La familia Morchón solo responde a las preguntas de su abogado ante la jueza del caso de los ataúdes

Los investigados de la familia Morchón por el caso del supuesto 'cambiazo' de los ataúdes en su funeraria se acogieron este jueves a su derecho a no declarar a las preguntas del fiscal y las acusaciones y solo han respondido a las preguntas formuladas por su abogado. Poco antes de las nueve y media de la mañana llegaban a la sede judicial de Angustias el gerente del Grupo El Salvador, Ignacio Morchón Alonso , junto con Rosario y Laura, acompañados de su letrado Guillermo Ruiz Blay. También están citados a declarar en esta jornada el fundador y patriarca de la saga de funerarios, Ignacio Morchón Vaquero y su esposa, María del Rosario Vaquero Luengo.

La citación de estos cinco investigados está relacionada con los últimos informes policiales recibidos en el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid que detallan, entre otros aspectos, los consumos de los crematorios de la empresa funeraria. Un informe de 98 páginas sobre el consumo de combustible en los hornos crematorios de El Salvador concluye que hay una discrepancia «entre el número de incineraciones inscritas» en los registros de la funeraria y «las realizadas en cada uno de los hornos».

Se basa para ese cálculo en el consumo medio de combustible por cadáver, las especificaciones técnicas de los dos hornos y el cotejo de los registros de incineraciones de la empresa en los dos crematorios, el de Santovenia (cementerio) y el de Valladolid (tanatorio). «Las irregularidades en las inscripciones de las incineraciones, tanto por acción como por omisión, fueron con la intención [sic] de ocultar estos traslados» de féretros desde el tanatorio hasta el cementerio.

Ese traslado desde el tanatorio hasta el cementerio de Santovenia sería lo que permitiría ejecutar el fraude que está bajo investigación en la Operación Ignis. «Las instalaciones del Cementerio Parque El Salvador proporcionaron a los responsables del Grupo Empresarial [...] la suficiente impunidad para realizar el traspaso de los cadáveres desde su féretro original a otros féretros en desuso o féretros de reducción de restos de escaso valor, debido a la ubicación del horno y al reducido número de empleados que tenían acceso a las dependencias donde está instalado», explica el informe. Los féretros en buenas condiciones, presuntamente, se reutilizaban y volvían a poner a la venta.

Además está el último informe que llegó al Juzgado de Instrucción 6 en julio y que completa la investigación sobre el supuesto 'cambiazo' de 6.000 ataúdes en el grupo funerario El Salvador. La Policía Judicial reconstruye el modus operandi de una empresa «que está lejos de ser ejemplar» y no solo por el «trasiego» de difuntos del tanatorio al cementerio jardín de Santovenia para su incineración sin permiso de sus familiares con el fin, supuestamente, de revender y reutilizar los féretros y las flores. La documentación intervenida al Grupo El Salvador (miles de correos electrónicos y más de un millón de archivos de los discos dursos y el servidor) apuntala, según los investigadores «no solamente irregularidades contables, sino que constatan el irrespetuoso trasiego de cadáveres de unas instalaciones a otras del grupo empresarial por espurios intereses».

Pero, además, la documentación sometida al escrutinio de los investigadores ha revelado que desde la funeraria se realizaban determinados 'regalos' a empleados de una veintena de residencias de mayores de la provincia que facilitaron que fallecidos en estos centros residenciales fueran asistidos en sus honras fúnebres por el Grupo El Salvador. A cambio, según la documentación analizada por el informe policial, estos facilitadores de las residencias recibían entre 180 y 200 euros por fallecido e incluso entradas para los toros.

En las conclusiones de su último informe, la Policía Judicial considera que en la ingente documentación analizada hay base suficiente para «apuntalar» la acusación contra la familia Morchón de una práctica irregular que habría comenzado a raíz de las denuncias de los vecinos de la urbanización próxima al tanatorio El Salvador por los humos de las incineraciones, lo que habría decidido a la gerencia de la empresa a derivar las cremaciones al cementerio de Santovenia. Y hacen hincapié en la participación de la hija menor en las actividades supuestamente ilícitas, a pesar de las reiteradas manifestaciones exculpatorias del gerente hacia su hermana Laura y de que el letrado defensor, Guillermo Ruiz Blay, ha solicitado que se la excluya del procedimiento judicial. Para los investigadores, está acreditado tanto por los correos como del estudio de los discos duros y del servidor del Grupo El Salvador que la hija menor «no se limitaba a rellenar máquinas de tabaco de la cafetería o a efectuar compras en los supermercados», sino que «participaba en la dirección y toma de decisiones del nuevo tanatorio y, por lo tanto, no podía ser ajena al trasiego de cadáveres desde estas instalaciones hasta el cementerio de la misma empresa».

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