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El teatrillo político tiene más de efectismo que de eficacia. Por ejemplo. Llevas una moción al Pleno municipal para «instar», verbo comodín que en la práctica no significa nada, al Gobierno a que eche un cable a Inobat, que aspira a obtener en torno a 120 millones de euros de uno de los PERTE ... (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) creados para atraer empresas al territorio nacional. Esto supone que una carta con membrete del Ayuntamiento de Valladolid llegará al despacho del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y le «instará» a poner el currículo de Inobat en lo más alto del montón de currículos. «Trátalo con cariño, Jordi. Siempre tuyo, el Ayuntamiento de Valladolid». Algo así.
Dice la teoría de los seis grados de separación que todos estamos conectados por un pequeño número de contactos, unos seis. Pues al Ayuntamiento de Valladolid le sobran varios para llegar a Hereu. De móvil de Jesús Julio Carnero a móvil de Óscar Puente, aunque sea por 'whatsapp', y de ahí a móvil de Hereu. Jaque mate en dos. Y ahí lo de 'trátalo con cariño, Jordi' se refuerza porque los dos, alcalde y ministro, alcalde y ex alcalde, ambos interlocutores con Inobat, consideran que esa empresa tiene los visos de ser viable y de merecer esa participación en el PERTE. Que dice Rocío Anguita (VTLP) que ojo con pasarse en lo del cariño, claro. «Espero que no estemos pidiendo al Gobierno de España que prevarique. Hablamos de una convocatoria competitiva». Pero es obvio que las reuniones con las empresas interesadas o potencialmente interesadas en concurrir han sido la tónica, promovida desde el propio Gobierno para garantizar el éxito de estos planes extraordinarios.
La cuestión es que Inobat aún no tiene siquiera el suelo disponible, y eso es uno de los requisitos imprescindibles para optar a las ayudas. Por eso, según desveló el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, firmó con Inobat un protocolo de cesión del suelo. Un compromiso por escrito que sirva como aval de que se cuenta con el suelo necesario, aunque en este caso se trate de 20 hectáreas que parece que no serían suficientes, puesto que se estimaba que Inobat necesitaría 50 hectáreas de terreno. Según Herrero esto responde a la falta de agilidad del Ayuntamiento en modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Esa modificación del PGOU que [PSOE y VTLP] empezamos en 2023 es necesaria para que la compañía se presente al PERTE, porque debe acreditar la disponibilidad del suelo y como no han terminado de hacerla, han acordado eso para que la empresa pueda demostrar que dispone de 20 hectáreas de titularidad municipal, aunque entendemos que no es el suelo definitivo», acusó el portavoz socialista.
La respuesta del concejal de Hacienda, Francisco Blanco, fue que más allá de empezar una tramitación, el anterior equipo de Gobierno dejó todo a medio hacer. «Ustedes no habían resuelto nada en tiempo y forma. La declaración inicial se puede hacer en suelo municipal y en eso estamos trabajando. ¿Cuál es el liderazgo de Puente? Lo dejó todo deslavazado, las fotos, los flashes, pero la organización y lo difícil es para otros».
Más allá de esta cuestión, poco tiene que hacer ya el Ayuntamiento. La moción de apoyo propuesta por PP y Vox, con tres puntos, prosperó con las mismas generalidades que otras veces. Se solicita al Gobierno «una apuesta clara por la cadena de valor del vehículo eléctrico en Valladolid», se pide que aumenten las partidas para «implantar nuevos proyectos de inversión industrial» para vehículos eléctricos e híbridos, y que se mejoren los incentivos fiscales del plan Moves. En definitiva, se «insta» una vez más a quien tiene competencias a que las ejerza. Si alguien tiene deberes son la empresa, Inobat, que debe pedir las ayudas, y el Ministerio de Industria, que debe resolverlas. El PERTE VEC III ya se ha convocado. De hecho, lo anunció el propio Jordi Hereu a principios de julio. Se ha dotado con 100 millones en inversiones y 100 millones en préstamos para la cadena de valor y con 300 (200 en inversiones y 100 en préstamos) para producción de baterías. A modo de ejemplo, en la segunda versión del plan, Renault Palencia obtuvo una ayuda de 62 millones de euros. El plazo para empezar a presentar las solicitudes, en el caso de producción de baterías, ya ha terminado. El de las ayudas a la cadena de valor comienza el 16 de septiembre y termina el 4 de octubre. Incluso en el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado se establece el tipo de interés de los préstamos que se concedan, el 3,058%, y el plazo de amortización, «10 años con tres de carencia». Y antes de acabar el año, si se cumplen los plazos del Ministerio de Industria, se convocará el PERTE VEC IV.
El Pleno del Ayuntamiento también tuvo tiempo para cuestiones más terrenales pero con el mismo trasfondo político. Por ejemplo, el PSOE y VTLP intentaron hurgar en la brecha PP-Vox autonómica lanzando una moción sobre la acogida a los menores extranjeros no acompañados. Pero PP y Vox le dieron la vuelta con una enmienda de sustitución que reconvirtió la moción inicial en otra cosa, con lo que los proponentes acabaron votando en contra y los interpelados, a favor.
Entre medias, en el debate, Rocío Anguita (VTLP) atacó por el sentido humanitario y las contradicciones entre acoger a refugiados ucranianos y no acoger a los de Burundi, por ejemplo. «Hablamos de acoger niños y niñas que vienen a nuestro país huyendo de la guerra. Nuestra ciudad se declaró amiga de la infancia en 2012. Ese es un compromiso que se debe materializar en acciones concretas». Pedro Herrero (PSOE) dijo que no entendía cómo el PP se oponía a un texto que estaba prácticamente copiado «del programa electoral del PP y eso es enfangar». Rodrigo Nieto (PP) defendió lo hecho por el Ayuntamiento tradicionalmente y recordó que no tiene competencias en el asunto. «En 2022 acogimos a 28 menores. En 2023, a 23 menores. Hablamos de personas, de seres humanos. Ahora les interesa este tema, cuando lo pueden utilizar políticamente. Antes no les interesaba».
Irene Carvajal (Vox) retomó la 'senda Vox' de relacionar inmigración y delincuencia y lo hizo con un dato antiguo que, además, se demostró falso por la propia fuente citada por la concejal. «Según los datos de la Guardia Urbana de Barcelona, el 80% de los delitos se cometen por menas marroquíes que habitan en chabolas», dijo. En su día lo replicaron varios medios, pero la propia Guardia Urbana barcelonesa lo desmintió. Rocío Anguita (VTLP) le respondió con otra estadística más local. «Las infracciones penales cometidas por personas extranjeras en Castilla y León son el 17%. En la provincia de Valladolid, 156 delitos cometidos en todo el año en 2022. La mayoría de los delitos los cometen españoles de pura cepa», afirmó.
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