El Arzobispado reforzará la revisión de iglesias tras el derrumbe en la Vera Cruz

«La situación de los bienes patrimoniales en Valladolid es adecuada», dice Jesús García Gallo, delegado de Patrimonio del Arzobispado, quien subraya que «son pocos los edificios que hoy están en uso (o han estado) y se encuentran en riesgo real de entrar en ruina». Actualmente, apunta, son «muy poquitos». La preocupación se centra en tres. Las iglesias de Cubillas, de San Martín de Valvení y la de Nuestra Señora de Arbas (en Mayorga). Y a estos templos habría que sumar la ermita barroca de Nuestra Señora de los Perales (Velliza). La vigilancia de estos edificios es intensa, con estudios arquitectónicos sobre la mesa y un objetivo claro, que su situación no se agrave hasta tal extremo que ingresen en la delicada lista de los inmuebles en ruina.

El Arzobispado tiene localizados veinte edificios (trece parroquias, seis ermitas y un cementerio) que han entrado en esta categoría.

Además, la entidad Hispana Nostra, una asociación no lucrativa que trabaja en la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural, ha identificado diez edificios que incluye en su lista roja (y que en algunos casos coincide con el recuento del Arzobispado). El año pasado, a través de Hispana Nostra, se organizó una campaña de recaudación de fondos para restaurar la ermita del humilladero de Torrescárcela. Se consiguieron 24.350 euros.

Estos son los inmuebles que preocupan especialmente. En el resto, puede haber achaques (de humedades, desgaste de la piedra o en las cubiertas), pero la situación general es «adecuada». Eso sí, advierte García Gallo, «siempre que la línea de apoyos y la situación económica se prolongue sostenida en el tiempo». En este sentido, recuerda los convenios que el Arzobispado suscribe de forma periódica con la Diputación vallisoletana, «que han supuesto una implicación de los ayuntamientos y han logrado un objetivo importante para la conservación de estos edificios». El acuerdo para este año y el próximo alcanza un total de 1,2 millones. Existe una comisión de seguimiento que analiza el estado de los edificios para determinar aquellos que requieren una intervención más urgente. Y esa comisión de técnicos se fija en el estado de los elementos estructurales, cerramientos o instalaciones, en si los daños impiden que el edificio reúna las mínimas condiciones de funcionalidad o si, de no llevar a cabo la obra con urgencia, pueden existir riesgos para la seguridad de las personas.

A esta línea de ayudas con la Diputación se unen las de la Consejería de Cultura, que se suelen centrar en inmuebles catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), y que son 67 en la provincia.

En Valladolid hay 616 bienes religiosos vinculados con la diócesis. Son 370 parroquias, 140 ermitas y 106 cementerios. En este listado no están reflejados los pertenecientes a congregaciones, órdenes religiosas ni los conventos de clausura. Sí que se han sumado los 52 inmuebles (35 parroquias, cinco ermitas y 52 cementerios) cedidos a otras entidades, en su mayoría, ayuntamientos, y para fines culturales y sociales. «Aunque estas cesiones -advierten desde el Arzobispado- no siempre son garantía de que se corrija la situación de deterioro».

Y la conservación implica no solo al edificio en sí, a la parte arquitectónica propiamente dicha, sino también a la escultura en piedra, la heráldica vinculada, la pintura en pared, las yeserías… y a los elementos vinculados históricamente al inmueble, como retablos, sillerías, rejerías, carpinterías de cierre o los órganos.

¿Los principales caballos de batalla? «Las cubiertas y las humedades», destaca García Gallo, quien recuerda que el arzobispado destina cada año más de un millón de euros, de fondos propios, solo para estas tareas (y sin contar el dinero para el mantenimiento cotidiano). A esto habría que sumar las labores que cada parroquia emprende a través de las colectas y las aportaciones particulares que recibe. Algunas (por el número de fieles y de vecinos de cada localidad) tienen capacidad para hacerlo. Otras lo tienen muy complicado.

