Segovia

El ministerio confirma una nueva concesión de las autopistas en 2029

Por ello, no se han sorprendido con la confirmación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma). En una contestación dada al Defensor del Pueblo, el departamento dirigido por Óscar Puente confirma que a partir de 2029 será necesaria una nueva licitación de las concesión de las autopistas que pasan por la provincia de Segovia. Ya no hay lugar a las dudas sembradas por el ministro en febrero, cuando confirmó que en 2029 terminaría la actual concesión. «Lo que pase a partir de ahí no lo sé en este momento», dijo en el Senado.

Con su contestación al Defensor del Pueblo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reconoce la nueva licitación. Aunque no resuelve la mayoría de las dudas que mantienen la incertidumbre entre los vecinos de la provincia de Segovia y de la localidad de El Espinar: las condiciones de esa nueva concesión. En su escrito, el Mitma reconoce que todavía no ha tomado ninguna actuación al respecto. Es decir, no ha decidido las condiciones de la misma, las tarifas a implementar, si supondrá el mantenimiento de los peajes o si habrá algún tipo de excenciones o bonificaciones.

El ministerio recuerda que se encuentra en licitación un estudio informativo, denominado 'Actuaciones en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 y en la Red aledaña tras la finalización de la concesión', en donde serán estudiadas las actuaciones necesarias en las tres vías encaminadas a mejorar la funcionalidad de esas vías. Entre los ejemplos citados por el Mitma figura la remodelación de enlaces -como el previsto en la N-603 a escasos metros de la cabinas de peaje de San Rafael-, la implantación de otros nuevos o la ampliación de áreas de servicio. Al referirse al citado estudio, no habla en ningún momento de bonificaciones o exenciones de peaje. Sí que lo hace para confirmar una vez más que no se ha tomado ninguna actuación al respecto de las condiciones de explotación que podría tener la futura concesión. Ahí el Mitma ya sí que habla de tarifas, peajes, excenciones de peajes o bonificaciones de los mismos.

Conocida la contestación del ministerio al Defensor del Pueblo, la Plataforma Solución a la Travesía de San Rafael insiste en que el Mitma no ofrece ningún tipo de solución inmediata o a futuro para solucionar el problema de seguridad vial en San Rafael. En este sentido, la plataforma eleva el número de vehículos que circulan a diario por la N-6 a su paso por el núcleo espinariego hasta los 19.000, de los cuales 4.000 son vehículos pesados.

La plataforma también insiste en que la falta de medidas supone una vulneración de la Constitución Española, En primer lugar, del artículo 14, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley. Aluden a este artículo al recordar que en otras zonas de España el Gobierno sí que ha tomado o está tomando medidas que por el momento no ha adoptado en San Rafael, acusación negada por el Mitma al sostener que cada autopista «está sometida a una legislación en función del momento en que se adjudicó y responde a unas circunstancias específicas». Pero además, la plataforma subraya una vulneración del artículo 17 al entender que se infringe el derecho fundamental a la seguridad de los vecinos de San Rafael.

Por otro lado, la plataforma también acusa al ministerio dirigido por Óscar Puente de incumplir el acuerdo firmado en 2011 por el Gobierno de España con la Comisión Europea para ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por el cual el Gobierno español se comprometió a que la nueva concesión que tendrá lugar a partir de 2029 sería licitada en 2019. Es decir, el Mitma reconoce en su escrito al Defensor del Pueblo no haber iniciado ninguna actuación sobre una liclitación que se acordó hacer cinco años.

Por todo lo expuesto, la plataforma solicita de nuevo al Defensor del Pueblo que exija al ministerio las actuaciones necesarias para adoptar una solución definitiva al problema de seguridad vial en la travesía de San Rafael. En este sentido, recuerda que hace meses que se descartó la opción de ejecutar una variante a la travesía y que las actuaciones de acondicionamiento para reducir el ruido de la calzada no solucinarían la alta intensidad circulatoría de vehículos por la N-6 a su paso por San Rafael.

Por último, también pide al Defensor del Pueblo que investigue una posible dejación de funciones del Gobierno de España en este sentido, «máxime tras la propia contestación del Mitma en el que se demuestra la clara intención de seguir incurriendo en dicha dejación de funciones y al incumplimiento del acuerdo entre España y la Comisión Europea de 2011».