Segovia

«Lucharemos con todos los recursos legales» para que Navacerrada no cierre

De declaraciones recogidas por Europa Press, el responsable regional ha manifestado este viernes que detrás del conflicto generado por la decisión de no renovar la concesión hay «un ataque político» por parte del Ejecutivo español contra Castilla y León. También ha expresado su disconformidad con la sentencia conocida 24 horas antes y ha señalado que en el Gobierno del Partido Popular que preside Alfonso Fernández Mañueco no comparten que el fallo del Tribunal Superior de Justicia «tenga que decir qué es lo que tenemos que hacer» con respecto a la estación situada entre la provincia de Segovia y la Comunidad de Madrid.

El consejero defiende que Navacerrada es «una estación absolutamente popular», con noventa años de historia y de la que disfrutan tanto los vecinos procedentes de la vertiente madrileña como los visitantes que acuden de otros puntos de Castilla y León. Suárez-Quiñones apostilla que «no es la típica estación elitista de clases altas».

En clave política, la Consejería de Medio Ambiente alega que el organismo autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, «ha buscado el cierre» de la estación de Navacerrada cuando «hay más de treinta zonas de pistas de esquí existentes en España».

En su argumentación, los responsables autonómicos insisten en que el Gobierno español ha adoptado la decisión de desmontar la estación «sin causa medioambiental ni social que lo justifique, ya que durante la vida de la concesión y con la estación de esquí en funcionamiento han existido figuras de protección y se han aprobado instrumentos normativos de gestión, que además no existían en el momento de otorgar la concesión en 1996».

Poco después de hacer estas manifestaciones, a primera hora de la tarde de este viernes, la Junta ha oficializado su posición en un comunicado en el que confirma que va a recurrir en casación al Tribunal Supremo. Ante todo, este movimiento de ficha va a permitir que la estación de esquí permanezca abierta hasta que haya una resolución en firme. Solo falta la nieve para que los amantes de los deportes de invierno suban al puerto serrano y se deslicen por las tres pistas -El Bosque, El Telégrafo y El Escaparate- que están en el punto de mira del Ministerio que dirige la también vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera. Y es que, en lo que va de temporada, la estación únicamente ha abierto dos días, el 13 y el 14 de enero.

Según argumenta la Consejería de Medio Ambiente, el detonante del problema competencial que ahora se dirime en los tribunales surge cuando la empresa que explota la estación del Puerto de Navacerrada solicitó al organismo Parques Nacionales la renovación de la concesión. Llevaba 25 años gestionando las instalaciones. A su vez, la dirección pidió al Ejecutivo castellano y leonés la interrupción de dicha concesión durante el mismo tiempo que se alargaron las medidas restrictivas adoptadas para combatir la expansión de la pandemia del coronavirus.

En ese momento, relatan fuentes de la Junta, el citado ente estatal, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, requirió a la Administración regional «para que fuera ella la que declarara la caducidad del título de concesión», así como para que asumiera el desmantelamiento de las instalaciones. La Junta declaró su falta de competencia para resolver las solicitudes de la empresa concesionaria y de Parques Nacionales.

Así pues, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia estima parcialmente la demanda planteada por la Abogacía del Estado y «ordena» a Castilla y León a decretar el cierre de las pistas de Navacerrada, después de rechazar las objeciones alegadas por los servicios jurídicos de la comunidad.

En su análisis, la Junta incide en que el fallo «soslaya la incongruencia en la actuación del Gobierno central». Concretamente, el Ejecutivo de Fernández Mañueco precisa que el recurso sobre el que se ha pronunciado el TSJCyL «va contra los propios actos» de la Administración General del Estado, que es la que realizó la concesión de la explotación y la que, el 3 de marzo de 2021, emitió un oficio en el comunicaba la caducidad de la explotación privada, al mismo tiempo que anunciaba la imposibilidad de una prórroga en la gestión de las pistas de Navacerrada y pedía el desmantelamiento de la estación, el perfilado de los terrenos y su idoneidad para la recuperación de la zona. Además, ponía de plazo una fecha: el 30 de octubre de 2021.

Por todo ello, la Junta de Castilla y León no entiende y discrepa de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia dictamine que es el Ejecutivo regional el que deba de asumir y encargarse de declarar la clausura y el desmontaje de la estación de esquí. «En el fallo no solo ordena a la Administración autonómica la tramitación de la solicitud, sino que ya impone el resultado de ese procedimiento al condenar a la Junta a declarar la caducidad del título concesional, con la determinación de retirada de las instalaciones y de restauración de la realidad física alterada», se quejan en el Gobierno de la comunidad.

Del mismo modo, la sentencia requiere a la Junta que se pronuncie sobre la solicitud de la empresa de interrupción temporal del cómputo del plazo de la concesión a raíz de los efectos de la pandemia.

La defensa que hace el Ejecutivo castellano y leonés es que, a lo largo del tiempo, no ha habido ninguna figura o instrumento que haya prohibido la práctica del esquí en Navacerrada, que de hecho fue declarada «plenamente compatible» con los valores naturales que protegen desde la primera declaración de Parque Natural hasta su posterior conservación amparada por el paraguas abierto por el alumbramiento del Parque Nacional de Guadarrama, además de incorporarse a la Red Natura 2000 y a la Red de Reservas de la Biosfera.

«El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de 2019, y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama de 2008 asumen la existencia» de la estación de esquí de Navacerrada, hacen hincapié en el anclaje legal de la actividad.

La Junta va más allá y asegura que en los diferentes procedimientos de información pública que tuvieron lugar en la declaración de las distintas figuras de protección, una de las mayores demandas sociales fue, precisamente, que fuese posible la compatibilidad de la estación de esquí con la gestión de las diferentes figuras de protección, lo cual fue asumido en los documentos reguladores porque, «además de la baja afección ambiental de la misma, contribuía de forma clara a que se cumpliera otro de los objetivos de estas figuras de conservación, como es el equilibrio entre la preservación y el desarrollo sostenible de los entornos de estos lugares protegidos».