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El consejo de gobierno de la Junta de Castilla y León ha declarado de emergencia la contratación de las obras de reforma y mejora de ... la eficiencia energética de los grupos de viviendas de promoción pública 'La Fresneda' y 'El Mayorazgo', situadas en el barrio de Nueva Segovia. La necesidad del contrato obedece –según informa la Administración autonómica– a la suspensión de las obras por la empresa adjudicataria, lo que provocó una situación de «precariedad» en las viviendas y en las condiciones de habitabilidad para sus ocupantes.
Las obras para finalizar la reforma y mejora de la eficiencia energética en los grupos de viviendas 'La Fresneda' y 'El Mayorazgo' se han adjudicado en 595.555 euros y 739.367 euros, respectivamente. En ambos casos consisten en la terminación, derribo y nueva ejecución de las cubiertas de los seis bloques que forman cada una de las promociones para impedir las filtraciones a las 64 viviendas situadas entre las calles Baltasar Gracián y las plazas Azorín y Valle Inclán del barrio de Nueva Segovia.
El pasado abril, la dirección facultativa emitió un informe en el que comunicaba la precariedad de las obras y la persistencia de la situación de grave peligro por cortocircuitos por la humedad en techos y el deterioro de mobiliario, entre otros. Las declaraciones de emergencia han venido justificadas por el retraso sufrido durante la ejecución de las obras por parte del adjudicatario, que obligó a la resolución de los tres contratos.
La pasada primavera, la Administración autonómica resolvió el contrato que mantenía con la empresa encargada de ejecutar las obras en un total de doce bloques de viviendas repartidas entre 'La Fresneda' y 'El Mayorazgo'. Durante las semanas previas, y ante los retrasos en el desarrollo de los trabajos, la Junta de Castilla y León argumentó que la demora se debía al proceso de absorción de la empresa adjudicataria del contrato.
Licitadas en noviembre de 2021 por un presupuesto de casi 3,5 millones de euros en total, las obras comenzaron en septiembre de 2022 aunque pronto comenzaron a sucederse los problemas. De hecho, varias empresas segovianas del sector de la construcción denunciaron durante los últimos meses los impagos de la adjudicataria del contrato por trabajos realizados en la obra como el montaje de andamios o el alquiler de grúas. Las deudas oscilaban entre los 3.000 y los 300.000 euros.
Pero no solo alertaban de impagos. Empresas del sector también criticaban las condiciones en las que se ejecutaban los trabajos, con irregularidades como la ausencia de contenedores de escombro o el acopio de material fuera de su recinto vallado.
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