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La mortandad en la red provincial de residencias de ancianos y personas con discapacidad no da respiro. La Administración regional ha confirmado el fallecimiento de otras veintiuna personas, cuatro más en la jornada anterior. La negra lista de víctimas mortales en este tipo de centros acumula ya 247 nombres y apellidos, según las cifras frías de las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Sanidad. Con este incremento del lunes la provincia no se apea de la cabeza de los territorios donde la pandemia del coronavirus está siendo más letal para estas entidades sociosanitarias, tanto públicas como privadas.
El ritmo de víctimas con síntomas compatibles a los de la enfermedad pero que perecen sin saber a ciencia cierta si han sido contagiadas por no haberse hecho la prueba de Covid-19 crece más y más y más rápido que la cifra de fallecidos en residencias que sí dieron positivo en el test. En la última jornada, siete muertes con la prueba que verificaba el contagio y catorce sin ella.
Además, de los datos de la Junta también se extrae un aumento sustancial de los casos confirmados en usuarios de estos centros, que pasan en 24 horas de 203 a 263. Los aislados con cuadros sintomáticos sospechosos apenas varían (400 frente a los 410 de la jornada precedente); y también experimentan una notable subida los residentes en aislamiento que, a pesar de no sufrir ningún síntoma, han podido estar en contacto con alguien contagiado. Este colectivo pasa en un día de 582 a 624.
En medio de este drama asistencial y sanitario que asola a los centros , ayer se conmemoraba el Día Internacional de la Salud. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia publicaba un comunicado en el que, entre otras cuestiones, se quejaba de «la situación de precariedad» en la que se encuentran las residencias de personas mayores. La 'marea blanca' los achaca a la «falta de profesionales sanitarios y cuidadores, a las penosas condiciones de trabajo y la limitación de recursos». Sus representantes consideran que este panorama es fruto de la «conversión» de estas instituciones «en negocios al servicio de la cuenta de resultados de multinacionales y fondos buitre».
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia propone un «cambio del modelo» en la gestión de las entidades sociosanitarias orientado a incrementar la titularidad pública de este tipo de centros asistenciales y a dotarles de «una regulación adecuada y de profesionales suficientes», expresa el comunicado. Lo contrario, aseguran sus miembros, sería «una burla a nuestros mayores».
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