Rafael Martínez y Amaya Gil, afectados de Valladolid por el caso del Ala Octa
«Llevamos diez años ciegos de un ojo y sin haber recibido nada de nada»Rafael Martínez y Amaya Gil, afectados de Valladolid por el caso del Ala Octa
«Llevamos diez años ciegos de un ojo y sin haber recibido nada de nada»Fueron las primeras sentencias en Castilla y León que reconocieron que dos pacientes perdieron la vista de un ojo por el empleo del producto Ala Octa contaminado cuando fueron intervenidos de un desprendimiento de retina. También estableció aquel fallo judicial la responsabilidad patrimonial del Hospital ... Río Hortega. Entonces, habían pasado más de cinco años para que estos dos primeros denunciantes de Valladolid recibieran un fallo judicial favorable que consideró demostrada una relación causal entre el producto tóxico utilizado para la cirugía de un desprendimiento de retina y la muerte del nervio óptico.
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Las resoluciones judiciales, ambas del día 24 de julio de 2020, condenaban a la Consejería de Sanidad a indemnizar a estos dos afectados con 40.000 y 50.000 euros, respectivamente, más los intereses legales. Todavía ni Amaya Gil ni Rafael Martínez, con 10 y 9 años ciegos de un ojo, han percibido un solo euro.
Las complicaciones de los enredos judiciales han alargado un camino para ello que, previsiblemente, esté a punto de finalizar; pero llevan años de incertidumbre y miedos, con secuelas físicas más allá incluso de la pérdida de visión, han perdido trabajo y calidad de vida y, sobre todo «no hemos podido pasar página. Es algo que está ahí cada día porque esto no se acaba nunca», coinciden en señalar ambos afectados. Los recursos y nuevos procesos judiciales aún pendientes retrasan el cobro de la indemnización. La historia judicial aún no se ha cerrado y algunos afectados –el Río Hortega tuvo cinco de los 120 de España– no han recibido indemnización mientras que otros han superado los 300.000 euros por el caso del Ala Octa, el gas tóxico empleado en varios quirófanos. Y en ningún momento se ha reclamado responsabilidad a quien lo fabricó, lo distribuyó y le dio el visto bueno, solamente han pagado quienes lo emplearon, la sanidad pública o privada y por fallo judicial.
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Amaya Gil Sendino (Valladolid, 1978), madre de dos mellizos ahora de 12 años, sufrió en agosto de 2014 un desprendimeinto de retina. «Empecé a ver como una cortina negra en medio del ojo, los cerraba y veía como si me pasara una fotocopiadora... me asusté claro y fui a Urgencias del Río Hortega y entré enseguida en quirófano. La operación fue muy bien pero pasaban los días, y los meses, y yo no veía por el ojo derecho. Los oftalmólogos no entendían nada porque veían que la cirugía había sido correcta y con buenos resultados y no era normal no recuperar. Hasta me hicieron pruebas de 'potenciales evocados' porque no acababan de creerse que no viera y pensaron que igual el fallo estaba en mi cabeza. Hasta que finalmente vieron que el nervio óptico estaba dañado».
A Rafael Martínez (Valladolid, 1972) le ocurrió algo parecido un año más tarde. En febrero de 2015. «Empecé a ver achatado y fui a la clínica donde me habían operado de miopía tiempo antes y me dijeron que acudiera a Urgencias que era un desprendimiento de retina y requería cirugía» y lleva nueve años ciego también del ojo derecho y bastante desesperanzado. A Rafael Martínez, casado y padre de tres hijos de 25, 23 y 18 años, le puede la impotencia y la rabia. Estar aún pendiente de procesos judiciales es que «no te deja avanzar, pasar página. Aceptar lo que te ha ocurrido y seguir adelante; pero todo esto es muy largo y genera mucha impotencia. Y te preguntas una y otra vez cómo es posible que te haya ocurrido esto y que nadie, nadie, haya respondido. Haya asumido su responsabilidad aunque sea parcial».
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Impotencia es la palabra que más repiten ambos. Impotencia por entrar en un quirófano de Sacyl y «que nos ocurriera esto»; impotencia porque la Agencia del Española del Medicamento «inicialmente nos dejó fuera sus casos porque nuestros síntomas fueron más retardados y no cumplíamos requisitos de caso»; porque el Río Hortega «no tenía la trazabilidad de lo que nos había puesto y no remitió la documentación». Impotencia «porque nos han destrozado la vida» y porque «años después el juicio no hemos recibido justicia, nada, ni los 40.000 ni los 50.000 euros que estableció la sentencia para cada uno». E impotencia porque «otros afectados de un solo ojo superan los 300.000 euros de indemnización» concedida y pagada. «No entendemos porque las cuantías son más altas cuando la clínica es privada», apuntan.
Les cambió la vida por completo. Ambos perdieron el trabajo para siempre. Amaya era administrativo. «Estuve 17 años en una empresa privada pero la ceguera me impidió seguir. Luego trabajé un tiempo en el Teatro Carrión como acomodadora y ahora estoy en una empresa de servicios, en atención al cliente. Pero antes de la cirugía cobraba mucho más. Tenía un poder adquisitivo mayor, bueno para vivir con mis hijos y ahora no tengo ni para unas pequeñas vacaciones». Además, añade Amaya, «tengo unas migrañas desde entonces insoportables, he pasado por mis fases depresivas y no te defiendes bien con un solo ojo porque no ves en tres dimensiones y ya no conduzco, hasta me ha caducado el carné. –'puedes con revisiones frecuentes y espejos en el coche específicos para ello', le apunta Rafa–; pero me da miedo. Te mueves y coges mal las cosas», añade Amaya.
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Añade Rafa que, «simplemente, vas a echar agua en un vaso y la derramas fuera. Y el silencio de quienes te rodeaban es tremendo. Ahora se van acostumbrando».
Trabajaba con sus hermanos y sus padres en la autoescuela familiar. «Daba clases de conducir. Y la verdad, se me daba muy bien y me encantaba» y aún afloran emociones para Rafa por esta pérdida. Aquello tuvo que dejarlo, y «era mi pasión. Eso y jugar al fútbol, mi hobby, que sigo haciéndolo por orgullo pero ya no lo disfruto. Me llevo muchos golpes, fallo mucho». Rafa trabajó entonces en la ONCE, »vendiendo cupones durante algún tiempo. Y estoy muy agradecido a la ONCE pero aquello no era lo mío. Lo pasaba fatal y tambén mi mujer y mis hijos al verme en la puerta de un supermercado vendiendo cupones. Me decían que parecía un pobre pidiendo limosna. Les dolía», recuerda.
Luego se puso a preparar unas oposiciones «me apuntó mi mujer y por el cupo de discapacidad estaba más fácil y las saqué y ya llevo años como peón de obras en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Tengo dificultades con la falta de vista hasta para apretar un tornillo; pero cuento con muy buenos compañeros que me ayudan. Pero no es lo mío, como profesor era feliz. Ahora no». «La falta de dinero nos ha hecho sufrir mucho. Es terrible tener hijos adolescentes y negarles una propina para salir el fin de semana porque no llegas», explica Rafael.
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Y ambos recuerdan especialmente duro el juicio. «Oir a algún abogado, recuerdo a uno muy joven, decir que no es para tanto, que nos quedaba otro ojo. O escuchar auténticas mentiras. Esa frialdad y tranquilidad cuando te han destrozado. El juicio nos resultó cruel, eran unos auténticos insensibles», destaca Rafa.
«Nos sentimos muy abandonados -añade Amaya- solos, sin que Sacyl respondiera ni la Agencia del Medicamento. nada».
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