suceden en la planta, que se renovará por completo gracias a una actuación para la que ya hay un adjudicatario, que contará con 15 meses para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de adaptación.

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