La jueza del caso de los ataúdes devuelve catorce inmuebles embargados al funerario Morchón

Por ese motivo, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, Maria Teresa Javato Martín. ha acordado levantar el embargo de 14 bienes inmuebles que pertenecen a Parque El Salvador SA y de otros cuatro propiedad de Agencia Funeraria Castellana, ambas sociedades de la familia Morchón, de manera que en la pieza de responsabilidad pecuniaria se reduce dicho embargo en un importe aproximado de un millón de euros. Así, el valor catastral de los bienes inmuebles embargados quedaría en unos 3,8 millones de euros. La instructora considera que esta cantidad es suficiente porque ya hay intervenida por el Juzgado la cantidad de 982.815 euros que la policía judicial encontró en metálico durante el registro del domicilio del veterano funerario y principal investigado en la causa. Con esta decisión, la magistrada también tiene en cuenta «el posible desfase existente entre el valor catastral y el valor de mercado de los bienes».

Además, el auto estima la petición de la defensa de Morchón para que se nombre un perito que realice una valoración del resto de los bienes embargados.

El 5 de febrero de 2019 la magistrada decretó el embargo de 45 bienes inmuebles de estas entidades, por un valor catastral de 6,7 millones de euros. En enero de 2020 se estimó en parte el recurso de reforma que planteó la defensa de Morchón y se levantó el embargo de dos propiedades cuyo valor catastral era de 1,8 millones, de forma que el valor catastral de los bienes embargados en este procedimiento era de 4,9 millones. Para valorar los perjuicios se tuvo en cuenta provisionalmente la cantidad de 5,9 millones de euros sobre 5.985 féretros sustraídos a razón de mil euros por cada uno de ellos. Pero ahora se cuenta con un nuevo elemento para determinar el perjuicio económico concreto, que es el informe policial de valoración de los ataúdes y sobre ese informe considera el juzgado procedente reducir el embargo de los bienes inmuebles.

La documentación intervenida en 2017 en el domicilio de un trabajador del Grupo El Salvador, que es la clave del caso del 'cambiazo' de los ataúdes, sustenta las conclusiones de los investigadores y la valoración definitiva del montante que pudo ganar la funeraria con esta supuesta estafa. El informe policial de «valoración de féretros», fechado el 25 de junio de 2021 y remitido a la jueza que investiga la denominada «operación Ignis», abierta formalmente en 2018 y que desembocó en la detención de la cúpula de la empresa funeraria en 2019, calcula que el grupo obtuvo un beneficio ilícito de 3,8 millones de euros solo por la «sustracción» de 5.997 féretros que los investigadores consideran probados que realizaron entre los años 1995 y 2015.