El Arzobispado de Valladolid amplía la investigación sobre el capellán de las Angustias acusado de abusos

Blázquez informó la semana pasada, en persona y durante una visita a Roma, tanto del suceso como del comienzo de la investigación canónica (que no solo analizará este caso concreto, sino que rastreará toda la vida religiosa del acusado, desde su ingreso en el seminario). Lo hizo ante los integrantes de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano colegiado de la Santa Sede que (con orígenes en un órgano creado en 1542 por el papa Pablo III) se «ocupa de los delitos contra la fe, así como de los delitos más graves cometidos contra la moral y en la celebración de los sacramentos». Entre otras competencias, aquí se incluye la vigilancia de los casos de abuso sexual. El papa Francisco nombró a Ricardo Blázquez miembro de esta congregación en abril de 2015 y el arzobispo de Valladolid decidió informar en persona –durante la última reunión, celebrada la semana pasada– del inicio de esa investigación canónica, que ya lleva en curso tres semanas.

El Arzobispado de Valladolid tuvo conocimiento el pasado domingo 12 de enero –después de una denuncia de la madre en la comisaría de Delicias– de los hechos por los que ahora se juzga al capellán de las Angustias. Ese mismo día, el cardenal Blázquez apartó al sacerdote –en principio de forma temporal y hasta que se resuelva la instrucción del caso– del ejercicio público del ministerio sacerdotal. Esta es una medida que todavía hoy sigue en vigor.

Al día siguiente, lunes 13 de enero, se fijó el inicio de la investigación canónica a partir de la firma de dos decretos. En el primero se hacían efectivas las medidas cautelares que ya un día antes se establecieron «de viva voz». El cura acusado era retirado de sus cargos y oficios y suspendido de todas las funciones para el ejercicio público sacerdotal. Desde entonces, permanece bajo la tutela de la diócesis. Hasta que no se haya resuelto judicialmente el caso, sigue dado de alta en la Seguridad Social y cobra el salario mínimo.

De forma paralela, Blázquez designó ese mismo día 13 (lo que, según el obispo auxiliar, Luis Argüello, es muestra de «rapidez y contundencia» en la respuesta) a dos personas para que lleven a cabo una exhaustiva investigación sobre «toda la vida del presbítero», desde su ingreso en el seminario hasta su posterior labor dentro de la Iglesia católica. Para ello, se han establecido las figuras de un investigador (encargado de recabar datos y tomar testimonios)y un notario, que dará fe de la veracidad del proceso.

Esa labor está en estos momentos en marcha y en ese expediente se incluirán también los hechos ocurridos hace diez años, cuando este mismo sacerdote –destinado en Zaratán– fue denunciado por un padre que interceptó las comunicaciones vejatorias que el cura, entonces treintañero, dirigía a su hija de 14 años por la red social Tuenti. La justicia  archivó esa primera denuncia, pero ya entonces –y aunque no hubo condena civil– el Arzobispado fijó una sanción para el sacerdote acusado y lo retiró del ministerio durante dos años. Durante ese tiempo, estuvo acompañado de un «custodio» que supervisó su comportamiento y actividad.

Ahora, el Arzobispado avanza en una investigación canónica que irá paralela y está supeditada a la instrucción judicial. Blázquez informó en el Vaticano del suceso y del inicio del proceso interno, pero el protocolo establece que no se enviará ningún documento ni resolución del expediente hasta que no se haya pronunciado la Justicia civil (el juez tomará mañana declaración a la madre de la menor). Cuando se produzca esa sentencia se adjuntará a la investigación canónica y, en función de ambos informes, se pronuciará la Congregación para la Doctrina de la Fe, que puede tomar medidas directamente o bien decidir que sea el Arzobispado de Valladolid el que intervenga con la sanción que estime oportuna. Las penas pueden ir desde la suspensión temporal del sacerdocio hasta la expulsión definitiva.