La antigua sede de Hacienda se desprende del andamiaje a falta de un año de obra

La reforma de esta histórica construcción inaugurada en 1933, obra del arquitecto Manuel Cuadrillero y Sáez y que comenzó en septiembre de 2022, afronta su recta final, aunque, según la información facilitada por la Consejería de Economía y Hacienda, todavía quedaría un año de trabajo para que su renovación integral se complete y pueda acoger de nuevo actividad administrativa. La fecha del estreno está fijada para septiembre de 2025. De momento, su envolvente de forma trapezoidal luce como nueva tras la intervención en sus tres caras.

Después de detectarse problemas en la cimentación y vicios ocultos durante la ejecución de las obras, el Gobierno autonómico se vio obligado a aprobar un modificado del presupuesto el pasado mes de febrero. Subió de los 14.081.980 euros previstos en un primer momento -seis de ellos procedentes de fondos europeos- a los 16,8 millones. A ese montante definitivo del tajo, hay que añadir los 361.293 euros que costó la elaboración del proyecto arquitectónico por parte de la unión de empresas formada por los estudios de Ábalo y G. Cabanillas.

Estos imprevistos también han obligado a prolongar el plazo de la obra en seis meses. En este momento, tras resolver esos problemas en la estructura del inmueble, los operarios de Constructora San José se centran en la edificación de los nuevos forjados -el interior fue vaciado en su integridad- y su compartimentación para albergar las salas y despachos que acogerán a los funcionarios.

Este futuro centro administrativo regional de 7.200 metros cuadrados construidos puede alcanzar una ocupación aproximada de 300 trabajadores. De momento, el Ejecutivo regional sigue sin definir qué servicios se trasladarán a él. En la información facilitada por la consejería que gestiona Carlos Fernández Carriedo, únicamente se apunta que se «agruparán organismos y unidades funcionales dispersas con el objetivo de reducir las cargas en arrendamiento y la liberación de alquileres que actualmente se soportan». El dato del ahorro que podría suponer para las arcas de la comunidad se estima en más de 720.000 euros anuales.

En un principio, se especulaba con agrupar en la plaza de Madrid a los efectivos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, repartidos en varios espacios de alquiler en la ciudad, pero el anuncio de este departamento de la construcción de una nueva sede en el barrio de Arturo Eyries, pendiente la revisión del proyecto y de la licitación de las obras, descarta que se vaya a destinar a este departamento.

Las expectativas entre los comercios y bares del entorno son altas después de que el éxodo de los funcionarios estatales a la sede de nueva factura que se levantó en Villa del Prado dejara el inmueble vacío allá por 2014. Salieron de él 400 empleados públicos y se perdió además el tráfico de las cerca de 2.500 personas que a diario, especialmente durante los meses de presentación de la declaración de la renta, acudían a las ventanillas a realizar sus gestiones fiscales.

Esta sede cuenta con una planta semisótano y otras cinco sobre rasante. Además de sus fachadas, el principal distintivo del inmueble es el patio central de doble altura que agrupa las dos primeras. Este espacio destaca también por los arcos y balaustradas, que se mantienen al ser un edificio protegido y que se asoman a la zona central, que se convertirá en un lugar para la celebración de actos, con una capacidad para 150 asistentes.

Una de las partes más destacables de esta reforma, según apunta la Junta, es la intervención para convertir este inmueble de principios del siglo pasado en una edificación «con un consumo de energía casi nulo» mediante de implantación de sistemas eficientes en la generación y climatización.