Y aquí entra en juego uno de los enemigos para la conservación patrimonial: la despoblación. La pérdida de vecinos en numerosos territorios impacta en la capacidad que tienen para cuidar sus joyas urbanísticas. «Se quiebra la ratio población/patrimonio, que está desequilibrada. Hay una desproporción entre el equipamiento religioso católico y la población que va a atender», cuenta García Gallo. Hay municipios con grandes iglesias sin apenas fieles. Hay casos en los que las celebraciones religiosas no se hacen en la parroquia principal, sino en espacios más pequeños, ante las dificultades, por ejemplo, para afrontar gastos de electricidad o calefacción. Y a esto se añade «la pérdida de cohesión y de estructura social», con intereses como la conservación de su patrimonio. Si la gente se marcha del pueblo, deja más desatendidos sus edificios históricos.

Y este no es un problema nuevo. «A principios del siglo XX ya se vivió un fenómeno de despoblación, vinculado con la electrificación y la obligatoriedad de la escolarización», que provocó un primer éxodo desde los pequeños municipios hacia las cabeceras de comarca. «Esto se vio de forma clara en la línea del Zapardiel, con familias que se mudaron a Nava del Rey y Rueda». Una segunda fase llegó a partir de los años 50, con la mecanización agraria y la creciente industrialización, que intensificó los flujos desde el medio rural hasta la ciudad. Hoy, ese vaciamiento rural suele estar vinculado con el acceso a servicios básicos de salud y educación. «Y está la ambigüedad de las autovías, que son más usadas para vivir en la ciudad y acercarse los fines de semana al pueblo que para vivir en ellos», cuenta García Gallo, quien apunta un factor más, el de la «cultura de la emigración», con la fuga a las grandes ciudades (por ejemplo, Madrid), con la idea de que allí hay más posibilidades de futuro.

Todos estos fenómenos acumulados, defiende García Gallo, han impactado en los padrones de las localidades y esto influye en su capacidad para conservar su patrimonio. Pero hay más aspectos que afectan. Como la secularización. «Culturalmente, somos menos religiosos que las generaciones anteriores». Y esto implica un menor uso de las iglesias. Un ejemplo claro se ve en los entierros. Cada vez es más habitual la incineración o la visita al tanatorio. «Hay una demanda menor del culto católico. La iglesia se usa menos y hay menos asistencia». Pero, al mismo tiempo, se vive un auge del «cristianismo popular», con la celebración de procesiones, de romerías, de la Semana Santa.

Ante este panorama, desde el Arzobispado destacan que la conservación del patrimonio eclesiástico debe entenderse como una misión colectiva. «Es una obligación de todos, también de la Iglesia, que tendrá que alentar y coordinar». «Una parte importante de la economía de las parroquias, a veces escasa, va dedicada a cuestiones de mantenimiento». El Arzobispado dedica una parte de su presupuesto a partidas específicas, que, en conservación de edificios y, especialmente, en gastos de funcionamiento suelen rondar los cinco millones al año (la mitad del total presupuestado). Y recuerda que la misión principal de estos edificios es su uso litúrgico (misas) y pastoral (catequesis o grupos de formación). Junto a esta misión, hay otros usos y valores culturales, patrimoniales, turísticos o etnográficos que no solo implican a la iglesia, sino al conjunto de la sociedad. «Hay un apartado vinculado con la rentabilidad social del patrimonio, su capacidad para atraer visitantes, que queda un poco al margen de la iglesia, pero que es importante». De ahí, la colaboración con las administraciones públicas, y algunas donaciones privadas, para conservar el patrimonio. Y aquí, las crisis económicas también influyen. Durante la recesión de 2008 o la crisis derivadas del coronavirus, bajaron las aportaciones destinadas a conservación cultural.

El derrumbe de la cúpula de la Vera Cruz ha puesto de nuevo el foco en la conservación del patrimonio eclesiástico de la provincia, que presenta un estado «adecuado», pero que no debe olvidar, advierten desde el Arzobispado, los riesgos que puede presentar si se deja de lado la implicación social en un patrimonio común.