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Una nueva sede de 30 millones en Arturo Eyries agrupará a los 550 funcionarios de FamiliaNueva sede administrativa en Valladolid con un doble efecto: la reagrupación de servicios dispersos que ocupan espacios en alquiler en la capital para ganar eficiencia en la gestión y el impulso para un barrio que espera desde hace más de una década una revitalización de ... su tejido social y comercial. La Junta de Castilla y León está ultimando el proceso de licitación del edificio que levantará en el corazón de Arturo Eyries para alojar a los 550 empleados públicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales. El Ejecutivo regional ha consignado ya seis millones de euros en los presupuestos del presente ejercicio para arrancar con un proyecto que se paralizó con la última crisis del ladrillo y que conllevará una inversión de cerca de 30 millones de euros, según informa el departamento que gestiona Isabel Blanco.
El futuro inmueble, que se ubicará en una parcela central, delimitada por las calles Chile, Costa Rica y Colombia, junto al Mercatiendas, tendrá una superficie de 17.856 metros construidos, distribuidos en siete plantas: baja y seis pisos y una más de sótano. Si todo discurre sobre los plazos previstos, la obra puede arrancar a principios del año que viene. «Estamos con la supervisión del proyecto, por lo que una vez se concluya se estaría en condiciones de iniciar los trámites para la licitación de la obra, un proceso que puede oscilar entre los cuatro y los seis meses», explican en Familia, que no aporta aún plazo de ejecución, pero que para un edificio de estas características podría rondar los dos años. Así, en 2027 podría estar operativa.
La noticia ha ilusionado y mucho a los vecinos de Arturo Eyries -4.327 residentes y 1.992 viviendas-, que esperan que la llegada de ese medio millar de funcionarios más el flujo diario de personas que acudan a realizar gestiones contribuyan a dar más vida a un barrio que, según destaca Pilar Borreguero, presidenta de la Asociación La Hispanidad, está mejorando en los últimos años gracias a algunas inversiones municipales, como las pistas deportivas, que han permitido que vallisoletanos jóvenes que no lo conocían disfruten de una zona «tranquila y donde hay una buena convivencia, a pesar de la mala imagen que tiene para algunos». No obstante, tras el chasco sufrido cuando el anterior anuncio del proyecto decayó los residentes prefieren no emocionarse en exceso. «La gente está contenta, pero hasta que no lo veamos hecho…», acota Borreguero.
Las primeras pistas sobre este plan datan de 2008. Entonces, El Norte publicaba una información en la que se anunciaba que la Junta se estaba planteando ubicar una nueva sede administrativa en esa parcela sin concretar qué servicios acogería. Hasta 2010 no se redactó el primer proyecto, que ya se sí se centraba en la Consejería de Familia, la única sin sede propia en la capital vallisoletana. Este departamento del Gobierno autonómico se reparte ahora entre las oficinas de la calle Mieses y las del número 2 de la Francisco Suárez, dos ubicaciones en alquiler por las que se abonan cada año unas rentas que suponen un desembolso de entre 1,5 y dos millones de euros.
Cuando en 2014 se conoció que la Junta se quedaba con la antigua sede la Agencia Tributaria de la plaza de Madrid, ahora en pleno proceso de rehabilitación, se apuntó a este departamento como un candidato posible para ocuparlo. Sin embargo, la capacidad de este céntrico inmueble, de 7.300 metros cuadrados, ronda los 300 trabajadores, por lo que se desechó como espacio para una consejería con medio millar de empleados y que requería otras prestaciones para la gestión diaria del trabajo administrativo y la atención de los usuarios de los servicios sociales autonómicos.
Fue en diciembre de 2022 cuando se sacaron del cajón aquellos primeros planos del inmueble de Arturo Eyries que diseñó el arquitecto Primitivo González para actualizarlos después de una sequía de inversiones públicas a causa de una crisis del ladrillo que obligó a parar máquinas a todos. En 2010 el edificio proyectado tras una inversión de 405.000 euros en su redacción iba a tener una superficie de 26.000 metros cuadrados. Ahora, tras una revisión de ese diseño se compacta esta superficie hasta los 18.000.
