Los tribunales certifican el inminente final del centro social La Molinera

La resolución cierra así el proceso judicial abierto a raíz del desalojo fallido del antiguo hotel, situado en la esquina de las avenidas de Gijón y Salamanca, que tuvo lugar en la mañana del pasado 21 de marzo, cuando una comisión judicial, escoltada por policías locales, procedieron inicialmente al lanzamiento y minutos después el centro social volvió a ser ocupado por los activistas. Dos de ellos, identificados entonces por los agentes como cabecillas del grupo, y así lo confirman las dos sentencias, fueron detenidos posteriormente y se sentaron en el banquillo el 26 de julio.

La sentencia que condenó a ambos (dictada a las pocas horas de la conclusión de la vista oral) al pago de una multa de 480 euros por un delito leve de usurpación (léase okupación) y que ordenó ya entonces el desalojo voluntario del inmueble fue recurrida posteriormente por los activistas. Y es ahora cuando la Audiencia Provincial acaba de desestimar dichos recursos, al entender que carecen de base legal, y ratifica así punto punto el fallo inicial. Esta última resolución, firmada el 15 de diciembre, es firme y cierra definitivamente la vía judicial a la que se aferraban los usuarios del centro social para intentar frenar el lanzamiento.

Los autos, con la sentencia del tribunal, han sido ya devueltos al juez instructor (este mismo jueves) y este ha ordenado su ejecución e iniciado el correspondiente procedimiento ejecutorio para dar cumplimiento, en lo que la situación del inmueble se refiere, a la orden de desalojo voluntario. De manera que en los próximos días deberá fijar un plazo y la fecha en la que expira la salida de los 'inquilinos' del antiguo hotel de cinco estrellas, algo que ocurrirá presumiblemente a comienzos del año que viene, según han informado hoy fuentes del caso.

Cuando el plazo para el desalojo voluntario sea notificado a los afectados y llegue el día límite será el momento en el que acudan de nuevo al inmueble una comisión judicial, con los propietarios y una escolta policial, para certificar la marcha de los usuarios del centro social o proceder, en caso contrario, a su desalojo forzoso para permitir a los actuales dueños (una sociedad zamorana denominada Zangano Inversiones) tomar posesión del mismo.

Ese día, en definitiva, se repetirá la escena del pasado 21 de marzo, cuando el edificio aún pertenecía a la empresa Kelona Invest (su propietaria desde el 10 de mayo de 2021), que fue la que denunció la reocupación ilegal del inmueble y que posteriormente lo vendió a Zangano Inversiones, personada ahora en la actual causa penal, ya cerrada al no caber recurso contra el fallo de la Audiencia Provincial.

La resolución constata los hechos ocurridos aquel 21 de marzo y ratifica que los ahora condenados, junto a un «grupo indeterminado de personas», volvieron a entrar al inmueble después de que sus entonces propietarios hubieran tomado posesión (fugaz) del mismo. «Desde ese día los acusados -y el resto de usuarios del centro social- continuaron ocupando el inmueble contra la voluntad del dueño y con vocación de permanencia», recoge de forma expresa la sentencia.

El fallo, en este sentido, desestima los recursos de los dos condenados y concreta que su alegación de que los anteriores dueños (Kelona Invest) dieron su consentimiento verbal a la ocupación es «interesadamente incierta y no pasa de ser una mera alegación carente de todo tipo de prueba». La segunda ocupación, prosigue el fallo, «carecía de todo tipo de consentimiento por parte tanto de Kelona como de Zangano». La primera denunció los hechos y la segunda, cuando adquirió el inmueble, se personó en la causa penal. Esto último «revela ya de por sí la falta de autorización y la voluntad expresa contraria a tolerar la ocupación».

El futuro desalojo judicial, cuando se haga efectivo, pondrá fin a más de cuatro años de ocupación del inmueble catalogado, construido en 1912, al que accedieron los activistas en el verano de 2018, cuando el antiguo hotel cumplía año y medio de abandono, desde que sus últimos gestores cerraron por sorpresa el negocio, el 2 de enero de 2017, cuando aún había, incluso, clientes en su interior.