Veinte respuestas y muchas dudas sobre la nueva Zona de Bajas Emisiones de Valladolid

Desde que se abrió el plazo, el pasado 21 de julio, la Concejalía de Tráfico y Movilidad ha recibido una veintena de propuestas, que han llegado por correo electrónico, mediante el registro general del Ayuntamiento o a través del buzón digital de reclamaciones y sugerencias. Todas ellas, y las que se reciban hasta el próximo 15 de septiembre, cuando concluye el plazo, «van a ser valoradas y estudiadas», explican fuentes municipales.

Pese a que el plazo de consulta ha coincidido con fechas de inactividad en la mayoría de asociaciones y colectivos de la ciudad, desde el Ayuntamiento entienden que hay que cumplir con los límites temporales que la normativa establece, que determinan el 1 de enero de 2024 como la fecha tope para la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones. Hasta 149 municipios de más de 50.000 habitantes deberán activar antes de esa fecha una ZBE para reducir las emisiones contaminantes de vehículos con motor de combustión y mejorar la calidad del aire.

El actual equipo de Gobierno pretende «lograr un impacto mínimo tanto en la movilidad como en la actividad comercial de Valladolid». Hasta la fecha, el Ayuntamiento está recibiendo una propuesta diaria de media. El contenido varía en función de sugerir o incluir mejoras en el actual planteamiento, proponer una ampliación de la zona que pretende reducir la contaminación o, por el contrario, apostar por su disminución.

Pero sigue habiendo muchas dudas sobre este proceso, lo que provoca que asociaciones y colectivos se empiecen a movilizar para concretar reuniones a nivel interno con el fin de enviar su consulta dentro del plazo establecido, ya que quieren que se les tenga en cuenta a la hora de tomar futuras decisiones. Es lo que sucede, por ejemplo, en la Asociación de Escuelas Católicas de Valladolid. «El planteamiento que hay hasta ahora de la zona de bajas emisiones afecta a 17 colegios y a unos 6.000 alumnos dentro de Escuelas Católicas y, al igual que hicimos en el anterior periodo de alegaciones que finalizó en febrero, esta vez no vamos perder la oportunidad de presentar al Ayuntamiento nuestra consulta», avanza el presidente de la asociación en Valladolid, Francisco Otero.

Los representantes de los centros tiene previsto un reunión a principios de septiembre para exponer sus dudas y redactar un documento que va en la misma línea que el que plantearon en meses anteriores. «Queremos resolver tres dudas fundamentales. La primera relacionada con la extensión, porque desconocemos el alcance de la nueva zona de bajas emisiones y, por lo tanto, a cuántos centros afectaría la misma; segundo porque no sabemos en qué va a consistir este nuevo planteamiento y, tercero, continuaremos pidiendo la flexibilidad horaria que también pedíamos al anterior gobierno», aclara Otero.

Esa flexibilidad a la que se refiere el representante de Escuelas Católicas tiene que ver con la petición de excepciones a las familias que dejen o recojan a sus hijos de los colegios, de forma que se les permita circular a las horas de entrada y salida de la jornada escolar y por las zonas en la que el tráfico se vería más restringido al entrar en vigor la normativa.

«Volveremos a hacer hincapié en la utilidad de crear una base de datos o una ampliación informativa que registre las matrículas de los padres que necesiten dejar o recoger a los alumnos, de modo que estas familias no sean sancionadas. No siempre se puede ir al colegio andando o en transporte público», recalca Otero, quien deja claro que «no estamos ni negando el cambio climático ni en contra de que se haga una ciudad más sostenible, pero hay que tener en cuenta ciertas excepciones. No es lógico que sí puedas llevar tu mascota al veterinario y te puedas meter en la ZBE y no puedas llevar a tus hijos al colegio en función del coche que tengas.

También la Asamblea Ciclista y la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado tienen previsto reunirse en las próximas semanas para diseñar y tramitar sus consultas.

«Pasó lo mismo con la consulta pública previa a la derogación de la ordenanza de carriles bici y bus, tampoco se sabía en qué iba a consistir, a qué zonas iba a afectar en concreto y ahora vuelve a suceder. Esas dudas las compartimos todas las asociaciones en favor de la movilidad sostenible de la ciudad», lamenta el portavoz de la Asamblea Ciclista de Valladolid, Rodrigo Martín.

«Desconocemos si se va a derogar la ordenanza vigente, si se va a archivar y a concretar una nueva..., lo cierto es que hay demasiadas dudas y poca información hasta el momento», señala. Aunque saben que el planteamiento es el de reducir la ZBE a la mínima expresión, solicitarán de nuevo una propuesta ambiciosa, con más extensión y mayores restricciones en zonas de especial sensibilidad, como colegios y hospitales.

«Pediremos de nuevo suprimir el acceso libre a las 2.800 plazas de rotación de los doce aparcamientos comerciales públicos que se encuentran dentro de zona y que no hacen más que añadir vehículos que no son de residentes», concreta Martín.

Desde la Asamblea Ciclista llevan un año estudiando el impacto en la calidad del aire según las zonas donde el tráfico es más o menos denso. «Mediante un dispositivo que mide parámetros de contaminación del aire y que acoplamos a las bicicletas, hemos detectado que hay zonas de especial contaminación, como son la del Clínico, la zona del Colegio San Agustín o la del Amor de Dios. En cambio, la zona del Instituto Núñez de Arce no ha registrado parámetros llamativos, quizás en parte por la disminución de la cantidad de coches al disponer del carril bici en esa zona», explica.

También incide en el momento de incertidumbre en que se encuentra el proceso la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado. «No tuvimos respuesta a las alegaciones, pero vamos a hacer lo mismo que entonces. Realmente no se entiende que se haga una consulta previa a una ordenanza que se va a modificar. El proceso que se está llevando en este sentido es bastante llamativo por calificarlo de algún modo», advierte la presidenta de la Federación, Margarita García.

«Si la anterior zona no llegaba a los requisitos de la Unión Europea, dudo mucho que la que planteen ahora vaya a hacerlo. Tendrán que aportar información y datos contrastados al respecto para justificar su decisión y lo más lógico sería presentar una nueva ordenanza con su correspondiente periodo de alegaciones, no de la forma que se está llevando a cabo, un tanto extraña», finaliza García, cara visible de la Federación de Asociaciones Vecinales, que se reunirá en las próximas semanas con otros colectivos que también presentarán sus consultas.