Los ayuntamientos PP-Vox que colaboren en acoger menas se exponen también a la ruptura

El PP ya puso su límite hace una semana. La posición del Gobierno de Castilla y León respecto a los inmigrantes la fija la Consejería de Familia, es decir, el PP. No permiten intromisiones de Vox en un departamento, el de asuntos sociales, que, por otro lado, la organización de Santiago Abascal no ha querido asumir en ninguno de los gobiernos autonómicos en los que ha entrado.

A pesar de estos condicionantes, sin embargo, fuentes de la dirección nacional de Vox han asegurado que los ayuntamientos que colaboren con la inmigración ilegal -y entienden por ella el acogimiento de estos menores- se verían expuestos a una posible ruptura del pacto de Gobierno municipal. Y eso es clave, en Castilla y León, en dos consistorios muy relevantes, el de Valladolid y el de Burgos, ambos con alcaldes populares.

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Lo que ocurre es que los ayuntamientos no tienen voz ni voto en esta cuestión, según han confirmado varias fuentes municipales y autonómicas. La Consejeria de Familia decide dónde ubicar a los menores de acuerdo con asociaciones humanitarias. Estas asociaciones pueden tener convenios de colaboración con los ayuntamientos o recibir subvenciones, pero no tratan directamente con ellos nada referido al acogimiento de los inmigrantes. No tienen ninguna competencia al respecto. De modo que si Isabel Blanco decide enviar a diez de estos menores a Valladolid, puede hacerlo sin consultar con nadie del equipo de Gobierno municipal.

Hay que recordar que en el actual Gobierno de Valladolid también es el PP el que lleva la concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, delegada en Rodrigo Nieto.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha preferido mantenerse al margen de la polémica por la crisis PP-Vox y esperar acontecimientos. «Lo que esté por venir, acabará llegando», ha señalado este jueves, y ha añadido que deben ser los representantes de Vox los que decidan qué hacer llegado el momento.