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Agentes del grupo UDEV-1 de la Policía Nacional de Valladolid han intervenido esta mañana tres libros y han accedido a dos bases de datos ... del tanatorio El Salvador de Valladolid para recabar más documentación en el marco de la denominada Operación Ignis sobre el supuesto 'cambiazo' de ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015 durante el proceso de cremación.
Los policías han intervenido el libro de incineraciones del tanatorio de 2019, y el de los registros de incineraciones del Cementerio Parque El Salvador de los años 2019 y 2017 (este último no fue hallado durante las entradas anteriores). Asimismo, los investigadores han accedido a las bases de datos informatizadas del tanatorio y del cementerio para la realización 'in situ' de una copia de archivos en los que se encuentra la relación de todas las incineraciones.
Un registro que llega después de que los titulares del grupo funerario, miembros de la familia Morchón, entregaran más documentación hace unas semanas, entre ella una memoria USB a la que no han podido acceder los investigadores al ser un sistema de almacenamiento ajeno a la Policía Nacional y el libro 'Entierros e incineraciones' de 2017, el cual no era solicitado por la UDEV.
La diligencia ha sido practicada por funcionarios de paisano adscritos a este grupo de investigación junto con personal especializado del área de informática, sin presencia de personal uniformado para preservar el normal funcionamiento y garantizar la intimidad de los clientes.
Por su parte, al grupo funerario les «ha extrañado» esta entrada y registro «porque se les había facilitado tanto la documentación digital como la física. Además, eran documentos que no habían recogido en la primera entrada y registro. Con todo el tiempo que ha transcurrido parece que es una vuelta al inicio. Pasa el tiempo sin que se ponga fin a la instrucción», han afirmado.
Hace unos meses, un informe elaborado por Policía Nacional en Valladolid, a partir del análisis de una veintena de dietarios ocupados en el Cementerio Parque El Salvador, sostenía que hubo actuación delictiva por parte de los responsables y trabajadores del mismo al hacer creer a los familiares de los fallecidos que estos eran incinerados en el tanatorio de la capital, cuando en realidad se efectuaba en instalaciones de Santovenia, una vez realizada la supuesta 'sustracción' de ataúdes.
El informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 se enmarca en las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo UDEV-I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid en el entorno del grupo empresarial El Salvador, por las que la jueza titular mantiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas miembros de la familia Morchón, titular del negocio.
Los peritos han analizado un total de 22 dietarios –desde 1997 a 2019, si bien solo faltaba el de 2017– con ocasión de los registros llevados a cabo en varias de las instalaciones del citado grupo empresarial el 31 de enero de 2019, fecha en la que se conoció la denominada Operación Ignis. La documentación se intervino en dependencias del Cementerio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga.
La veintena de dietarios ha sido además cotejada con las 26 libretas intervenidas al extrabajador Justo M. G, cuyas manifestaciones destaparon el supuesto escándalo registrado entre los años 1995 y 2015 en el grupo funerario, periodo en el que, presuntamente, se dio el 'cambiazo' a féretros de alta calidad por otros mucho más barato antes del proceso crematorio.
Al respecto, la policía constataba que las declaraciones del extrabajador, quien reconoció que en muchos casos las incineraciones no se realizaban en el Tanatorio El Salvador sino en el cementerio, «evidencian que los datos aportados por éste se ajustan a la realidad», y ello a pesar de que la defensa de los investigados haya puesto en tela de juicio la veracidad de sus afirmaciones e incriminaciones y enmarque todo en un intento de extorsionar a la familia Morchón.
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