«Entre 28 y 30» médicos sin especialidad pasan consulta en Segovia

La representante autonómica de Comisiones se refiere a la plantilla de médicos del primer nivel asistencial que trabajan sin haber cubierto la etapa de la especialización. Entre las dieciséis zonas básicas de salud que se engarzan para componer el mapa sanitario de la provincia «nos han dicho que hay contratados entre 28 y 30» facultativos de carrera con la titulación superior completada con éxito que pasan consulta y atienden a los pacientes de sus cupos sin atesorar el periodo formativo y específico del MIR de Familia y Comunitaria.

Ana Rosa Arribas se remite a los números que ha facilitado la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia y añade que en los centros de salud y consultorios de la provincia hay unos 190 médicos que prestan sus funciones en la Atención Primaria. Por lo tanto, los galenos contratados carentes de la citada especialidad representan entre el 14% y el 15% de la plantilla.

La secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en Castilla y León echa en falta más concreción y «voluntad» por parte de las autoridades a la hora de poner negro sobre blanco los números que dibujen la realidad de la capacidad asistencial que posee cada territorio, no solo Segovia, ya que hay otras gerencias que directamente no han contribuido al informe elaborado por la central sindical y no han facilitado ni un solo dato que deje atisbar la foto fija de su atención sanitaria.

Por ejemplo, «no hemos conseguido que nos den la distribución por zonas básicas de salud». La respuesta, lamenta Arribas, se hace de rogar ya «desde agosto», apostilla. Fue este pasado verano cuando el sindicato mandó un correo electrónico para pedir la información de los puestos vacantes en los centros para extraer el déficit de especialistas, calcular el relevo generacional que se necesitaría para dar cobertura a las bajas que se prevén por jubilación en los próxiomos años más inmediatos y localizar en el territorio en qué áreas se producen esas carencias.

La secretaria general de la Federación de Sanidad de CC OO en Castilla y León subraya que «no decimos que no trabajen; pero no pueden asumir las mismas atribuciones y tener las mismas retribuciones» que los profesionales que sí realizaron y aprobaron la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, que «son cuatro años más» de formación tras la titulación universitaria. Asimismo, Ana Rosa Arribas es partidaria de que «la población tiene que conocer quién le atiende».

También advierte de que un médico que no es especialista «no puede hacer el trabajo de tutorización» que sí llevan a cabo los que poseen esos cuatro años de instrucción y formación específicas en su haber.

La posición de CC OO con respecto a la medida promovida por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de cubrir el déficit de médicos con facultativos sin la especialidad, por lo tanto, es de rechazo matizado. Las voces contrarias, más o menos firmes, se han sucedido en las últimas fechas desde que la Administración regional defendiera la legalidad de incorporar a los centros de salud galenos sin la especialidad de Familia con el objetivo de enjugar el déficit de profesionales que arrastra el primer nivel asistencial en la región y del que no se libra la provincia segoviana, tal y como han venido alertando los distintos presidentes del Colegio Oficial de Médicos de Segovia en los últimos años.

Por su parte, la Consejería de Sanidad defiende su propuesta y la sustenta en la excepcionalidad de la situación, como ocurrió durante la pandemia. Ese es el motivo que esgrimen los responsables políticos a la hora de argumentar la contratación en Castilla y León de 235 médicos sin la especialidad y buscar para ello otro centenar que cubra la asistencia de zonas de difícil cobertura, sobre todo rurales.

Recientemente, tanto el Consejo Autonómico de Médicos de Castilla y León como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (Cesm), cuyas presidencias están ocupadas por la misma persona, José Luis Díaz Villarig, han expresado su oposición a la medida del Ejecutivo regional; mientras el titular autonómico de la gestión sanitaria, Alejandro Vázquez, defendía la «legalidad».