Valladolid

Las claves del debate integración-soterramiento

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad está compuesta por Ayuntamiento de Valladolid (25%), Junta de Castilla y León (25%), Adif (7,5%), Adif Alta Velocidad (30%) y Renfe (12,5%). Todos ellos firmaron un nuevo convenio en el año 2017 en el que apostaba por la integración ferroviaria (túneles y pasos a través de la vía) en lugar de por el soterramiento. Esta Sociedad había firmado ya en 2003 un convenio para el soterramiento, del que se ejecutaron algunas obras, principalmente en la periferia del término municipal, como el soterramiento en el Pinar de Antequera y el inicio de la variante de mercancías.

Durante la vigencia de ese convenio inicial de 2003 se genera una deuda de 400 millones de euros que aboca a la Sociedad Alta Velocidad a su disolución. Adif y Renfe asumen esa deuda de 400 millones a cambio de las plusvalías que se generen en los suelos liberados junto al Paseo de Farnesio, y se pacta acometer un proyecto de integración ferroviaria. En 2017 se habían ejecutado obras por 554 millones de euros, de las que la Sociedad Alta Velocidad había aportado 442,8 millones y Adif-Renfe, 111,4.

La deuda contraída, después de haber dispuesto de 400 millones de crédito, debería haberse resuelto con la venta de los terrenos liberados por la operación, pero no fue así. A día de hoy aún no se ha despejado el solar que ocupaban los antiguos talleres de Renfe junto al paseo de Farnesio. Al no haber liquidez ni para continuar con las obras de soterramiento ni para devolver el crédito, la Sociedad Alta Velocidad decide, en febrero de 2017, elaborar un nuevo convenio, esta vez de integración ferroviaria.

-Se establece un calendario de pagos para costear dos grandes cuestiones: por un lado, la integración de las vías a su paso por la ciudad; por otro, las infraestructuras que permitirán a Adif y Renfe desviar el tráfico de mercancías, construir unos nuevos talleres y crear un centro logístico intermodal. Parte de esas obras las costearían en solitario Renfe-Adif, como el coste de construir una nueva estación de tren con un presupuesto de en torno a 70 millones de euros. La estación de autobuses correría a cargo de la Junta de Castilla y León.

En marzo de este mismo año, la Junta de Castilla y León (PP) y el Ayuntamiento de Valladolid (PSOE-Toma la Palabra) pactan adelantar parte de los pagos futuros y se modifica el calendario de pagos inicialmente previsto, y que también había variado previamente, en 2020, por la pandemia.

-Si la Sociedad Alta Velocidad se disuelve, la deuda se repartiría entre todos los socios. Si se rompe por el abandono de una de las partes, las demás podrían reclamar indemnizaciones. Así lo estipula la cláusula séptima del convenio: «El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Convenio por cualquiera de las partes podrá dar lugar a su resolución, a instancia de la parte perjudicada por el incumplimiento, con la indemnización de daños y perjuicios pertinente».

El coste de la integración se fija en 299 millones de euros. Ya se han aportado 121 millones de euros. Pero el calendario fija que el Ayuntamiento debe aportar en 2024 un total de 11 millones de euros. Es el pago más amplio de todo el calendario. Serían 8,4 millones en 2025, 7,6 en 2026, 6,7 en 2027. Y se prolongarían, de modo decreciente, hasta 2033. No hacer frente a esos pagos, mientras no se varíen las condiciones del convenio de común acuerdo, supondría que el Ayuntamiento incumple lo firmado y puede incurrir en causa de disolución de la Sociedad (punto 4).

El Ayuntamiento de Jesús Julio Carnero, que insiste en el soterramiento, pide que no se obligue a la institución a poner esos 11 millones, que se aplace o difiera una parte porque hay liquidez en la Sociedad Alta Velocidad para seguir con las obras en marcha y quiere negociar las opciones de intentar el soterramiento. El propio Carnero explicó que hay tesorería suficiente como para continuar con las obras en marcha, toda vez que además el Ayuntamiento no tiene intenciones de licitar nuevos pasos, como el de Arco de Ladrillo. «En estos próximos meses tenemos necesariamente que sentarnos a hablar porque nuestra intención es no seguir con la integración ferroviaria y la intención del Ministerio, a lo mejor, es seguir», aventuró el alcalde.

Óscar Puente, ministro de Transportes, insiste en ceñirse al convenio firmado en 2017. El Ayuntamiento deberá cumplir con su parte, acometa o no las obras de integración previstas. Mientras tanto, Adif y Renfe seguirán con la construcción de la variante de mercancías, el nudo intermodal y demás infraestructuras contempladas en el convenio y que disponen de presupuesto y liquidez. Puente no contempla variar el convenio, que está firmado y por tanto obliga al Ayuntamiento a mantener sus aportaciones económicas hasta 2033. Si Carnero, después, prefiere no ejecutar los pasos previstos bajo las vías para no interferir en un futuro soterramiento, tendrá que negociarlo también en el ámbito de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que es quien licita estas obras.