Ecologistas recurre en Madrid la renovación de la ocupación de Navacerrada

El consejero matizaba que las tres pistas afectadas por la sentencia están en la parte segoviana, siendo patrimonio del Estado. Así, dejaba la pelota en el tejado del Ejecutivo central. «Nosotros vamos a continuar trabajando por esa concesión en el puerto, pero puede ser muy limitada si al final el Gobierno de España no autoriza la concesión en el otro lado», incidió.

Ecologistas en Acción ha recurrido en los tribunales el pliego de condiciones administrativas de la Administración madrileña para la pista de Guarramillas, la cual está al otro lado de la carretera que cruza el puerto, en territorio de la Comunidad de Madrid. «Tropieza con la legalidad», asevera la asociación. Una vez aprobado ese pliego, son los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada -propietarios del monte donde están las instalaciones y edificaciones de la estación- los que tienen que dar luz verde a los requisitos jurídico-económicos.

Ecologistas recuerda que la ocupación de Guarramillas caducó en febrero de 2019. La actividad ha continuado, «a pesar de no contar con título habilitante, sin devolver los terrenos públicos ocupados y sin pagar canon alguno». Para la asociación, la Administración no posee ni los terrenos ni las instalaciones, así que no puede someterlos a pública concurrencia. «La renovación de la ocupación al mismo titular está expresamente prohibida por la Ley de Montes», esgrime el colectivo. «Los remontes, las pistas de esquí, las edificaciones, nunca se han sometido a evaluación ambiental, que ahora sería obligatoria», añade.

Ecologistas señala que la nueva concesión multiplica por seis la superficie de ocupación, pero reduce el precio del metro cuadrado de monte. En 2004, el espacio por el que se extendía era de 8.839,25 metros cuadrados y el canon se fijó en 11.844,59 euros anuales. El nuevo pliego amplía el área a 54.195 metros cuadrados y sitúa el canon en 32.017,45 euros. Es decir, en 2004 se valoró el metro cuadrado de monte a 1,34 euros, y veinte años después, el precio se ha reducido a 0,59 euros. Esta disminución «perjudica al interés general».