La asociación de constructores critica impagos de empresas contratadas por la Junta

«Esto que ha sucedido es un caso puntual, aunque es una mecánica que ya conocemos y un problema gordo que nos preocupa», refiere el gerente de la Apic, Carlos Antona. El representante de los constructores insiste en que los casos de impago en los últimos meses se elevan a seis por parte de una empresa contratada por la Junta, que actúa como promotora, y que trabaja con negocios proveedores o suministradores de la provincia.

«Por desgracia, es el pan de cada día», lamenta, ya que asegura que este perjuicio, en algunas ocasiones, también ha llegado de la mano de otras administraciones públicas y ha repercutido incluso en empresas de otras provincias de Castilla y León. La Apic ha trasladado a la Junta las facturas que la constructora en cuestión no ha pagado, aunque no descartan que haya alguna más. Su objetivo es «hacer presión» para que la adjudicataria pague o, de otro modo, que la administración realice las gestiones oportunas.

Una de las obras afectadas por estas deudas es la de promoción de viviendas sociales en Nueva Segovia. Precisamente, la administración autonómica ha resuelto recientemente el contrato que mantenía vigente con la empresa encargada de reformar el grupo de viviendas 'El Mayorazgo' y 'La Fresneda'. En concreto, se trata de 'CHR Europa Gestión y Construcción S.L.' y el motivo alegado es el incumplimiento de la obligación principal ante la ejecución «anormalmente lenta» de las obras.

Los constructores insisten en el perjuicio que supone esta práctica para los negocios de la provincia, lo que «redunda» de forma directa en la población. Ante ello, solicitan que, una vez adjudicadas las obras, se realice un seguimiento voluntario para controlar si las empresas están pagando a los proveedores. «Sería bueno que no solo se pidiese estar al corriente del pago de Hacienda y Seguridad Social, sino también tener en cuenta si han dejado deudas a subcontratistas», explica la junta directiva en un comunicado.

La Apic percibe «muy poco esmero» por parte de las administraciones a la hora de realizar una vigilancia sobre el cumplimiento de los contratos. Recuerda que, en estos casos, el dinero «es de todos». La patronal de la construcción pretende evitar que las adjudicatarias empiecen a pagar con meses de retraso, vayan a concursos de acreedores y esto conlleve a la quiebra. «Lo que sucede es que en vez de terminar la obra en un año, tardan seis», argumenta su gerente, y ejemplifica con el nuevo edificio de juzgados.

Antona advierte de que una empresa con deudas «puede ir mañana a otro concurso de otra obra y obtener la adjudicación». En la mayoría de las ocasiones esta situación acontece cuando se presenta una oferta muy baja a un concurso y finalmente no se ajusta a las condiciones por la subida de los costes. Además, explica que la mayoría de la repercusión alcanza a los proveedores segovianos, ya que los negocios son seleccionados habitualmente en el origen en un intento de reducir gastos.