Tres afectados de Valladolid se personan en la causa del Ala Octa de la Audiencia Nacional

En 2020, el TSJ dio la razón a los afectados y debería ser la Consejería de Sanidad quien los indemnizara y luego ella pidiera responsabilidades en las otras instancias implicadas; pero Sacyl y la aseguradora Mapfre recurrieron al Tribunal Supremo que estimó ambos recursos de casación y desestimó el de los pacientes abriéndoles la vía de la reclamación por perjuicios contra la AEMPS (Agencia Española del Medicamento), el fabricante o el distribuidor. Algo pendiente pero que ya el pasado mes de noviembre, en un caso de Cantabria, se decidió a favor de la víctima del Ala Octa por lo que cabe esperar que se mantenga la misma línea en otras resoluciones judiciales.

A la par, y por denuncia del Defensor del Paciente, la Fiscalía pidió a la Audiencia Nacional que reabriera el caso y hace escasas fechas que lo ha hecho.

El despacho de abogados Gómez-Menchaca defendió los intereses de Amaya Gil Sendino y Rafael Martínez Minguélez en 2019 en Valladolid, entre otros muchos del Ala Octa en España. A este respecto, el letrado Carlos Gómez-Menchaca explica que la Audiencia Nacional «ha pedido formalmente que se personen los afectados. Y es totalmente compatible con el proceso aún pendiente para que cobren su indemnización. Estamos pendientes de resolución y estará a punto de resolverse, estamos en el final. En cuanto al nuevo proceso se van a personar los tres de Valladolid, los citados Amaya y Rafael y Jesús del Agua, como perjudicados lo que podría devolverles algo de justicia. Realmente no hay derecho a que hayan pasado tantos años y sigan así, sin ninguna compensación económica al daño sufrido y demostrado. Castilla y León y Canarias son las comunidades que peor han funcionado en este sentido, las que más se demoran».

Destacan Amaya Gil y Rafael Martínez, que «tener que volver a pagar abogado y procurador, 600 euros, nos hace un verdadero roto. Andamos mal de dinero»; pero ambos valoran que «ya no nos podemos parar aquí».

Y es que ha sido el propio Ministerio Fiscal el que ha pedido a la Audiencia que investigue estos casos, lo que abre esperanzas a los afectados y a sus abogados.

«Sacyl no era culpable de la toxicidad pero sí responsable de utilizar un producto contaminado, la AEMPS de los fallos de control, el laboratorio alemán de lo mismo y de fabricarlo... y aquí no se han pedido responsabilidades», repasa este letrado.

El perfluoroctano de Ala Octa se relacionó en 2015 con cinco pacientes intervenidos por desprendimiento de retina con ceguera y con un sexto en el que fue posible una reintervención quirúrgica. Todos en el Río Hortega, tal y como confirmó entonces la Consejería de Sanidad. El producto, destacó, solo fue utilizado en dicho hospital y lo emplearon cuatro oftalmólogos diferentes; aunque uno de ellos lo empleó sin registrar incidente alguno.

El Ala Octa contaminado, según informó Sacyl entonces, llegó a algún otro hospital de la comunidad pero fue retirado tras la alerta remitida por la Agencia Española del Medicamento el día 26 de junio de 2015, en la que se ordenó el cese y retirada del mercado del mismo.