Cuarenta años del plan que cambió radicalmente las calles de Valladolid

De anticonstitucional e ilegal llegó a tildarse el Plan General de Ordenación Urbana cuya redacción y aprobación estaba llevando a cabo el primer gobierno municipal democrático. Una de las decisiones más importantes que tomó el Ayuntamiento gobernado por el PSOE y el PCE. Si las elecciones fueron en abril de 1979, el 30 de julio de ese año ya se aprobó la 'Revisión y Adaptación del Plan General de Valladolid y Comarca' que terminaría por conocerse como Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984.

Casi cinco años transcurrieron desde aquel julio de 79 hasta el 31 de enero de 1984, día en el que la Consejería de Obras Pública y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León publicó la aprobación definitiva del PGOU, dirigido por el arquitecto madrileño Bernardo Ynzenga Acha.

Cuarenta años han pasado de aquel Plan que modificó radicalmente el rumbo que llevaba el urbanismo, la vivienda y el desordenado crecimiento de Valladolid, que venía marcado por el Plan de Reforma de Alineaciones de 1950 y el PGOU de 1969 conocido como plan Mesones por haber sido dirigido por el arquitecto Javier de Mesones Cabello.

El proceso de redacción y aprobación fue complicadísimo, y sujeto a enormes presiones, tanto por una sociedad muy movilizada desde hacía años en demanda de escuelas, parques, y frecuentes manifestaciones contra la especulación, como por los propietarios de suelo, pues se paralizaron los planes parciales que había en marcha, y no se concedían nuevas licencias.

El concejal socialista delegado de Urbanismo, Manuel González, en el pleno celebrado el 29 de julio de 1983 de aprobación provisional del plan antes de remitirlo a la Junta de Castilla y León, manifestó que se trataba de equilibrar el crecimiento, de impedir la expulsión de las clases populares de sus asentamientos actuales, mantener las zonas del casco histórico y eliminar la desconexión con los barrios periféricos. Mariano García Abril, portavoz del Partido Popular (entonces aún era Alianza Popular) alegó que había sido escaso el tiempo que se dio a la oposición para estudiar el plan y pidió la apertura de un nuevo periodo de información pública.

Finalizado el debate, se sometió a aprobación: a favor el grupo socialista y el concejal del PCE, en contra, la oposición. «Hagamos una ciudad más vivible, pero no impidamos que se haga ciudad», reclamó AVECO (Asociación de Empresarios de la Construcción y Afines) en una de las sesenta y cuatro alegaciones presentadas al Plan, y lo calificó de «Anticonstitucional, ilegal, confuso y extremadamente complicado».

Criticaba la catalogación de más de un centenar de edificios en el casco histórico, y se oponía a las cesiones gratuitas por considerarlas absolutamente desproporcionadas y confiscatorias, lo que era un ataque a la propiedad privada. Las cesiones se referían a la superficie que los promotores tenían que aportar al común para que la ciudad dispusiera de suelo para dotaciones.

La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana también incidía en la dudosa constitucionalidad del Plan porque atentaba, a su parecer, contra el derecho de propiedad al imponer a los propietarios un peso y carga excesivos que harán muy difícil que se pusieran en marcha proyectos de construcción de vivienda.

Y los promotores de viviendas calificaron de crítica la situación del sector en Valladolid debido a la inseguridad jurídica en que están situados, «de tal forma que la regresión de la actividad económica alcanza límites alarmantes», manifestaron. La causa, apuntaban, se debe a la paralización de todos los Planes Parciales de los años 70 que había impuesto el Ayuntamiento para reconducir la excesiva densidad de vivienda y la carencia de espacios libres.

Coleaba aún, por ejemplo, el famoso Plan Parcial Ribera de Castilla. En Rondilla, el único espacio libre donde se podrían ubicar dotaciones y espacios verdes, conocido como Ribera de Castilla, estaba en las inmediaciones del río Pisuerga, pero el Ayuntamiento de los años 70 tenía otros planes para aquel suelo: la construcción de un número de viviendas, que sumadas a las ya construidas, harían que el barrio alcanzara una espeluznante densidad de población y perdiera prácticamente todo el suelo aún libre.

En aquellos años el Ayuntamiento decidía el planeamiento urbano en clara sintonía con inversores que conocían de antemano los planes municipales, e iban adquiriendo suelos sabedores del valor que tendrían en un futuro muy inmediato al ser declarados urbanos por los arquitectos y concejales. Así, el lápiz del arquitecto en muchos casos iba moviendo las rayas del planeamiento en indisimulada connivencia con los intereses de los promotores, por lo que fue un acierto que los trabajos del plan se encargaran a un equipo externo y no a los servicios técnicos del propio Ayuntamiento.

Los profesores Miguel Fernández Maroto y Luis Santos Ganges escribieron en 2020 un dossier publicado por el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, en el que, al referirse al plan del 84, escribieron: «lo primero que hay que destacar es que el plan aportó uno de los mejores diagnósticos urbanísticos que se hayan realizado nunca sobre la ciudad de Valladolid. En la medida en que la revisión debía tratar de corregir los problemas generados en las décadas anteriores, era imprescindible describir y analizar en profundidad la situación de la ciudad y los problemas que la aquejaban, y dicha tarea se realizó con una intensidad y calidad dignas de reconocimiento entonces y ahora».

Y añadían que en Valladolid la situación era muy delicada, porque en los años del desarrollismo, el centro había sufrido muchísimo, se proyectaban planes parciales sin ninguna visión de conjunto, los barrios como Delicias, Pajarillos o Rondilla presentaban densidades desmesuradas de población y se carecía de suelo para dotaciones y zonas verdes y la ciudad solo crecía hacia el sur.

Bernardo Ynzenga, que estuvo en Valladolid el 3 de junio de este año participando en una mesa redonda organizada por la asociación «Ciudad Sostenible», para hablar del PGOU de 1984, comentó que se estudió todo sobre Valladolid: las infraestructuras, la vivienda, el patrimonio, la catalogación, etc. y se produjo una masa de información absolutamente descomunal, y añadió que aquel excelente conocimiento de la ciudad puso a la luz los desequilibrios, y eso fue algo que no les gustó a las fuerzas vivas, por lo que hubo presiones de todo tipo.

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