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De los juicios con jurado celebrados este último año en la Audiencia de Valladolid, este con el que cierra la agenda antes de Navidad, es el que menos tiempo ha tardado el tribunal popular para llegar a un acuerdo: culpable. Las cinco mujeres y los ... cuatro hombres del jurado se encerraron a deliberar a las 17.30 horas del miércoles y este jueves, poco después del mediodía, el portavoz estaba leyendo el veredicto en audiencia pública: César F. M., de 39 años, extrabajador de la extinta Lauki, más de media vida en tratamiento psiquiátrico, vecino del barrio vallisoletano de Parquesol, es culpable del asesinato de su madre, el 30 de enero de 2018.
La declaración del acusado, que ha sido juzgado desde el día 12 de diciembre, no ha convencido al jurado, que, aunque no pone en duda que César F. M. estaba muy unido a su madre y la quería «más que a nada en el mundo», no se ha creído que la muerte de Sacramento M. T. de 73 años, que sufría un ictus desde 2015 que la tenía de la cama a la silla de ruedas -con medio cuerpo paralizado y sin poder comunicarse más que con movimientos de cabeza y sonidos incongruentes- se intoxicó voluntariamente con dosis letales de medicamentos para cumplir un plan de suicidio conjunto inspirado por ella porque ella no quería sobrevivir a su hijo pequeño cuando este se quitara la vida.
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El jurado ha dictaminado, por unanimidad, que César F. M. mató a su madre, que se aprovechó de su desvalimiento y por ello es asesinato, de manera que hace suya la tesis de la Fiscalía, que ha mantenido su petición para el encausado de 20 años de prisión en un centro penitenciario ordinario. Aplica la circunstancia atenuante de confesión de los hechos, ya que el acusado contó todo lo que había hecho a los agentes de la Policía Nacional de Benidorm que acudieron a la llamada del hotel Bali ante el supuesto intento de suicidio que el joven vallisoletano iba a protagonizar tirándose desde la torre 2 del complejo hotelero, al día siguiente de cumplir su «misión»: suministrar fármacos en dosis letales a su madre para después, como la mujer «roncaba como un tronco» pero no se moría, taparle con gasas y cinta adhesiva los orificios nasales y la boca, para luego utilizar una almohada con la que rematarla. El jurado tiene muy en cuenta el agravante de parentesco y descarta que se haya probado durante el juicio que el hombre actuara bajo los efectos del alcohol y ello disminuyera sus capacidades.
Tampoco creen que el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo que le fue diagnosticado a los 23 años le haya impedido conocer la diferencia entre el bien y el mal o haya incidido de manera decisiva a la hora de cometer el crimen, que planificó con detalle e incluso «escenificó un monólogo» en seis horas y media de grabaciones para justificar lo que iba a hacer ante sus hermanos. El jurado por ello entiende que debe cumplir pena en un centro penitenciario ordinario y no en un psiquiátrico, y que no cabe la suspensión de la condena ni los beneficios del indulto.
Solo el punto diez del objeto del veredicto no consiguió el voto unánime del jurado, pero salió adelante porque solo eran necesarios siete de los nueve votos. Uno de los jurados consideró, en contra de la opinión generalizada, que no estaba probado que, la noche de autos del 29 de enero de 2018, como la noche pasaba y Sacramento no había muerto tras administrarle los medicamentos, «el acusado colocó en su boca y en la nariz unos algodones, fijados con cinta adhesiva, y le tapó la cara con la almohada para acelerar su muerte, que finalmente se produjo el 30 de enero de 2018 sobre las 14:00 horas». El jurado no considera acreditado que el acusado tuviera una intención real de suicidarse ni que hubiera un pacto con su madre para «irse» ambos.
Una vez leído el veredicto, la magistrada presidenta del jurado, María Teresa González Cuartero, de la Sección Cuarta de la Audiencia, ha concedido un receso de diez minutos para que las partes se repensaran sus conclusiones. La fiscal Mónica Campo, que había pedido una condena de 20 años de prisión, ha mantenido invariable su petición y además, respecto de la situación personal del acusado, ha pedido que se le prorrogue la prisión provisional, dado el veredicto de culpabilidad.
La letrada Carmen Hedrosa ha interesado para su defendido la pena mínima para el asesinato, de quince años de prisión, y que el tiempo de cumplimento sea en un centro psiquiátrico y no en una prisión. Además, se opone a la responsabilidad civil y a que se le prorrogue la prisión provisional.
Ahora tendrá que ser la magistrada-presidente del jurado quien elabore la sentencia sobre la base del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado y establezca tanto la pena de prisión como el resto de condiciones de la condena.
César F. M. ha defendido durante el juicio «que jamás haría daño» a su madre. «Era lo que más quería en el mundo y jamás haría algo que ella no quisiera», manifestó el procesado durante el interrogatorio, argumento que repitió en su última palabra al término del juicio, el pasado miércoles 18 de diciembre.
Según el objeto del veredicto, el jurado, por unanimidad, considera probado que el padre del acusado falleció en 2017 tras permanecer enfermo varios años y necesitar ayuda permanente para su vida diaria. Dos años antes, la madre sufrió un infarto isquémico que le afectó al lado derecho de su cuerpo de tal manera que permanecía en silla de ruedas o encamada. El ictus le afectó al lenguaje y no emitía palabras comprensibles, solo sonidos monosilábicos y gestos, «afectándole también a la capacidad de comprensión». Su hijo estaba en paro desde 2015, vivía de la pensión de viudedad de la madre y contaban con una empleada de hogar contratada por horas. César empezó a fraguar la muerte de su madre en diciembre de 2017 «porque su cuidado suponía una carga gravosa para él, que le desbordaba, y, no consiguiendo controlar la realidad cotidiana en el domicilio familiar, decidió poner fin a esta situación dando muerte a su madre y, seguidamente, intentar suicidarse», sostiene el veredicto.
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