Una empresa analizará la situación del 'parking' de la Plaza Mayor en los próximos dos meses

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado hoy que se lleve acabo «una investigación privada para abordar las irregularidades de la situación en la que se encuentra el aparcamiento de la Plaza Mayor», indicó José Antonio de Santiago-Juárez, quien ejerció de portavoz en la Comisión de Seguimiento y Vigilancia en la Contratación del Consistorio.

El PP, que ya había tratado de que se iniciase una «acción de información reservada» con respecto a la concesión del parking, que los populares sostienen que está vencida desde 2017, la formalizó ayer por escrito, lo que implicó que se votase entre todos los grupos.

La petición salió rechazada con los votos en contra del PSOE y Valladolid Toma la Palabra, la abstención de Ciudadanos y los votos a favor del PP y Vox. «Lo vamos a llevar al Pleno de abril y veremos si quieren investigar o no», señaló Santiago-Juárez, quien asegura que «ha habido dejadez por parte del equipo de Gobierno» y que «se arrastra esta situación desde la pasada legislatura».

Por su parte, el Ayuntamiento adjudicó el este lunes el estudio económico sobre la situación del aparcamiento, y será una empresa la que se encargué en los dos próximos meses de averiguar «la compleja» disposición en la que se encuentra la concesión. «No descartamos ningún escenario», explicó el concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, quien entiende que el PP «solo quiere crear revuelo y montar un pequeño escándalo».

«La Comisión de Contratación no está para estas cosas, les hemos dado las bases de la licitación para el informe económico, la empresa adjudicada, dentro de las dos que había, ya que tres antes la complejidad del tema habían declinado presentar oferta», explicó Herrero. El objetivo de la petición de este estudio, según el Ayuntamiento, es datar «la fecha exacta del fin de la concesión».

La licencia del parking, «un tema complicado», como admiten desde el Consistorio, tiene su problemática en que la concesión estaba en un principio adjudicada a dos empresas, una por cada planta del subterráneo, que posteriormente se unificó. De ahí «un problema», que el Ayuntamiento pretende afrontar con ese análisis económico, que incluso podría finalizar en los tribunales entre el Consistorio y la empresa concesionaria que explota el aparcamiento.

La concesión se remonta a un acuerdo del pleno adoptado en 1988 en el que, ante la previsión de que la concesión de la primera planta del aparcamiento subterráneo acabara antes que el de la segunda, no se establecía la fecha final, pero sí un prorrateo del plazo de ambas alturas, de ahí «un vacío» que se pretende aclarar con el análisis económico de los dos próximos meses.

«Puede que los datos sean conformes para ambas partes o solo para una. Que nos digan que la concesión no está vencida. Pero para eso tenemos que esperar», concluye Pedro Herrero.