Valladolid

La Audiencia Nacional pide a la justicia alemana que investigue el caso Ala Octa

Llegó a hospitales públicos y privados, fuera y dentro de España y perjudicó a los pacientes de distintas edades dejándolos con ceguera sin curación alguna y también afectando a los oftalmólogos y complejos asistenciales que confiaban en un producto en sus intervenciones quirúrgicas cuyo empleo resultó fatal. Un producto que, según confirmó la investigación del IOBA de Valladolid, encargado de la misma en su día, estaba contaminado.

Así que se abrieron procesos judiciales y algún paciente incluso recibió indemnización; pero otros, como los de Valladolid, aún no han visto ninguna compensación económica tras diez años del daño ocasionado. Este pasado mes de febrero, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Mesas, admitió una querella al respecto de la Fiscalía contra las tres empresas que fabricaron, comercializaron y vendieron el producto Ala Octa para dichas cirugías.

La misma, admitida por delitos de lesiones graves y contra la salud pública, se dirigió contra la empresa alemana Alamedics GmbH&Co KG (fabricante del producto), BSI Group Deutschland (entidad certificadora) y la comercializadora con sede en Barcelona W.M. Bloss SA, esta última en concepto de responsabilidad civil.

Y en este proceso, la Audiencia Nacional acaba de dictar una resolución judicial en el marco de las diligencias previas en la que requiere, a través de la autoridades judiciales de Alemania, diversos datos sobre actividad y situación además de querer tomar declaración por videoconferencia a los representantes legales de los fabricantes del producto. con el objetivo de determinar responsabilidades y posibles delitos.

Según explica el letrado el letrado Carlos Gómez Menchaca, del despacho de abogados que defiende nueve casos en España, entre ellos los de Valladolid, «el impulso judicial penal a través de la orden europea de investigación es muy favorable para los afectados. Son datos y responsabilidades que de otro modo sería muy difícil y costoso averiguar para los particulares. Además, tal vez está iniciativa pueda conllevar intentos de acuerdos extrajudiciales con el seguro».

En concreto la providencia judicial, del 12 de marzo de 2024, concreta que se informe sobre la identidad y domicilio del representante legal de Alamedics en Dornstadt y de SI Group Deutschland en Frankfurt, en Alemania y de si la primera «está en situación activa, disuelta o liquidada». Hay que tener en cuenta que la misma retiró todos los lotes de Ala Octa del mercado español y, posteriormente, a raíz de la polémica, cesó la fabricación y distribución y procedió a la retirada de todos los lotes disponibles en el mercado a nivel europeo y mundial y se declaró en quiebra. Por lo que su investigación judicial, en particular sobre si cambio de nombre y referencias, es fundamental en el caso. El juez también requiere al representante legal de ambas compañías para que se informe sobre si tenían en los años 2014 y 2015 (años en los que se empleó ) algún seguro de responsabilidad civil.

Asimismo, la Audiencia Nacional pide que se señale fecha para recibir declaración por videoconferencia de los portavoces legales de dichas empresas así como que se certifiquen los artículos aplicables del Código Penal alemán en los que encajarían los hechos relatados en esta querella, «en su forma de comisión imprudente o en su forma de comisión dolosa por dolo eventual».

También solicita información sobre si en Alemania ha habido un proceso judicial similar y si hubo al respecto sentencia firme; así como conocer el plazo de prescripción de estos delitos en Alemania y también si se tratara de una eventual acción civil bien sea acumulada al proceso penal o, si no fuera posible, de forma independiente.

El magistrado de la Audiencia Nacional admitió esta querella por considerar que los delitos que se van a investigar son competencia de la misma y que las víctimas son de nacionalidad española por lo que recae la competencia en este órgano judicial.

En su resolución, el instructor solicitó a la Agencia Española del Medicamento Productos Sanitarios (AEMPS) el listado de todas las personas afectadas en los casos notificados y que se han estudiado en el análisis clínico de ese organismo; así como la indicación del centro sanitario donde a cada uno de esos pacientes se les aplicó el Ala Octa.

De Jorge acordó entonces, además, remitir el informe de la AEMPS al médico forense para que elabore un dictamen sobre el tiempo máximo en el que puede considerarse que se ha producido la estabilización de las distintas lesiones con objeto de tener una primera valoración sobre el plazo de prescripción.