Una sociedad zamorana compra el hotel Marqués de la Ensenada y retoma su desalojo

Los nuevos titulares del inmueble impulsan ahora el proceso de desalojo y la investigación sobre el único inquilino legal del inmueble (solo una persona figura como residente en el edificio) y de un segundo activista, que fueron detenidos a finales de marzo en calidad de investigados, en un primer momento, por un posible delito de coacciones sobre los representantes de la anterior propiedad el día del desalojo.

Los dos activistas prestaron declaración el pasado lunes ante el titular del juzgado que instruye la causa en calidad de investigados por los posibles delitos, aún sin concretar, de usurpación (del inmueble), coacciones y atentado a la autoridad. Todo ello por lo ocurrido en la mañana de aquel 21 de marzo, cuando una comisión judicial, escoltada por policías locales y nacionales, procedieron al desalojo judicial del inmueble, que resultó fallido toda vez que agentes y representantes de la propiedad se retiraran y, en cierto modo, facilitaran a los activistas del centro social que volvieran a entrar sin que nadie pusiera obstáculos. Y allí siguen desde entonces.

«La orden judicial de desalojo no fue comunicada al inquilino del inmueble y, en cualquier caso, venía a nombre de los antiguos dueños (del hotel) -la sociedad Alba Patrimonial-», defiende la abogada de los activistas. Estos últimos, en su comparecencia ante el juez, defendieron que aquel día «no ejercimos violencia alguna ni coaccionamos a nadie cuando volvimos a entrar sin que nadie, ni policías o los supuestos representantes de la sociedad, lo impidiera», apuntaron tras la declaración.

El caso es que el antiguo hotel de cinco estrellas, construido en la histórica harinera La Perla (1912) y que abrió sus puertas en 2009 para cerrarlas de manera abrupta en 2007, pertenece ahora a la sociedad zamorana Zangano, con sede en Castrogonzalo -creada en 2020 con el fin social de 'actividades de gestión y administración de empresas-, cuyos responsables han declinado explicar los posibles proyectos que manejan para un inmueble catalogado y asentado sobre la desembocadura del Canal de Castilla. Dicha sociedad figura inmersa dentro en un conglomerado de empresas denominado Grupo Cobreros Gil, con la misma sede en la localidad zamorana.

La anterior propiedad reconoció el día del desalojo fallido que los futuros compradores (la venta se formalizó después) manejaban proyectos para reabrir el hotel o convertirlo en una residencia de personas mayores.

Los activistas del centro social, por su parte, consideran que van a continuar «especulando con este edificio histórico» y este sábado llevarán a cabo una 'consulta popular' (con la pregunta 'especulación o comunidad'), en la que repartirán mesas con urnas y papeletas por toda la ciudad en busca de apoyo a su proyecto de centro social autogestionado, que continúa funcionando como tal, con actividades y conciertos, desde la ocupación del centenario inmueble en junio de 2018, año y medio después del sorpresivo cierre del hotel (certificado el 2 de enero de 2017), que dejó en la calle sin previo aviso a sus trabajadores y que se gestó cuando aún había inquilinos en las habitaciones.