Los activistas de La Molinera anuncian que desobedecerán la orden judicial de desalojo

Jorge, Alejandra y Javier, los portavoces del colectivo, han señalado que la asamblea «ha decidido no desalojar este espacio y agotar todas las vías legales y físicas contra el desalojo». La primera vía, por un lado, parece agotada toda vez que la sentencia que ordena el desalojo es firme al haber sido ratificado (el 15 de diciembre) por la Audiencia Provincial y la física, por otro, choca contra la inminente ejecución del lanzamiento ordenada por el juez, que establece un plazo de cinco días para el desalojo voluntario desde la notificación en persona de la resolución a los dos activistas condenados. Esto último, según han asegurado desde el colectivo, aún no se ha producido.

Los activistas afirman que están estudiando la posibilidad de presentar un recurso contra el fallo judicial ante los tribunales europeos y animan a los usuarios del centro, y a la ciudadanía en general, a colaborar en «la defensa del espacio». Cuando expire el plazo de cinco días, que aún no habría empezado a correr, pero que estaría a punto de hacerlo, el protocolo legal estable que una comisión judicial con escolta policial acudirá el inmueble, situado en la esquina de las avenidas de Gijón y de Salamanca, a ejecutar el lanzamiento y facilitar la toma de posesión del dueño de sus actuales propietarios, la sociedad zamorana Zangano, que adquirió el mismo el 30 de marzo del año pasado.

«No vamos a permitir que los buitres (en alusión a los fondos de inversión) y los zánganos se queden con este pulmón social y democrático de Valladolid», han reiterado los portavoces del colectivo antes de considerar que las sucesivas resoluciones judiciales (la primera del juzgado y la de la Audiencia que la ratificó posteriormente) «son contrarias a lo que es justo» y de ahondar en que «no vamos a permitir que este edificio histórico (levantado en 1912 y catalogado como Bien de Interés Cultural) vuelva a ser objeto de la especulación que ya permitió que se abriera como un hotel de lujo -funcionó como tal entre 2009 y 2017-».

La Molinera mantiene, por ahora, sus actividades previstas para los próximos días y esta misma tarde, a partir de las ocho, tienen previsto celebrar una asamblea para «adoptar las decisiones a seguir» sobre la premisa de que este espacio «se va a mantener». Sus portavoces entienden, en este sentido, que el centro social «supone un bien común para la ciudad» y recuerdan que durante sus cuatro años y medio de existencia ha acogido «cientos de actividades culturales, deportivas, sociales, sindicales o políticas sin más beneficio que el social» para la capital.

Los activistas han recordado, además, que cuando ocuparon el antiguo hotel de cinco estrellas, que cerró sus puertas por sorpresa el 2 de enero de 2017, el inmueble había sucumbido al vandalismo y el expolio pese a su condición de edificio protegido, situado sobre la desembocadura del Canal de Castilla y que acogió la harinera La Perla entre 1912 y 2006. «Hemos invertido miles de horas y también mucho dinero en rehabilitar este edificio, mantenerlo y dotarle de vida», han destacado antes de incidir en que «ahora no vamos a permitir que vuelva a caer en manos de los especuladores sin que tengan un proyecto siquiera para este edificio histórico».

«Nuestro plan de la 'a' a la 'z' pasa por que haya Molinera para mucho tiempo», han concluido los portavoces del centro social. En su contra pesa una orden judicial de desalojo, en ejecución de una sentencia firme, que podría hacerse efectiva en los próximos días. 'No nos vamos. Este espacio continúa lleno de vida, poder popular y resistencia', anuncia un cartel que muestra a las claras la posición del colectivo que aún gestiona y ocupa el inmueble.