Según la descripción e infografías facilitadas por la consejería, el edificio, de geometría rectangular, se articula para dos usos diferenciados. En su fachada norte, donde se habilitará la entrada, se ubicará el cuerpo de servicios mientras que en la fachada sur, la que ha a la nueva plaza creada en el barrio, se encuentra el paquete de oficinas en el que se ubican los despachos, así como las oficinas abiertas. Entre ambas zonas, se abre un patio interior ventilado.
El acceso la inmueble administrativo se realiza en planta baja desde la fachada norte donde se creará una nueva plazoleta con el objetivo integrar el edificio en la trama urbana y mejorar la estética del entorno. En su fachada sur, en la calle Costa Rica, a continuación de un parque con bancos, zonas ajardinadas y un conjunto de juegos infantiles inaugurado en 2021, se ubicará la cafetería, que dará servicio tanto a los trabajadores y usuarios de la Consejería de Familia, como a los vecinos en general, puesto que su ubicación «permitrá su uso sin interferir en la actividad principal del inmueble, incluso en horario diferente, según se explica en la documentación del proyecto».
En su construcción y diseño se apostará por la eficiencia energética, reduciendo la demanda a través de soluciones arquitectónicas bioclimáticas pasivas para condiciones de verano e invierno, con protecciones solares orientables, ventilación cruzada, vegetación y pavimentación clara en la urbanización del perímetro. También se busca la eficiencia en el ciclo del agua, con el empleo de vegetación autóctona, recogida de agua de lluvia y reducción de consumos. Contará, además, con instalación de máquinas de aerotermia y placas fotovoltaicas en la cubierta del edificio. También se busca fomentar comportamientos sostenibles mediante la instalación de aparcamientos de bicicletas o la dotación de plazas de estacionamiento para vehículos eléctricos.
Entre el vecindario, las expectativas de lo que pueda atraer este nueva sede son importantes. Borreguero echa de menos, por ejemplo, la apertura de algún supermercado en el barrio – «ahora hay que salir de aquí con el carrito para hacer la compra»- y la posibilidad de que se implanten nuevos negocios. Además, la presencia de un inmueble público en el corazón del barrio puede contribuir a revalorizarlo en todos los sentidos tras muchos años marcado por una imagen de marginalidad que, poco a poco, se va diluyendo tras las últimas inversiones en su trama, como las zonas deportivas o la plaza de la calle Costa Rica.
Las dos últimas grandes operaciones de construcción de nuevos edificios administrativos han tenido como escenario los barrios de Villa de Prado y Ciudad de la Comunicación. En el primer caso, la Agencia Tributaria se mudó en septiembre de 2014 a su nueva sede de la avenida de Salamanca tras una inversión de 21,5 millones de euros. Un año después, a finales de 2015, la Seguridad Social abandonó su espacio en Gamazo con destino a la calle Boston, en la margen derecha del Paseo de Arco de Ladrillo, donde levantó sus oficinas centrales con un coste de 19 millones. Esos traslados, ambos impulsadas por el Gobierno central, sacaron del cogollo urbano a cerca de 700 funcionarios en una mudanza que supuso una importante pérdida de actividad en el corazón de la ciudad. Fue entonces cuando afloró un intenso debate sobre el vaciamiento del centro que puso el foco ya en la Administración de Justicia. La primera de idea, con el PP en el Gobierno local y el PSOE en el central, era trasladar estos servicios a una parcela municipal entre Villa de Prado y Girón. Se llegó a redactar el proyecto de la Ciudad de la Justicia para ese solar por parte del arquitecto Primitivo González. El relevo en la Alcaldía, sin embargo, cambió el planteamiento y Óscar Puente y Manuel Saravia apostaron por no mover los juzgados de la zona de San Pablo y Angustias. Tras varios años de discusiones políticas en el seno del Ayuntamiento y varias gestiones fallidas, en junio de 2021 se aprobó la compra directa por parte del Consistorio del antiguo colegio de El Salvador por 8,3 millones de euros a Sareb, además de negociar con la Seguridad Social la cesión de parte del suelo del aparcamiento de la antigua residencia Río Hortega para que acoja el nuevo campus judicial, un proyecto que sigue pendiente de su desarrollo.
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