Descarbonizar Valladolid supondría una inversión de 1.534 millones de euros

Sin embargo, el Sello Misión es un compromiso que ha necesitado, para llegar hasta aquí, unos hitos y datos concretos. Y que a partir de ahora precisa del cumplimiento de otra serie de hitos 'descarbonizadores' para poder conservar ese acceso preferente a subvenciones y ayudas.

«Durante año y medio se han analizado las ventajas, fortalezas, retos y dificultades de estas ciudades. Salió la convocatoria y en Valladolid veníamos trabajando en plantear una estrategia común con el resto de ciudades», explica Charo Chávez (PSOE), que lideró el proceso desde el anterior equipo de Gobierno (PSOE-VTLP). «Y la UE seleccionó cien ciudades que pudieran servir como laboratorio urbano para la descarbonización». De esas cien se han extraído, a su vez, diez que servirán como ejemplo. Las preferentes. Es un modo de encontrar ciudades que lideren el cambio, que hagan las veces de laboratorio y prueben soluciones que después puedan aplicar los que vengan detrás. Valladolid es una de las diez elegidas. Acompañada de otras cuatro españolas, Madrid, Zaragoza, Vitoria y Valencia, y de Cluj (Rumanía), Klagenfurt (Austria), Mannheim (Alemania), Sonderborg (Dinamarca) y Estocolmo (Suecia).

El Sello reconoce, explicaba la Unión Europea, a aquellas ciudades que «contienen un plan de acción y una estrategia de inversión». Y añadía: «Las ciudades cocrean sus contratos de ciudad por el clima con las partes interesadas a nivel local, incluidos el sector privado y los ciudadanos».

La meta ideal sería alcanzar la neutralidad climática. Y eso cuesta mucho dinero. «El Acuerdo Climático de Valladolid establece que la inversión necesaria para alcanzar la neutralidad climática es de 1.534 millones de euros, alcanzando un escenario de reducción del 85% de las emisiones y compensando el 15% restante de las emisiones residuales». Esa compensación llega a través de los sumideros de carbono -especialmente las zonas verdes, en las que Valladolid es un ejemplo-, pero el quid de la cuestión está en la reducción de las emisiones. Es ahí donde se plantea una vez más una batalla política.

Así, Valladolid aspira a una reducción del transporte motorizado de en torno al 30%, a una «tasa anual de renovación de edificios del 2%» y que un 40% de las construcciones nuevas cumplan con los máximos estándares de eficiencia energética. Otra cuestión crucial es la de las redes de biomasa, claves para lograr reducir el impacto de las calefacciones en la contaminación. Así consta en el Acuerdo Climático de la ciudad de Valladolid. Un documento que apoyaron con su rúbrica el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León y al que se adhirieron además CEOE, Cámara de Comercio, Avadeco, Fecosva, Michelin, Vitartis, Asociación española de la biomasa, sindicatos, Universidad de Valladolid, Cartif, Cidaut, Colegio de Arquitectos de Castilla y León, Colegio de Economistas, Colegio de Ingenieros, Intras, Inea o Execyl.

En juego está la lucha contra el cambio climático, imparable en algunos aspectos pero matizable, pero también muchas cuestiones relacionadas con la salud. En todos los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, a partir del máximo histórico alcanzado ya, la temperatura media del planeta va a subir. La clave está en cómo y en cuánto. Con unas emisiones muy bajas, se situaría en torno a 1,5º más para el año 2100. Con unas emisiones muy altas podrían alcanzarse, dicen los modelos científicos, los 5º de incremento. Y España es una de las regiones del mundo en las que las proyecciones auguran un aumento dramático de las sequías, por ejemplo. Así lo vaticinan la Agencia Estatal de Meteorología y la Oficina Española de Cambio Climático.

Eso se traduce en salud y en dinero. Según la Alianza Europea de Salud Pública (EPAH por sus siglas en inglés), la contaminación del aire nos costaba en 2020 una media de 1.276 euros por ciudadano europeo. Incluye las muertes prematuras, los tratamientos médicos, la abstinencia laboral y otros efectos de las altas concentraciones de partículas conocidas como PM, ozono y dióxido de nitrógeno. En Valladolid, el coste se estima en 838 euros por habitante, lo que arroja 253 millones de euros anuales.

El Plan de Acción Climática de Valladolid señalaba que el 40% de las emisiones de CO2 provenían del transporte. El 24%, de los edificios. Y el 36%, de la industria. Eso se ha cuantificado en toneladas de CO2 equivalente (tCO2eq). Es decir, el conjunto de todos los gases de efecto invernadero traducido a toneladas de CO2, incluido el propio dióxido de carbono, emitidos por la acción del hombre.

En 2010 las emisiones de Valladolid fueron de 4.466.536 toneladas de CO2 equivalente en industrias y edificios y de 1.828.604 en transporte. En 2021, once años más tarde, se midieron 933.842 toneladas de CO2 equivalente en industrias y edificios y de 480.671 en transporte. A 4,74 toneladas por habitante. Una tonelada equivaldría, gráficamente, a una piscina de 10 metros de ancho por 25 de largo y 2 de profundidad. Unos 509.400 litros. Multiplicados por un millón y medio de toneladas solo en Valladolid en un año.