El expediente judicial, de un grosor considerable, se encuentra depositado en el Archivo de la Real Chancillería. Es el desarrollo de la noticia publicada en este periódico el 20 de agosto de 1931: dos días antes, la inspección de las cuentas del Ayuntamiento de Pedrajas ... de San Esteban, ordenada por el gobernador civil a requerimiento de varios vecinos, fue contestada con un motín de graves consecuencias. «Había sido promovido por determinados elementos interesarlos en que la inspección no se llevase a efecto, para lo cual excitaron los ánimos del pueblo, valiéndose de cuantos medios estaban a su alcance, incluso el vino», indicaba el periodista.
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En efecto. La designación de Florentín Quemada, un prestigioso profesor de Comercio que era, además, alto cargo de Hacienda, como delegado del Gobierno para investigar las cuentas de Pedrajas excitó los ánimos de una parte del vecindario. Quemada llegó auxiliado por Diego de León, que era jefe de la sección de Cuentas del Gobierno Civil. Enseguida trascendió su cometido principal: comprobar la supuesta malversación de 250.000 pesetas cometida por el entonces secretario del Ayuntamiento, Rufino Basas Hernández.
Todo sucedió el 18 de agosto de 1931, cuando Florentín se disponía a realizar su trabajo. En ese momento, una multitud de vecinos intentó asaltar el Ayuntamiento «con el objetivo de impedir violentamente la actuación del delegado en un expediente que se halla instruyendo por irregularidades administrativas», señala el informe judicial. Los instigadores eran el citado Basas, principal perjudicado por la investigación, su mujer Ruperta Sanz y el hijo de ambos, Gabriel. Tan es así, que Florentín y Diego tuvieron que llamar a dos miembros de la Guardia Civil de Íscar, Francisco Arganda y Fortunato Benavente, para que custodiasen las puertas. La tensión creció a cada instante.
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El momento culminante fue cuando Gabriel se asomó al balcón y animó a voces a la treintena de vecinos amenazantes a subir al salón. Eran las siete y media de la tarde. «La turba irrumpió en el portal de la Casa Consistorial arrollando e hiriendo a los Guardias y desarmando a uno de ellos con objeto de conseguir su propósito de no dejar al Delegado cumplir su misión gubernativa». Fue necesario solicitar refuerzos a la Guardia Civil de Mojados, Olmedo y Valladolid. Cuando llegaron los agentes, se encontraron a su compañero Fortunato Benavente con la cara y el muslo ensangrentados: había sido herido con arma blanca. Los amotinados rompieron incluso los cristales del coche de Quemada, y tenían pensado quemar el archivo, informaba El Norte de Castilla.
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A la una y media de la madrugada llegó el gobernador civil, José Guardiola Ortiz, pero los ánimos no se calmaron hasta pasadas las cuatro. 14 de los 34 procesados ingresaron en prisión, aún provisional, acusados del delito de sedición, desacato y alteración del orden público. Como principales instigadores fueron señalados Rufino Basas Hernández, su mujer y su hijo, los cantineros Cecilio Herrero García y Julio Azofra Sanz, Félix Arranz Hidalgo, Evaristo Calvo Herrero, Mariano Rivera Casero, Genaro García Sanz (alias «el enano»), Victoriano Maté Martín, y Celedonio Martín Herrero (alias «el añejo»). En septiembre, todos salieron en libertad provisional menos Félix y Gabriel Basas, que tuvieron que esperar hasta febrero de 1932, después de que el industrial Agustín Muñoz Sobrino les pagara la fianza.
De las testificales y de la defensa de los principales implicados se infieren las razones de fondo de aquel grave suceso. A la altura de 1931, Pedrajas de San Esteban estaba dividido en dos bandos políticos irreconciliables: los monárquicos, liderados por el ex gamacista José Bocos, mentor de Rufino, algunos de los cuales habían ocupado cargos políticos en la Unión Patriótica durante la Dictadura de Primo de Rivera, y los afines a Izquierda Republicana, partido en el que militaba el entonces diputado Isidoro Vergara, que tenía muchos amigos en el pueblo, así como el propio Florentín Quemada. No faltaron testigos que señalaron a Bocos, propietario de la fábrica de resina del pueblo, como verdadero instigador del motín.
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El suceso, finalmente, se saldó sin penas judiciales: si en junio de 1932 se dictó sentencia absolutoria para Basas y el alcalde, Agapito Adanero, del delito de malversación, la amnistía política del gobierno radical-cedista (octubre de 1934) borró el de sedición. Rufino Basas continuó con su oficio de secretario, pero en otros Ayuntamientos: Fuente el Sol, Ramiro y El Campillo. Peor le fueron las cosas a Quemada, asesinado extrajudicialmente en plena Guerra Civil (9 de abril de 1937) en la carretera de Adanero a Gijón.
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